José Luis Parra
La última radiografía del sexenio no la tomó la oposición ni la prensa crítica. La practicó la propia Auditoría Superior de la Federación. Y el diagnóstico, aunque aún “por aclarar”, no es menor: 65 mil millones de pesos en observaciones correspondientes a 2024.
Sesenta y cinco mil millones no son error de dedo. Son una señal.
El auditor David Colmenares presumió 2,264 auditorías, la cifra más alta en la historia del órgano fiscalizador. Más auditorías, sí. Más hallazgos, también. Menos denuncias, según la oposición. Cada quien presume lo que le conviene.
Lo cierto es que el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no termina entre aplausos sino entre signos de interrogación.
Montos “por aclarar”
Conviene subrayarlo: no se trata todavía de desfalcos comprobados, sino de recursos sin documentación suficiente al momento del corte. Pero en política —y más en México— lo que no se aclara, se sospecha.
En la Cuenta Pública 2024, el propio Gobierno federal tiene 673 millones de pesos pendientes de justificar. Ahí aparecen el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina, Gobernación y hasta el INE.
En el Consejo, 272 millones sin destino claro en servicios tan básicos como comedor, seguridad y tecnologías de la información. Noventa y dos millones pagados a una empresa de impresión sin registro electrónico de copias. Un detalle menor, dirán algunos. Peccata minuta digital.
En Marina, más de 100 millones en obras pagadas que, al momento de la revisión, simplemente no estaban ejecutadas. Obras fantasmas en instalaciones navales. Y en tiempos de militarización creciente, el dato no es anecdótico.
Pemex, el viejo barril sin fondo
En Desarrollo Económico, la cifra por aclarar ronda los 3,700 millones. Y como era de esperarse, la mayor concentración está en Pemex.
Mil setecientos millones bajo la lupa. Mil doscientos en el campo Quesqui, en Tabasco, por supuestos trabajos de perforación no comprobados. Siempre Tabasco. Siempre el petróleo. Siempre la épica energética… y la contabilidad creativa.
Infraestructura y Transportes suma otros 1,200 millones en diversos proyectos a lo largo del país. Y en Desarrollo Social aparecen más de 1,400 millones en salud, educación y medio ambiente.
El bienestar también tiene facturas pendientes.
El momento político
El informe llega justo cuando está por definirse el relevo en la Auditoría Superior. Podría ser la última entrega de Colmenares. Y en la Cámara de Diputados ya se afilan los cuchillos —o se guardan, según convenga— para elegir a su sucesor.
Aquí la pregunta no es técnica, es política: ¿habrá continuidad en el estilo de fiscalización o vendrá un auditor con mayor filo?
La oposición acusa cercanía con Morena. Morena presume institucionalidad. Mientras tanto, los entes observados tienen un mes para presentar documentos y cuatro más para que la ASF dictamine.
El calendario corre. Y la memoria política es corta.
La herencia incómoda
El obradorismo se va —formalmente— con la narrativa de combate a la corrupción como estandarte moral. Pero el último año deja esta cifra flotando en el aire: 65 mil millones “por aclarar”.
No es sentencia. Tampoco absolución.
Es un expediente abierto.
Y si algo ha enseñado la historia política mexicana es que los expedientes pueden dormir años… hasta que alguien decide despertarlos.
La próxima administración recibirá no solo programas sociales, obras emblemáticas y reformas estructurales. También recibirá carpetas con signos de interrogación.
Y en política, los signos de interrogación suelen convertirse en signos de presión.
La pregunta final es simple y brutal:
¿Se aclararán los montos… o se archivarán junto con el sexenio?
Porque la transparencia no se presume.
Se demuestra.
Y los 65 mil millones siguen esperando.
