La semana que termina tuvo lugar la evaluación de los maestros del estado de Guerrero, en el marco de un proceso caracterizado por amenazas y barruntos de violencia por parte de Aurelio, el Niño Nuño, quien por su talante represor, más que el sucesor de Justo Sierra y José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública parece el encargado de Seguridad Pública, Gobernación o algún cuerpo de policía.
La negativa de un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero a resolver el examen, debido a que —adujeron— no había computadoras suficientes (desconectaron las que funcionaban) provocó la ira de Nuño, quien acusó de sabotaje a los inconformes y amenazó con despedirlos y encarcelarlos.
Al parecer, Nuño sometió a los maestros a la vieja disyuntiva mafiosa: plata o plomo. A quienes se avinieron a participar en el examen, les correspondió un trato refinado y, en muchos casos, incluso se les dio un alojamiento de lujo. A los se opusieron o tuvieron el atrevimiento de no obedecer, los amenazó con el despido y la cárcel.
Hasta ahora, el gerente encargado de la Educación Pública ha impuesto a sangre y fuego la sagrada encomienda de sus patrones —el FMI, la OCDE y las “buenas conciencias” nacionales— de acabar con cualquier barrunto de insubordinación sindical en el gremio del magisterio. Al encarcelamiento de la dirigente de la SNTE, Elba Esther Gordillo, ocurrido al inicio del peñismo, Nuño sumó la persecución y reclusión de los líderes de la CNTE oaxaqueña en penales de alta seguridad.
Con golpes de mano como estos, el bisoño encargado de la Educación Pública pretende afianzar el poder, antes que impulsar la llamada reforma educativa, cuyos verdaderos alcances, empezando por el diseño de planes y programas de estudio, definición y adecuación del método pedagógico, apenas se están definiendo.
Cuidado con lo que deseas
Como ha ocurrido históricamente en el País, si el Niño Nuño goza del favor de su jefe el Presidente, bien puede imponer su poder al gremio magisterial. Sin embargo, no estará en condiciones de ejercerlo, y deberá concederlo a un dirigente sindical que, seguramente, encarnarán el poder omnímodo que significa el cacicazgo del gremio, como lo hicieron en su momento Jesús Robles Martínez (1949 – 1972), Carlos Jonguitud Barrios (1972 – 1989) y Elba Esther Gordillo (1989 – 2012).
Así pues, el novel secretario de Educación deberá evaluar si tiene los tamaños para manipular a personajes tan poderosos, y si está dispuesto a correr el riesgo de que el nuevo líder magisterial se convierta en un nuevo Frankenstein.
Vale la pena recordar que quien controla a este gremio, con más de un millón de afiliados, es capaz de inclinar la balanza en una elección municipal, estatal e incluso presidencial, tal como quedó de manifiesto con los panistas Fox y Calderón, que se aliaron con la lideresa del SNTE en contra del PRI… y llegaron a la silla. De los resultados, mejor no hablar.
¿Quién los evalúa a ellos
Sin duda, la única autoridad verdadera es la autoridad moral. Por ello, y en el ánimo de predicar con el ejemplo, en la actual coyuntura Nuño debería someterse, por voluntad propia, a una evaluación como secretario de Educación. Si los resultados demuestran que está capacitado, sin duda ello le conferiría mucho mayor ascendiente entre los maestros que los amagos y amenazas a que ha recurrido hasta ahora.
Esta sana práctica debería extenderse a todos los altos funcionarios del gobierno, incluidos Enrique Peña Nieto y sus principales alfiles: Osorio Chong, Videgaray y Meade, quienes, en el mejor de los casos, ante las notas negativas que podemos anticipar obtendrían de tal evaluación, deberían recibir capacitación, y de persistir sus fallas, renunciar con dignidad.
De hecho, en el caso de los políticos la única evaluación que importa es la de los ciudadanos a los que deberían servir con eficacia y eficiencia.
A propósito de este tema, cabe apuntar que los más recientes sondeos realizados a la ciudadanía señalan que apenas uno de cada tres mexicanos aprueba la gestión de Peña Nieto y que casi dos de cada tres están en desacuerdo. Llama poderosamente la atención que exista esta percepción si, como pregona el actual régimen, se han generado millones de empleos, la inflación está en su nivel mínimo y las reformas estructurales propician que el barco marche viento en popa, a toda vela.
Llaman poderosamente la atención, por lo bajas que son, estas cifras de desaprobación, especialmente si se las compara con las otorgadas a sus antecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón, que seguramente están entre los presidentes más impopulares hacia mediados de sus sexenios.
Habrá seguramente quien diga que encuestas y sondeos de percepción no necesariamente reflejan la eficiencia de un aparato burocrático. Sin embargo, cabe apuntar que cuando las cosas marchan medianamente bien, la popularidad de los gobernantes recibe la aprobación generalizada de la gente, que incluso es capaz de perdonar desviaciones y promesas incumplidas.
Al igual que se pretende hacerlo con los maestros, a los catedráticos universitarios y a muchos otros profesionales se les evalúa como condición para mantener su plaza. Lo mismo habría que hacer con Peña y los integrantes de su grupo, empezando por el secretario de Educación, cuyas credenciales son a todas luces insuficientes para demostrar que está a la altura del cargo actual y mucho menos del que ha ambicionado casi desde siempre.
