“Las malas democracia, ya de por sí, son
una especie de dictadura”: Jorge Saldaña
- Errática política interna
- Ayotzinapa, el epicentro del escándalo
- Organización social contra el gobierno
- Peligrosa crisis de derechos humanos
- Osorio Chong, en el “ojo del huracán”
Septiembre 28, 2015.- Hoy inicia el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la comparecencia del responsable de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ante el pleno del Senado y, al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se reparten el pastel de las Comisiones sabedores de que para quienes las integren habrá ingresos extras que serán cargados a diversas partidas de un presupuesto que no ha buscado ajustarse a la crisis económica actual. El PRI ha iniciado su ronda de negociaciones cediendo a los aliados posiciones aunque deja para sí las que considera las que dan definición a la segunda etapa del gobierno del mexiquense: Programación y Hacienda.
En su aparición de este día tal vez el ex gobernador de Hidalgo concrete algunas explicaciones del por qué su jefe ha logrado unificar al país, en su contra. Dos hechos concretos confirman esta tesis. Por un lado, Peña Nieto tiene el porcentaje más bajo de aprobación de los últimos tres sexenios y está entre los 5 peores mandatarios de América Latina, de acuerdo con el Latinobarómetro, y sólo el 35 por ciento de los mexicanos aprueba su administración, lo que lo coloca por debajo de las gestiones de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox.
Otro hecho es que se le salió de las manos el caso Ayotzinapa mismo que ha generado un gran escándalo internacional y no pocas movilizaciones masivas a nivel nacional. Los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos hace un año, provocaron que organizaciones internacionales independientes como Amnistía Internacional, u oficiales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y hasta la Organización de Naciones Unidas, exijan a México, al mexiquense, no dar carpetazo al caso, una investigación imparcial y hacer todo lo que esté a su alcance para conocer que sucedió con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, capturados por policías municipales de Iguala y entregados a sicarios del cártel “Guerreros Unidos”.
Al interior del país, la herida sigue abierta. El fin de semana, al cumplirse un año de la desaparición de los normalistas, la exigencia en la capital de la República y en varias ciudades de entidades del país, fue de “justicia, presentación con vida y rechazo al olvido”. Los padres de los estudiantes, acompañados por miles de ciudadanos de todas las edades y condiciones marcharon bajo la lluvia para rechazar la “verdad histórica” presentada por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y defendida por la administración de Peña Nieto.
Habrá que esperar sus respuestas en cuando a la reunión llevada a cabo el jueves anterior entre el titular del Ejecutivo federal y las familias de Ayotzinapa, en el Museo Tecnológico de la CFE, ya que ésta “terminó mal”; fue interrumpida y suspendida por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando los familiares de los estudiantes comenzaron a tomar el micrófono para dirigirse con expresiones duras al Presidente de la República, quien sin más salió del lugar protegido por escoltas del Estado Mayor Presidencial, que impidieron a las madres acercarse al mexiquense. Fue un final de ruptura de este grupo con el primer mandatario de la Nación y con el encargado de la política interna del país.
Este caso tiende a crecer ya que dos días después, representantes de los 43 normalistas desaparecidos anunciaron, en el zócalo de la Ciudad de México, la conformación del Frente Amplio para la Transformación del País, junto con diversas organizaciones sociales y gremiales, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam) y de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Entre los grupos que se unieron están también los afectados por los disturbios de Atenco en 2005, la tribu Yaqui de Sonora, así como estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los participantes destacaron que el gobierno federal le apostó al olvido de la tragedia de Iguala, sin embargo, subrayaron, la sociedad tiene latente la demanda de justicia.
ATENCION INTERNACIONAL
Al no existir resultados concretos sobre los normalistas desaparecidos, la administración de Peña Nieto carece de argumentos para responder a los reclamos internacionales. Es el caso de la respuesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del embajador de México en Londres, Diego Gómez, dio a Jeremy Gorbyn, líder laborista británico y casado con una mexicana, quien le pidió que le informara “los planes en consideración para asegurarse de que hay una investigación completa y transparente”.
El diplomático mexicano escribió a Corbyn una carta en la que le garantiza que su país trata de esclarecer la suerte de los 43 estudiantes de Iguala, en respuesta a la carta del líder laborista, en la que le expresaba su “más profunda inquietud por la situación de los derechos humanos en México, donde hay estimaciones que 25 mil personas desaparecieron desde 2006”. La respuesta carece de contundencia, pues sólo menciona la detención de 111 personas o la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los muchachos como muestra del interés en resolver este caso “que indignado y llenado de dolor a todos los mexicanos”.
Y ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Enrique Peña Nieto eludió este lunes totalmente el tema. Se concretó en hacer un llamado a acabar con el bloqueo impuesto por Estados Unidos en Cuba, además de advertir contra los nuevos populismos de izquierda y derecha. El mandatario mexicano propuso que se replantee el Consejo de Seguridad de la ONU, que se concrete un esfuerzo internacional para resolver problema de migrantes y se realice un esfuerzo compartido para el combate a las drogas.
DESAPARICIONES Y VIOLACIONES
Es precisamente la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la que se ha constituido como el centro de la crisis de legitimidad institucional de la administración de Peña Nieto, dado que en el secuestro y presunto asesinato de los estudiantes participaron funcionarios públicos (policías municipales) y que la posterior investigación de la PGR sobre lo sucedido es controvertida, toda vez que el equipo de forenses que trabaja para las familias de las víctimas ha denunciado que las pesquisas tienen inconsistencias y un comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que no hay certeza sobre el destino de los estudiantes, a pesar de que la gestión de Peña Nieto insiste en que fueron asesinados e incinerados.
Pero esto es sólo un caso, en el país, de acuerdo con los datos oficiales, hay más de 25 mil desaparecidos. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, México vive hoy un Estado de violencia generalizada que vulnera gravemente los derechos humanos de la mayoría de la población. En los últimos años las violaciones a los derechos humanos han aumentado de manera alarmante y son cometidos por todos los niveles de gobierno. A pesar de los discursos de Peña Nieto y del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, en el país prevalece la impunidad y se practican de forma sistemática la tortura, las ejecuciones y detenciones arbitrarias, ataques contra la población civil por parte de los cuerpos policíacos y de seguridad, tanto federales como estatales y municipales, así como por las Policías Federal y Judicial, el Ejército Mexicano y la Marina.
La impunidad impide la vigencia del Estado de derecho. En México hay un Estado debilitado. No hay corporaciones de seguridad confiables, no hay instituciones capaces de contener el crimen y la violencia. Los delitos cometidos contra la población por parte de las fuerzas públicas se mantienen en la impunidad. Las víctimas carecen de acceso a la justicia. Los órganos de procuración de justicia y de seguridad pública no tienen capacidad de atender la violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales.
Todo parece indicar que Peña Nieto no sólo no ha corregido el reguero dejado en la materia por la administración de Felipe Calderón, sino que sigue por la misma senda. Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para concentrar las tareas de seguridad, la declaración de que el Ejército seguirá en las calles, confirman la ruta escogida por el mexiquense que lleva a la violencia institucional.
De acuerdo con la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ericka Guevara-Rosas, el país se encuentra ante “la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”. Ese organismo ha documentado casos variados en donde las fuerzas armadas de México se involucran en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, crímenes de violencia sexual y otros crímenes contemplados por leyes internacionales y los derechos humanos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales y extranjeras, han exigido al gobierno federal que actúe de inmediato para legislar con concreción en materia de desapariciones forzadas (aquellas en las que intervienen funcionarios públicos) y torturas. Y esto es apenas el primer paso.
DE LOS PASILLOS
Una medida largamente esperada se concretó este lunes: el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó homologar la zona económica B con la A, por lo que a partir del 1 de octubre próximo, el salario mínimo general en todo el país será de 70.10 pesos diarios… Sin embargo, la medida poco contribuye a resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores…
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desocupación dejó de disminuir en agosto al afectar a 4.3 por ciento de la población económicamente activa, una proporción igual a la de julio de este año. Además, informó que la tasa de informalidad laboral, que abarca tanto a los ocupados en micronegocios no registrados, en la agricultura de subsistencia y a aquellas personas que laboran sin protección de la seguridad social, se elevó de 57.7 por ciento del total de la población ocupada en julio a 57.9 por ciento en agosto.
La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, informó que la inyección de dólares al mercado se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo. La volatilidad registrada en los mercados financieros obligó al gobierno mexicano a extender por dos meses más la inyección diaria de hasta 400 millones de dólares en el mercado cambiario nacional para apuntalar al peso y mantener suficiente liquidez para satisfacer la demanda. Desde el pasado 30 de julio que se aprobó esa medida se han subastado alrededor de 10 mil millones de dólares, aunque esa cifra se eleva a 15 mil millones en lo que va de 2015.
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