Lilia Arellano
“Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística”: Jorge Luis Borges
● 4T y Morena: tras la rentabilidad electoral
● Predominan programas sin reglas de operación y evaluación
● Mentiras y promesas de Durazo ante los senadores de Morena
● AMLO declina opinar en caso Aguayo; “es un pleito de Reforma”
Ciudad de México, 29 de enero de 2020.- Ningún integrante del actual gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha precisado qué significa la “Cuarta Transformación”. El término es utilizado por el titular del Ejecutivo Federal sólo de manera retórica, sin más explicaciones. Su definición viene al caso pues nadie sabe en qué consiste, cuál es su proyecto de Nación, hacia dónde encaminará al país. En el partido oficial, Morena, tampoco nadie sabe qué es o cómo funciona u opera para el régimen lopezobradorista. Están sólo concentrados en la retención del poder alcanzado en las elecciones de julio de 2018 y les causa pánico perder posiciones en los comicios federales de 2021. Por eso todos los esfuerzos y programas gubernamentales se concentran en aquellos que les reditúe rentabilidad electoral y les permita ganar elecciones. Lo demás… es lo de menos.
Así se explica el gobierno federal otorgue subsidios este año a distintos grupos poblacionales en 53 programas los cuales no tienen la obligación de tener reglas de operación por 409 mil 479 millones de pesos, es decir, un incremento de 5.3 por ciento frente a lo aprobado el año pasado, de acuerdo a las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Dentro de esos programas se encuentran los más presumidos por AMLO: Instituto de Salud para el Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro –a los cuales hasta adoctrinamiento religioso se les da-, Medicamentos Gratuitos y Subsidios para la seguridad pública. No hay frialdad mayor que la numérica, y ésta nos revela un gasto mensual permanente de más de $66 mil millones para comprar simpatizantes y votos. Eso hace quien encabeza la 4T al entregarle a cerca de 14 millones de mexicanos en la Tercer Edad, a 3 millones de “ninis”, un millón de madres solteras y 15 millones de estudiantes, un promedio de 2 mil pesos cada 30 días. INE y partidos gastan mucho, ¿verdad?
En contraste, los subsidios para 50 programas que están sujetos a reglas de operación tienen un presupuesto de 234 mil 173 millones de pesos, es decir, una caída de 14.9 por ciento en términos reales frente a lo aprobado en 2019. De esta forma, los subsidios en programas que no están obligados a tener reglas de operación representan el 63.6 por ciento del total de recursos que se otorgarán directamente a los sectores privado, social y/o entidades federativas y municipios. El año pasado, dicha proporción fue de 58.1 por ciento. En una entrevista con el diario Excélsior, Mariana Campos, directora de Gasto Público de México, manifestó su preocupación pues programas prioritarios y con alto presupuesto no están obligados a tener reglas de operación, pues la ventaja de estas reglas es que “promueven la rendición de cuentas para que los programas sean evaluados y auditados, subrayan el trato justo y sin privilegios para los beneficiarios, favorecen la eficacia de los programas, además de que permiten que se puedan generar ahorros en operación, sin que se sacrifiquen metas”.
Por el contrario, cuando un programa no tiene reglas de operación, “generalmente hay lineamientos, pero esto claramente son inferiores a las reglas. Hice un análisis y mientras en las reglas se establecen criterios en cuanto a difusión de los programas, contraloría social, padrón de beneficiarios, sistemas de información, y blindaje electoral, en los lineamientos sólo se expresan generalidades y buenas intenciones para la operación de los programas”, dijo la analista. El impacto de la falta de reglas de operación se reflejó en el inicio del Insabi, destacó Campos al manifestar su preocupación de que a programas del ramo 23 le aumentaran su presupuesto cuando sus controles son inferiores a los del resto de secretarías.
MENTIRAS Y PROMESAS DE ALFONSO DURAZO
Durante su participación en la IV Reunión Plenaria de los senadores de Morena, junto con las fracciones del PT, PES y PVEM, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mintió abiertamente y sólo promesas dejo a los legisladores al señalar será en diciembre próximo cuando se presenten los resultados de la reversión de la inseguridad y violencia en el país.
El funcionario sostuvo a partir de diciembre de 2018, al asumir la responsabilidad el actual gobierno, se rompió la tendencia creciente de la violencia en el país, lo cual es absolutamente falso. Durante diciembre de 2018 y durante todo el 2019 se volvieron romper los récords de los índices delictivos y de violencia, particularmente los homicidios dolosos, las ejecuciones y los asesinatos. Durazo argumenta existen alzas y bajas en los meses del primer año, pero lo cierto es el acumulado supera los 34 mil homicidios y supera los registrados en el último año de gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Durazo se llevo su presentación entre promesas: “… la tendencia es primeramente la estabilización y control de la tendencia de crecimiento para luego lograr su reversión, meta que nos proponemos cumplir en el transcurso del año, y habremos de presentar resultados a más tardar el primero de diciembre que se cumplen dos años de nuestro gobierno”.
En el contexto de violencia resentido en el país, es inexplicable por qué la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana entregó menos recursos a las entidades sumidas en la inseguridad a causa de los grupos criminales, como Guanajuato, Baja California, Sonora y Chihuahua. A Guanajuato, una de los estados más violentos, sólo se le asignaron 419 millones 657 mil 751 pesos del subsidio del Fortalecimiento del desempeño de Seguridad Pública en 2019 y 2020; es decir, 194 millones de pesos menos en dos años del Fortaseg. El caso extremo es el de Villagrán, municipio sede del Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual se dedica principalmente a sustraer de manera ilegal combustibles de los ductos de Pemex, pues no recibió un solo peso de la Federación para fortalecer y capacitar a sus policías en 2019 y 2020.
Para Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo, un proyecto social ciudadano para la paz en México, es un crimen quitar recursos a estados tan complicados como Guanajuato, Baja California y Sonora. El activista destaca el gobierno de López Obrador está centralizando las decisiones y recursos y minimiza el apoyo financiero a estados y municipios, lo cual traerá repercusiones negativas para la seguridad de los ciudadanos de esas demarcaciones.
Damián Zepeda, senador panista de Sonora, criticó al gobierno federal pues no está respaldando a las policías municipales de su entidad, las cuales han tenido un recorte de los subsidios para su capacitación y construcción de infraestructura. “Ya le toca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumir su responsabilidad al no disminuir la violencia, porque 2019 fue el año más violento en la historia del país”, aseguró y cuestionó la Guardia Nacional esté siendo usada para frenar la migración hacia Estados Unidos, en lugar de concentrarse en brindar seguridad.
EN CASO AGUAYO, AMLO CALLA
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó dar su opinión en torno al caso de la demanda de Humberto Moreira contra el periodista Sergio Aguayo por daño moral, y afirmó éste es un pleito de Reforma contra el ex mandatario de Coahuila, la diputada federal Tatiana Clouthier sostuvo se debilita la democracia, la libertad de expresión y al propio Poder Judicial con la autorización de un juez civil de la Ciudad de México para embargar propiedades del también académico si no paga voluntariamente 10 millones de pesos al ex dirigente nacional priísta.
AMLO señaló: “Este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias de Moreira, un pleito frontal del periódico Reforma con Moreira, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN presentó una denuncia en la PGR acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos (…) Sergio Aguayo tiene todo el derecho de expresarse, hay que garantizar la libertad y el tribunal de la CDMX lo condena a pagar el daño (…) ¿Qué opino de esto? Pues es otra autoridad y no me puedo meter en esto, estoy seguro de que pueden existir otras instancias”.
Pero para la diputada federal Tatiana Clouthier, ”esta circunstancia no solamente debilita a la democracia, debilita a la libertad de expresión y también debilita al Poder Judicial˝. La legisladora sostuvo no existe daño moral hacia el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sino al contrario. Durante una visita a Saltillo, aseguró: “no creo que el señor Moreira tenga daño moral, creo que el daño moral él se lo hizo, y no solamente moral, al pueblo de México”.
Al presentar la charla “Transparencia en la Era 4T, en el Campus Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, Clouthier señaló: “Uno de los ámbitos que ha sido hasta hoy uno de los más difíciles de abrirse (a la transparencia), ha sido el Poder Judicial, y no en vano tenemos hoy una circunstancia tan triste como la que estamos padeciendo con la noticia que hoy amanece el país, de que Sergio Aguayo requiere juntar y pagar 10 millones de pesos, por haber puesto en un escrito que un ex gobernador aquí, de ustedes, que tenía un tufo a corrupción”.
Organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional solicitaron se indague por conflicto de interés a jueces y magistrados que impusieron condena de 10 millones de pesos a Sergio Aguayo y luego instruyeron el embargo de sus bienes. Ana Cristina Ruelas y Tania Reneaum, directoras de esas organizaciones, respectivamente, consideraron los juzgadores favorecieron a Moreira para callar a Sergio Aguayo. “Lo que tendría que suceder ahorita es que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México investigue un posible conflicto de interés y la tendenciosidad que existe dentro de las resoluciones del tribunal, a efectos de que ese tribunal se excuse de conocer el caso de Sergio Aguayo y se asigne el caso a otro tribunal que tenga posibilidad de hacer”, señaló Ruelas.
A su vez, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, urgió a las autoridades de la Ciudad de México y federales a terminar con el acoso judicial al académico y articulista Sergio Aguayo. Al referirse a la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, indicó: “Estas resoluciones representan no sólo un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico, sino que vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana e inhiben la labor de las y los periodistas que vigilan y cuestionan el ejercicio del poder político lo cual es un pilar fundamental de la democracia.
DE LOS PASILLOS
El miércoles, el presidente Donald Trump firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el nuevo pacto regional para remplazar al TLCAN, anticipando un “futuro glorioso” para la industria estadounidense. En un mensaje desde la Casa Blanca, agradeció a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por el apoyo al acuerdo comercial. Para el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, “la etapa de incertidumbre para nuestra economía va concluyendo. Una vez el parlamento canadiense lo apruebe iniciará nueva etapa para los tres países”, escribió en su cuenta de Twitter. El lunes, el gobierno de Canadá inició el proceso de ratificación del acuerdo e instó a los legisladores de la oposición a aprobarlo lo más rápido posible…
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, como coordinador de un nuevo gabinete de fomento a inversiones y crecimiento económico, el cual tiene como propósito “facilitar las condiciones para que los empresarios inviertan y se acelere la economía del país”. Desde febrero del año pasado, Romo coordina el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el cual tiene como fin impulsar las inversiones y dialogar con el sector empresarial. En el nuevo gabinete participarán las secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Trabajo y Medio Ambiente, entre otras.
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