Por Aurelio Contreras Moreno
No le falta razón ni exagera la diputada federal de Morena por Coatzacoalcos, Rocío Nahle, al afirmar que Veracruz está en estado de emergencia debido a la inseguridad y violencia desbordadas.
Aun cuando la Fiscalía General del Estado insiste en su versión de que fueron únicamente tres los cuerpos humanos encontrados en una barranca ubicada a menos de 15 minutos de las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, donde acostumbra despachar el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, diversos medios de comunicación coincidieron en señalar que el número de personas asesinadas que se localizaron en ese paraje asciende a más de una docena e incluso existe una versión, atribuida a la diputada local del PRI Minerva Salcedo, de que serían hasta 22 los cadáveres hallados.
Lo que sí es incontrovertible es que mientras al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no le cuadraban las cuentas de los muertos que le aparecen por racimo por toda la entidad, en Coatzacoalcos se perpetraba un crimen más, éste cargado de resonancia política, mal augurio de lo que puede suceder en las campañas que ni siquiera han iniciado.
Afuera de su domicilio en el antiguo Puerto México fue atacado a balazos José Gertrudis Guízar Valladares, quien falleció en el hospital a donde fue trasladado para recibir atención médica.
Como sus apellidos lo indican, se trataba del hermano del diputado federal y dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, quien no descartó un móvil político en la ejecución, pues apenas unos días antes él había manifestado su negativa rotunda a coaligarse con el PRI en los comicios locales de este año.
La noticia de este crimen escaló de inmediato a nivel nacional, pues el presidente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, demandó que la investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República, ya que no confían en las autoridades del gobierno de Veracruz.
Desmoronándose frente a nuestros ojos las instituciones del estado, el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita salió por fin a dar la cara. O bueno, eso intentó aparentar, pues convocó a una rueda de prensa a la que se dejó pasar únicamente a reporteros de medios “representativos” –cualquier cosa que el funcionario y sus empleados crean que eso signifique–, que escucharon y reprodujeron tal cual el manido discurso de la “cero tolerancia” contra los delincuentes y los “malos” policías. A lo mejor Bermúdez esperaba que llegaran únicamente reporteros de la fuente de sociales, en la que tanto le gusta aparecer.
Puesta en evidencia la nulidad de las autoridades estatales para hacer frente al crimen y salvaguardar la integridad de los veracruzanos, tanto organismos civiles como partidos de oposición demandaron por enésima ocasión la remoción del secretario de Seguridad Pública, lo cual no sucederá, pues como ya lo dijo una vez el gobernador Javier Duarte de Ochoa, primero se va él que Arturo Bermúdez.
Ojalá que al menos nos explique el mandatario o alguno de sus voceros oficiosos, de todas las cosas mal hechas durante su sexenio que siguen brotando como los cadáveres de las fosas clandestinas, cuántas nos quedan buenas de las cien que tan orgulloso presumía hace unos días.
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