“Perla foxiana: para los trabajos de mi cargo en la
presidencia nunca me faltó la negligencia”: Jorge Saldaña
- Hartazgo ciudadano
- Urge reconstruir Estado de Derecho
- Malestar social por incompetencia
- Incomprensibles errores judiciales
Agosto 7, 2015.- La ya inocultable corrupción del actual gobierno; la extorsión que impregna la vida cotidiana de los mexicanos que resienten la nefasta práctica de la mordida y el soborno, sumados a la inseguridad generada por la actividad impune del crimen organizado, hacen indispensable la reconstrucción del Estado de Derecho en México. No se ha resuelto la crisis de violencia en el país; hay un malestar social generalizado; persisten las condiciones de pobreza, de empleo precario y de marginación en amplias regiones del territorio nacional. La aprobación y la implementación de las reformas estructurales introducen al país en el entorno globalizador internacional, donde la competencia es feroz y se arruina a naciones enteras, pero sin un Estado de Derecho y un gobierno limpio poco o nada cambiará para la población mexicana.
La administración actual federal enfrenta serios riesgos de gobernabilidad por el creciente malestar social que no ha sido atendido. Prevalece la corrupción en las entrañas de la burocracia federal, no hay un Estado de Derecho e impera la impunidad, y los errores en el ámbito de la gobernabilidad y la administración y procuración de justicia se acumulan. No hay avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos”. La actuación de las autoridades federales hace sospechar complicidad con los autores de dicha desaparición..
Los escándalos de corrupción en los que están involucrados desde el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, hasta funcionarios de primer nivel como Luis Videgary Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se siguen acumulando. Los conflictos de interés en el que incurren funcionarios al beneficiar con su actuación a empresas privadas de su propiedad o que forman parte de su capital accionario, se siguen acumulando y saliendo a la luz pública sin que pase nada. Sólo se queda en el escándalo mediático, y tal vez en el cese de algunos funcionarios de mediano desempeño pero nada más, lo que ha aumentado el malestar de la población.
Enrique Peña Nieto ha demostrado ser un presidente que se siente más a gusto fuera del país, por ejemplo ante la nobleza europea, rodeado de pompa y protocolo, que enfrentando eficientemente la crisis de derechos humanos o de seguridad nacional que resiente su administración. Las investigaciones sobre la desaparición y posible crimen de los estudiantes de Ayotzinapa han topado con la cerrazón del gobierno federal que encabeza. La guerra contra las drogas sigue el mismo esquema que fijó el gobierno de Felipe Calderón y cosecha los mismos resultados. Un diagnóstico de la Procuraduría General de la República (PGR) publicado este viernes por un diario capitalino da cuenta de que, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa, que encabeza el fugado Joaquín “el chapo” Guzmán Loera, reforzó su presencia en localidades del país durante el último año, pese a que en ese periodo su líder estuvo preso en el penal de El Altiplano.
El asesinato de miles de ciudadanos como efecto de la guerra contra las drogas sigue sin disminuir en intensidad. Las agresiones a periodistas se acumulan y los cadáveres de los comunicadores también. Pese a los escándalos, las investigaciones o no se realizan o no avanzan. Los órganos de administración y procuración de justicia del país se han exhibido ineficientes e incompetentes para resolver estos crímenes. Peña Nieto no ha cumplido su promesa de abordar el problema del narcotráfico en el país desde un punto de vista menos militarista. Mantiene y acrecienta la presencia de soldados y marinos en las calles. No se le ve intención de regresarlos a los cuarteles, pese a sus promesas de campaña.
Soldados, marinos y policías federales se encuentran dispersos en todo el territorio nacional, a pesar de las denuncias de que cometen violaciones a derechos humanos en su labor cumpliendo la instrucción de “abatir” a la delincuencia en caliente, lo que ha sido denunciado por grupos de derechos humanos en todo el mundo, como Amnistía Internacional y por activistas nacionales, quien ponen en riesgo su vida con estas acusaciones.
Lo que es peor, en México las probabilidades de que las generaciones presentes y futuras tengan acceso a mejores condiciones de bienestar y desarrollo que las precedentes son escalas o nulas. Las expectativas de vida son menores para los jóvenes que las que tuvieron sus padres, madres y abuelos. Las personas que nacen en un cierto estatus socioeconómico es difícil que se muevan de él, tanto de forma ascendente, como de forma descendente. En nuestro país no se reconoce ni recompensa el esfuerzo y talento de su jóvenes. Las oportunidades de escalar en la estructura social son mucho menores que, por ejemplo, en los países escandinavos.
HARTAZGO CIUDADANO
Una postal frecuente en la Ciudad de México es observar el Palacio de Covián, sede de las instalaciones de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interna del país, cercada por vallas metálicas y resguardada por cientos de policías federales, que enfrentan a manifestantes e inconformes de diversos sectores de la sociedad que exigen el cumplimiento de un sinnúmero de demandas sociales. Lo mismo ocurre con otras dependencias del gobierno federal, incluida la residencia oficial de Los Pinos, que permanece cercada por la policía federal y la policía militar y a la que no es posible acceder a sus cercanías, sin ser interceptado por el personal de seguridad federal.
La cerrazón del gobierno y el reforzamiento de la seguridad de sus instalaciones es la respuesta de la administración federal a la inconformidad y el malestar social de la población. Este viernes, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación tocó el turno de manifestarse y protestar a los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes en las calles de Abraham González esquina Lucerna, colocaron una lona, tiendas de campaña, sillas y mesas donde preparaban alimentos. También colocaron mantas en las que se lee: “UNTA Movimiento Urbano en contra del Presupuesto Base 0, Deuda Pública y la caída del petróleo. Peña Nieto ya no endeudes más al país”.
Además, cinco meses han pasado y continúa el plantón de diversas organizaciones campesinas en Bucarelí esquina Morelos. En la Secretaría de Gobernación no han podido darles respuesta a sus demandas, como sucedió con el magisterio disidente. Por los plantones y diversos cierres vehiculares, las calles aledañas al Palacio de Covián se han vuelto un laberinto para los automovilistas, pues los vehículos deben rodear diversas calles.
El malestar ciudadano no sólo se manifiesta en la capital del país, también en el interior de la República. En el estado de Chiapas, pobladores inconformes con el retraso de la construcción de obras viales en Teopisca obligaron a dos funcionarios municipales a caminar descalzos. Julio César Díaz Moreno, síndico del Ayuntamiento, y Javier Alberto Morales, director de Obras, quienes fueron retenidos la noche del jueves, fueron obligados a quitarse los zapatos y caminar entre calles en construcción y lodo.
Los habitantes de la cabecera municipal tomaron la Alcaldía para exigirle al alcalde de extracción priísta Guadalupe Esquivel García, la conclusión de las obras que se realizan en la localidad. También bloquearon la carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán de Domínguez, que comunica a la frontera con Guatemala. Asimismo, mantienen retenida a la secretaría particular del alcalde, Guadalupe Zúñiga, y a un ingeniero de la constructora responsable de las obras.
En Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condicionó el regreso a clases a la instalación de una mesa de negociación con el gobernador Gabino Cué. Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la CNTE, advirtió que el inicio del ciclo escolar dependerá de las respuestas que den los gobiernos federal y estatal a su pliego petitorio que entregaron en mayo pasado. Aseguró que “tampoco se descarta un paro nacional, no se descarta una huelga nacional, estamos en proceso de fortalecer los contingentes de 26 estados”.
También en Michoacán se viven momentos de tensión pero por diferentes causas. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, del municipio de Buenavista Tomatlán, policías destruyeron una barricada instalada por Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa, como medida de protección ante un posible ataque de la gente de Luis Antonio Torres, “el americano”. Elementos de la Fuerza Ciudadana que arribaron a esa tenencia de la Tierra Caliente retiraron la muralla que se había colocado frente a la vivienda de Mora Chávez.
La vigilancia en la zona se reforzó ante la visita del gobernador de Michoacán, Salvador Jara, por los municipios de Apatzingán y Parácuaro, por lo que prevalece la tensión en la región. Los anteriores son sólo algunos ejemplos del malestar social y el hartazgo ciudadano ante la incompetencia de sus autoridades.
DE LOS PASILLOS
Daniel Pacheco Gutiérrez fue consignado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como presunto responsable del asesinato de cuatro mujeres (la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, la empleada doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés y la colombiana Mile Virginia Martín) y del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril, crimen cometido el pasado 31 de julio. Acusado de los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla, el sospechoso fue internado en el Reclusorio Preventivo Oriente, a disposición del juez en turno. Aún falta por detener a dos delincuentes más que participaron en estos hechos…
La mañana de este viernes, Oscar Álvaro Montes de Oca fue liberado. El egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México fue acusado injustamente de pretender introducir a México 20 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. La Procuraduría General de la República desistió de su acusación, luego de que se comprobara, con base en videograbaciones de la compañía Avianca, que el joven abordó el vuelo que lo traería de Argentina a México con una maleta diferente a la que le imputaban, pues se descubrió que el equipaje fue cambiado en alguna de las dos escalas que hizo la nave antes de llegar a territorio mexicano.
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