“No es un buen gobernante quien es
mal mentiroso”: Jorge Saldaña
- Guerrero, narcoestado
- Ultra defensa de la “verdad histórica”
- Líneas de investigación abandonadas
- Caso Ayotzinapa aún no está cerrado
- Crimen de lesa humanidad es evadido
- Peña Nieto se reunirá con familiares
Septiembre 7, 2015.- Lo que a todas luces y más por razones de complicidad a todos los niveles ha tratado de ocultarse en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, es la importancia que tiene Guerrero en el mundo del narco, en la producción de amapola y heroína que acarrea miles de millones de dólares y que tiene ubicado a nivel mundial a ese Estado con una importancia mayor a la que actualmente tiene Afganistán. Desde la protección a las zonas de siembra como a los lugares de procesamiento, al transporte, traslado, comercialización, han conformado un todo que está a punto de correr ese gran telón con el que durante décadas se ha pretendido ocultar una actividad en la que están involucradas todas las autoridades.
Especialistas en el ramo entregaron su informe sobre este caso derrumbando una “verdad histórica” que presentó un procurador “cansado” y cuyo texto no despertó ninguna confianza, ni entre los asistentes a la presentación de todo un video con más interrogantes que respuestas, ni a la opinión pública. Mucho menos convenció a los padres de estos jóvenes quienes serán recordados, de abrirse en verdad una investigación, como quienes instalaron un parteaguas no solo en la procuración de justicia en el país, sino en la aplicación de la política y en el devenir de sus exponentes quienes, hasta hoy, permanecen protegidos por una impunidad que, desgraciadamente, les proporcionan nuestras leyes, las aprobadas por diputados de las dos últimas Legislaturas.
Gran extrañeza causó que no se citaran los nombres de quienes en primera instancia aparecían como involucrados de manera directa en esta que bien pudo ser una masacre –no es considerada como tal hasta en tanto no aparezcan los cadáveres o se tengan las pruebas de que realmente fueron incinerados-. No parece que tuviera importancia el nombre del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ni de su hermano a quien ya logró sacar de un penal de alta seguridad para trasladarlo a un reclusorio en donde pueda tener todo tipo de satisfactores, de los que hagan su estancia más placentera. Tampoco la que fuera considerada la “pareja maligna”, el alcalde de Iguala y su esposa, aparecen con argumentos que den fuerza a su detención por presunta participación.
Todo parece indicar que el gobierno de la República no tiene voluntad política para aclarar lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El presidente Enrique Peña Nieto admitió ya que se equivocó su gobierno al haber subestimado el caso hace casi un año. Aunque el titular del Ejecutivo federal instruyó a las dependencias de su gobierno a tomar en cuenta los elementos aportados por el grupo de especialistas independientes sobre la desaparición de los jóvenes normalistas en Iguala y analizar cada una de las recomendaciones formuladas por éstos, la Procuraduría General de la República (PGR) corroboró este lunes la versión oficial sobre la incineración de los estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014, en el basurero de Cocula, Guerrero.
A pesar de que Peña Nieto ha sostenido que “México seguirá sumando esfuerzos a favor del Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos”, su gobierno ha eludido enfocar el caso y la investigación como un delito de desaparición forzada, catalogado como un crimen de lesa humanidad de la mayor relevancia, lo que obligaría a las autoridades mexicanas a que sigan con la búsqueda de los 43 jóvenes, y ha insistido en defender la versión oficial, conocida como “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), presentada en enero, y que concluye que los estudiantes fueron asesinados y quemados. En el trabajo de las autoridades federales se han exhibido un gran número de inconsistencias, falencias, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.
De acuerdo con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “verdad histórica” de la PGR carece de fundamento, por lo que tienen que abrirse a nuevas propuestas parta analizar el tema. Por ello, se deben abrir nuevas líneas de investigación, ampliar las ya existentes, tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras. Hay que resaltar que se ha demostrado que en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar. En diferentes roles participaron en la agresión como perpetradores u observadores policías municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías federales, soldados del 27 Batallón de Infantería, policía militar y militares de servicios de inteligencia.
A pesar de que el presidente de la República dio indicaciones a las dependencias del gobierno federal para que analicen cada una de las recomendaciones que los del GIEI han presentado hasta hoy, más que aclarar el caso, se evidencia la intención de la actual gestión federal de ocultar lo que realmente ocurrió con los normalistas y defender el cuento del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que se vendió como la “verdad histórica”, a pesar de que el grupo de expertos de la CIDH sostiene que no hay evidencia científica para asegurar que los restos de los estudiantes fueron incinerados en Cocula, contiguo a Iguala. Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, insistió este lunes en que “lo tenemos todo sustentado; los peritajes realizados por expertos de la PGR son contundentes y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fueron quedamos un gran número de personas en la noche del 26 de septiembre”.
El gobierno federal no ha mostrado voluntad para aclarar las dudas y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas a lo largo de seis meses de estudios, indagatorias y diversos peritajes y que presentó su informe final sobre la investigación que las autoridades federales hicieron del crimen, este fin de semana. Dicho grupo, como es de conocimiento público, está conformado por los abogados colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, el médico español Carlos Beristaín, la abogada guatemalteca Claudia Paz y el abogado chileno Francisco Cox.
Este grupo ha exhibido no sólo las equivocaciones sino sobre todo la intención del gobierno federal de cerrar el caso, las omisiones de las autoridades investigadoras, los errores en la indagatoria, el ocultamiento y destrucción de pruebas, que han llevado a descartar la hipótesis inicial manejada por la gestión de Peña Nieta sobre el particular, que fue sustentada por el exprocurador Jesús Murillo Karam. En sus periódicos reportes del avance de su trabajo, los expertos presentaron observaciones sobre el trabajo de los investigadores que los dejan muy mal parados y exhiben la falta de voluntad política porque se esclarezcan los hechos, como si la verdad afectará las instituciones del país, o mejor dicho a los titulares de las mismas.
Para empezar el GIEI destacó su preocupación por la pérdida de pruebas en el caso. En específico, personal del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, indicó a la CIDH que existían videos tomados desde el edificio, en los que podía observarse la detención de “entre 10 y 16” estudiantes por parte de la policía municipal en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El GIEI solicitó a la PGR esos registros, pero la respuesta fue que fueron destruidos.
Una gran omisión de la investigación se centró en la ropa de algunos de los jóvenes atacados y después desaparecidos. De acuerdo con el expediente, se recogió y guardó ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses, que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México. Pero esas evidencias no eran conocidas por los familiares, ni sus representes y tampoco existía un registro específico, ni procesamiento de la misma. Este hecho fue calificado como “grave” por el GIEI, dada la importancia que tiene para la investigación.
La ropa fue guardada en “malas condiciones” y presentaba “deterioro”, por lo que los especialistas solicitaron a la PGR tomar muestras genéticas de la ropa y resguardar de forma adecuada la misma, para que pudiera ser identificada por los familiares de los jóvenes. Se resaltó que en el 12 por ciento de sus peticiones de datos sobre el caso al gobierno mexicano no se pudo acceder a la información, porque no existió o no se resguardo adecuadamente; el 13 por ciento de las demandas fueron cumplidas parcialmente y en 27% quedaron pendientes de ser atendidas; 48% de sus solicitudes fueron resueltas en su totalidad.
Tampoco se tienen reportes de que se haya avanzado en las investigaciones sobre las presuntas “coacciones” que han recibido los familiares de los 43 estudiantes, durante los meses de labores para tratar de ubicar con vida a sus hijos. EL GIEI ha pedido proteger la seguridad y la dignidad de los familiares y exhortó a quienes hayan incurrido en esta revictimización a evitarla y se aclaren los hechos. El Grupo solicitó como parte de la investigación una ampliación de las imágenes satelitales del basurero de Cocula, donde según la PGR murieron los normalistas, y una búsqueda en otras fosas utilizando tecnología láser.
Así muchas peticiones y recomendaciones no se tienen reportes de que hayan sido atendidas, lo que arroja más oscuridad sobre el caso. Se desconoce si este pueda ser aclarado en lo que resta de la actual administración federal, a pesar de que se ha mostrado públicamente voluntad para tal efecto. Urge un diagnóstico que permita comprender, corregir y, en su caso, sancionar desempeños tan erráticos como insatisfactorios como los presentados por la PGR en manos de Murillo Karma.
OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Una línea de investigación no explorada y expuesta por el GIEI que explicaría la naturaleza del ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tiene que ver con la utilización de autobuses de transporte público para trasegar pasta de heroína desde Iguala al mercado estadounidense. Los investigadores de la CIDH expusieron la hipótesis de que la agresión contra los jóvenes que tomaron los cinco camiones para una actividad social estuvo dirigida “a no dejar salir los autobuses de Iguala” a cualquier costo.
El grupo de expertos independientes adelantaron la hipótesis de que uno de los autobuses tomados por los jóvenes normalistas fue excluido de la investigación criminal, aunque fue atacado de igual forma como los dos camiones Estrella de Oro y los dos Costa Line. Todos los estudiantes que viajaban en ese vehículo y los de uno de los Estrella de Oro son los que fueron llevados por las policías en patrullas y hasta la fecha están desaparecidos.
A la Procuraduría General de la República le corresponde investigar esta hipótesis. En contra de lo asegurado por el ex procurador Murillo Karam, “la investigación sigue abierta”, dijo Peña Nieto en Puebla. Pero el hecho irrefutable es que los asesinatos cometidos en esa fecha siguen impunes y la desaparición forzada de 43 normalistas sigue sin ser esclarecida a casi un año de los hechos. Todo parece indicar que en este como en mucho otros casos, no habrá procuración de justicia efectiva, veraz y expedita.
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó reunirse con los padres de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. En dicha reunión también estarán presentes el grupo de expertos del GIEI de la CIDH. En Puebla, el titular del Ejecutivo declaró: “quiero que sepan que tengo total disposición para reunirme nuevamente con los padres, una vez que estén presentes todos los integrantes del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. A su vez, el gobierno de Guerrero sostuvo que cumplirá con las recomendaciones del Grupo sobre este caso y mantendrá su relación con los familiares de los normalistas, según Arturo Martínez Núñez, secretario de Cultura del gobierno de dicha entidad.
Eso sí, habrá que notar que la Procuradora ya cambió de estilo de peinado, se estiró el rosto, bajó de peso y está lista para posar en todas las cámaras, aunque no sean las de Televisa. Lo demás, parece señalar con su nueva apariencia, es lo de menos.
DE LOS PASILLOS
En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRD anunció que promoverá un juicio político contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por haber falseado la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. Francisco Martínez Neri, coordinador de esa bancada, dijo que el informe del GIEI de la CIDH, que consigna como imposible que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, demuestra que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue un engaño.
La juez 25 penal del Reclusorio Preventivo Oriente, dictó auto de formal prisión contra el ex policía capitalino Abraham Torres Tranquilino, ya que se presume que es responsable del homicidio de cuatro mujeres y del fotoreportero de la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril, crimen cometido en un departamento de la colonia Narvarte el 31 de julio pasado. Se le acusa de los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado, robo agravado en pandilla y robo agravado de automóvil.
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