Lilia Arellano
“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede Inducirlos a hacer justicia”: Bertolt Brecht
● 4T protege y premia a sus corruptos
● Irresponsablemente, AMLO abre frente con Joe Biden al no reconocerlo
● Corruptos de casa son encubiertos; mandan la caballería contra Rosario
● Superdelegados denunciados por irregularidades, van por gubernaturas
● Alianza Federalista pide a diputados resarcirles $182 mil 937.55 millones
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2020.- Definida la elección presidencial de Estados Unidos, con Joe Biden como mandatario electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador abre irresponsablemente otro frente en su contra al no reconocer el triunfo del demócrata. Para nadie es un secreto su apoyo, obediencia y sumisión a Donald Trump, pero no debe esperar a que lleguen las presiones por parte de Washington en materia laboral, medio ambiental y energética, recomiendan los especialistas. México no tiene ninguna necesidad de confrontarse con la nueva administración estadounidense y debe centrarse en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en aspectos estratégicos como el laboral en la industria automotriz. Al interior del país, es claro no existe brújula en la conducción de la administración federal frente a las crisis económica, sanitaria y de seguridad pública. La pandemia por coronavirus provocó ya la muerte de más de 100 mil personas y el contagio de más de un millón, estimulada por la estrategia seguida de “inmunidad de rebaño”, la cual, señalan los expertos internacionales, jamás se alcanzará.
En el terreno político y jurídico, es claro que el combate a la corrupción es enfocado sólo contra los adversarios; los amigos, los de casa, gozan de total impunidad. Los ejemplos abunda y el último es el de Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), acusado de peculado y falsear información para visitar a su familia en Hong Kong con cargo al erario. El Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia dijo no haber encontrado elementos suficientes para demostrar de forma probable, la comisión de alguna conducta que implique responsabilidad administrativa por parte de Seade. La titular de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC de la SRE, Laura Patricia Vivaldo Pérez, reportó: “no se encontraron elementos suficientes que demostrarán, de forma probable, la comisión de alguna conducta de la que se advierta responsabilidad administrativa”. Así, al igual que en los casos de Manuel Bartlett, de su hijo; del hermano del presidente, Pío López Obrador, de los superdelegados denunciados por utilizar los programas sociales para proselitismo electoral, y muchos otros más, son blindados contra la ley y protegidos por el régimen de la auto denominada Cuarta Transformación, cuya bandera anti-corrupción está ya hecha girones.
Combatir la corrupción se enfoca sólo contra los adversarios o “enemigos” de López Obrador, como Rosario Robles. En la Cámara de Diputados, Morena empujó para que la Sección Instructora de San Lázaro enviara al Senado de la República el acuerdo por el que solicita dar el trámite correspondiente a la acusación de juicio político del expediente SI/LXIV/JP/01/2019, relacionado con el caso de la denominada “Estafa Maestra”, de la que fue cabeza Rosario Robles Berlanga. El acuerdo fue remitido a la colegisladora una vez que en el Senado no se ha integrado la Sección de Enjuiciamiento, encargada de seguir con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual la Mesa Directiva no le ha turnado el expediente. Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, informó que tomaron este acuerdo porque, por disposición legal, solo se cuenta con el mes de noviembre para dictar sentencia en el Senado, lo que significa que el asunto ya adquirió carácter de urgente.
Al mismo tiempo, avanzan las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en contra de los principales cómplices de Robles Berlanga: Emilia Zebadúa y Ramón Sosamontes. Durante su gestión como funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Zebadúa y Sosamontes se beneficiaron con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, por lo que ambos fueron denunciados. De acuerdo con la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX70001220/2019, la Seido y la UIF identificaron un esquema elaborado por servidores públicos del gobierno federal a través del cual se fondearon cuentas de personas físicas sin razón aparente; en tal sentido, se conoció que Emilio Zebadúa fue beneficiado con recursos de manera indebida. Zebadúa fue apoderado en dos cuentas concentradoras de Sedatu, mediante las cuales se fondearon inversiones e personas físicas con al menos 16 millones 385 mil 899 pesos.
Se descubrió que Emilio Zabadúa y sus hermanos José y Lourdes “erogaron recursos que ascienden a aproximadamente 142 millones de pesos por concepto de tarjetas de crédito y gastos en casinos, lo cual sale de su perfil transaccional, por lo que se infiere que tales cantidades de activos pudieran provenir de actos de corrupción”, realizados en Sedesol y Sedatu. Asimismo, se reveló que Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina de Rosario Robles Berlanga, al mismo tiempo era socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, y a esa compañía el gobierno federal le adjudicó contratos cuando la ahora ex secretaria de Estado estuvo al frente de ambas dependencias. Las auditorias detectaron depósitos por 76 millones 926 mil 68 pesos y retiros por 137 millones 708 mil 832 pesos, además de 470 mil 865 pesos, y ante esas circunstancias se presentó la denuncia a la UIF y la Seido desahogó la carpeta de investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ya se judicializó el expediente contra los involucrados.
A los adversarios aplicación irrestricta de la ley; a los amigos gracia y recompensas.
CORRUPTOS VAN POR GUBERNATURAS
Sobre los 32 superdelegados de López Obrador se ciernen denuncias por un amplio espectro de delitos y faltas, desde nepotismo, negligencia, desvío de recursos y peculado, y hasta abuso sexual. A tan sólo dos años de su nombramiento, diez superdelegados han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el uso indebido de los programas sociales bajo su cargo, específicamente por utilizarlos para hacer propaganda electoral a su favor. A la fecha, ocho superdelegados han presentado su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones de 2021: Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur; Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Indira Vizcaíno, en Colima; Pablo Almicar Sandoval –hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval-, en Guerrero; Hugo Flores, en Morelos; Manuel Peraza, en Nayarit; Gilberto Herrera, en Querétaro; y Lorena Cuellar, en Tlaxcala.
Juan Carlos Loera e Indira Vizcaíno forman parte del grupo de funcionarios investigados por la SFP por el uso irregular de programas sociales. Las acusaciones en contra de Juan Carlos Loera son por nepotismo; señalan que encubrió a dos colaboradores suyos que designaron a sus esposas en puestos directivos del Hospital del ISSSTE y del Programa de Estancias Infantiles. Además, su hermano se volvió director de área de la Secretaría de Educación Pública del estado y, su sobrina, secretaria particular de la subsecretaría cuando él se volvió superdelegado.
A Indira Vizcaíno se le ha acusado de peculado y abuso de atribuciones. Cuando fungía como alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, incurrió en un daño al erario público por 100 millones de pesos por un presunto fraude relacionado con el predio Altozano, que está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal. Fue denunciada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por engañar a los beneficiarios de programas sociales con fines electorales. También es señalada por haber intervenido en la elección de distintos funcionarios públicos, abusando de su autoridad. Colima es el estado con mayor cantidad de denuncias ante la SFP, sin embargo, la Secretaría no ha impuesto ninguna sanción a la superdelegada.
Al no presentar la información completa de sus propiedades, Manuel Peraza (Nayarit) tuvo irregularidades en su declaración patrimonial. El superdelegado no incluyó el valor de sus inmuebles, ni su ubicación; ocultó el saldo de sus cuentas bancarias, lo que dificulta conocer si durante su gestión aumentó su patrimonio de manera irregular. Actualmente existen impedimentos constitucionales para que sea electo gobernador, pues su acta de nacimiento indica que nació en Jalisco y no en Nayarit; además, no cumple con los cinco años de residencia efectiva en el estado, pues su cambio de residencia se registró hasta 2018.
El hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, Pablo Amilcar Sandoval, fue denunciado por irregularidades sobre la acumulación de propiedades inmobiliarias. En su declaración patrimonial ocultó una finca en Acapulco. Además, funcionarios locales acusaron al superdelegado de utilizar recursos de los programas sociales con fines políticos y electorales. En reiteradas ocasiones, se ha reprochado a la titular de la SFP omitir las investigaciones y sanciones correspondientes al caso de su hermano. Él no está incluido en el grupo de diez superdelegados investigados por realizar propaganda electoral, aunque evidente y abiertamente lo ha hecho. A finales de octubre, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinó que Pablo Amilcar no incurrió en ninguna infracción, ni cometió actos anticipados de campaña ni de promoción del voto.
Lorena Cuellar buscará por segunda vez la gubernatura de Tlaxcala. En 2016 perdió. Algunos medios la señalan por intimidación y nepotismo, pero no existen denuncias formales. Lo mismo sucede con los superdelegados Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Hugo Flores (Morelos) y Gilberto Herrera (Querétaro).
La Secretaría de la Función Pública ha recibido más de 100 denuncias contra los superdelegados, pero sólo ocho de ellas han avanzado a proceso de responsabilidades; 25 fueron desestimadas por falta de elementos, y ninguna ha generado sanción. Los superdelegados abusan de su posición para incrementar su poder, facilitan la intromisión de la Presidencia en decisiones locales, han debilitado la imagen de los gobernadores y, finalmente, buscarán ganar las elecciones de 2021.
DE LOS PASILLOS
Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista pidieron a la Cámara de Diputados el resarcimiento de 182 mil 937.55 millones de pesos que les fueron reducidos a las entidades en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; y de Coahuila, Miguel Riquelme, se reunieron con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el morenista Erasmo González, a quien entregaron la propuesta “Estrategia de Resarcimiento Presupuestario”. El documento propone el resarcimiento de los casi de 183 mil millones de pesos a través del uso de 86 mil 546 millones de pesos, el 47.31% del total, para el etiquetado de programas con presupuesto federalizado como garantía para su ejecución en entidades y municipios por 60 mil 715.80 millones de pesos; el incremento de presupuesto a distintos programas de Convenios y del Fondo Regional, Metropolitano y Accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad, correspondiente al Ramo 23, respetando el monto asignado en el PEF 2020, que asci8ende a 16 mil 772.20 millones de pesos, y el incremento del presupuesto a proyectos de inversión federalizables bajo cargo de la SCT, subsanando la pérdida de estos recursos para el 2021 por 9 mil 58 millones de pesos. Del 52.69 por ciento del total, es decir, 96 mil 391.53 millones de pesos, también sugieren la distribución del monto bajo los principios redistributivos (poblacional) y compensatorio (aportación al PIB nacional)…
Al menos 11 de los 15 gobernadores que dejarán su cargo en 2021 incrementaron la deuda pública de su estado, como Nuevo León, Sonora y Nayarit, que lideran con aumentos mayores a 20 por ciento. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, a este top 3 le siguen Colima, con un incremento de 18.1 por ciento de su deuda; Baja California, con 14.6 por ciento; y San Luis Potosí, con 10.3 por ciento. También, Guerrero, con 7.2 por ciento; Michoacán, con 5.9 por ciento; y Chihuahua, con 4.7 por ciento.
Asimismo, Campeche y Zacatecas, que entre 2015 y 2020 subieron sólo 1.9 y 1 por ciento, respectivamente. Tlaxcala no mostró variación en ese rubro. La mitad de los gobiernos estatales concluye y la deuda de corto plazo suma casi 29 mil mdp…
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