En sus primeros años, buena parte de los niños son remilgosos para comer. Una de sus tácticas más recurrentes es diseminar el alimento en el plato, con la esperanza de que la mamá les “perdone” lo que queda.
Esta táctica es muy similar a la que emplea el gobierno mexicano ante crímenes que tienen todo el empaque de haber sido cometidos por el Estado, como los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, o más recientemente las desapariciones o ejecuciones de periodistas, por no hablar de los delitos electorales y de casos como las narcofosas de migrantes asesinados en Tamaulipas o el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo.
El “librito” —que guía la actuación tanto de priistas como de panistas y perredistas— dice que el funcionario hasta quien llegue la responsabilidad, incluido el Presidente, debe manifestar verbalmente su pésame y solidaridad, prometer ayuda de todo tipo a los deudos —por supuesto, esto generalmente queda sólo en promesas—, ofrecer que se investigarán a fondo los lamentables sucesos —cualesquiera que éstos sean—y que se actuará “con todo el peso de la ley, caiga quien caiga y tope hasta donde tope” para esclarecer lo ocurrido y castigar a los culpables.
Si hacemos memoria, la única seguridad cuando se crea una comisión o una fiscalía especial para solucionar estos casos es que no se alcanzará una solución creíble ni bien sustentada. A lo más, se encontrarán uno o más chivos expiatorios, se elaborará una historia que habrá de repetirse hasta la náusea y el asunto terminará por enterrase junto con los cadáveres encontrados.
A un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sus padres y familiares se entrevistaron por segunda vez con Enrique Peña Nieto para exigirle que se esclarezca cuál fue el destino de sus hijos, la verdad simple y llana sobre lo que ocurrió aquella noche del 24 de septiembre y el paradero de este grupo de muchachos.
Como suele ocurrir en estos casos, la comunicación oficial sobre el encuentro fue sometida a numerosos filtros y se dosificó con el mayor cuidado a los medios, en especial a los que se perfilan como voceros alternos del Gobierno o aquellos en los que tienen cabida los corifeos del peñismo.
La lectura del comunicado oficial estuvo a cargo del vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, quien no hizo sino reiterar los “mensajes clave” que nos han venido repitiendo desde hace un año. La investigación sigue, no habrá carpetazo; se llegará a fondo, caiga quien caiga; el primer interesado en esclarecer los hechos es el Presidente de la República.
Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre llegaron a la reunión con Peña Nieto con un pliego petitorio de ocho puntos, en los que se enfatiza la necesidad de que participen instancias internacionales en la investigación y que se cree una unidad dedicada exclusivamente a la investigación y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, lo que recibieron fueron evasivas, la reiteración de la “verdad oficial” sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y el ofrecimiento de crear una fiscalía especial para investigar el paradero de los desaparecidos en todo el país.
Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos hace un año piden una unidad que se dedique exclusivamente a investigar este caso. Sin embargo, y pese a que, como es sabido, comisiones y fiscalías especiales jamás han rendido buenas cuentas ni han justificado su existencia, el gobierno no es capaz siquiera de conceder esta petición, a sabiendas de que en nada lo compromete a final de cuentas. Al parecer, la falta de sensibilidad, la torpeza y la cortedad de miras seguirán siendo los rasgos característicos de este régimen.
Sin duda, lo ocurrido en Iguala hace un año jamás habrá de saberse con exactitud. Sin embargo, todo apunta a que se trató de un crimen de Estado, que contó con la participación o al menos la complicidad de policías municipales, federales y elementos de las fuerzas armadas, quienes actuaban por cuenta propia o como testaferros de miembros del crimen organizado, que hace tiempo sentó sus reales en Guerrero para consolidar a ese estado como el principal proveedor de heroína para el mayor mercado del mundo: el estadounidense.
Por lo pronto, sólo están en prisión el alcalde de Iguala y su mujer, mientras que al entonces gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero no se le ha molestado ni con el pétalo de un citatorio a declarar y ya se ha señalado a un matarife apodado el Gil como el autor material del asesinato y eliminación de los 43 estudiantes, algo que, más allá de la maldad y la sangre fría que implicaría, desafía toda lógica.
Mientras tanto, lo único que parece preocupar al régimen es el “qué dirán” dentro del ámbito internacional. Por eso se explica que se siga dando largas a los padres de los 43, que se ofrezca investigar y que, en suma, se siga dando largas al asunto, mientras se apuesta a que el tiempo terminará por sanar las heridas, al menos hasta que surja otro caso capaz de conmover a la opinión pública y de movilizar a algún sector de la sociedad.
