Por Aurelio Contreras Moreno
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa continúa su desbocada carrera hacia el abismo, sin que haya nadie que pueda hacer entrar en razón a ese grupo de inexpertos pero muy rapaces políticos, a quienes les quedó muy grande el desafío de gobernar a Veracruz.
Verdaderamente fuera de sí por su obsesión en contra de la familia Yunes Márquez, Javier Duarte pasó de una campaña de linchamiento mediático a la persecución judicial y política contra sus adversarios, con la ya usual manipulación de los órganos jurídicos gubernamentales para satisfacer las venganzas personales del gobernador que admira al dictador Francisco Franco.
Es de tal magnitud la andanada de todo el aparato de Estado en contra del alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, al que amagan con desaforar bajo una débil acusación, que ni para los contrincantes políticos de esta familia neopanista pasa desapercibido el hostigamiento que bien ya podría calificarse de abuso de poder por parte de Duarte de Ochoa y sus empleados.
Porque mientras en el ámbito federal la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado Miguel Ángel Yunes Linares sigue su curso normal en la Procuraduría General de la República, sin aspavientos ni estridencia, en Veracruz, la querella presentada en ese mismo sentido contra su hijo el presidente municipal boqueño ya tiene tintes de telenovela que motivarían a la risa, si no fuera porque la perversión de los instrumentos del Estado es verdaderamente grave y habla de que el grupo en el poder no tiene límite alguno.
Tan no lo tiene, que para aplacar su sed de revancha y lastimar a quienes considera contrincantes, el gobierno de Duarte no ha dudado en implicar en su guerra a quien ni la debe, como es el caso de la señora Sara Salces, una persona mayor, con problemas de salud, y cuyo único “delito” y por el que ha sido llamada a declarar, además de venderle una propiedad a los Yunes Márquez al enviudar, es ser familiar del dueño del periódico porteño Notiver, Alfonso Salces, a quien el gobierno también ve como un enemigo por su crítica línea editorial.
El que diputados federales y locales del PRI y sus satélites, así como la Fiscalía General del Estado, destinen toda su atención y su energía a intentar destruir a sus adversarios políticos, en lugar de atender los asuntos de verdadera importancia para Veracruz, revelan a un régimen decadente, ahogado en sus rencores y aterrado ante la real posibilidad de perder el poder el año que entra, lo que le significaría a sus integrantes ser llamados a cuentas por el desastre en el que tienen sumida a la entidad.
Además, si hubiera la mínima congruencia, así como denunciaron a los Yunes panistas por sus propiedades inmobiliarias, que sí, son lujosas y ostentosas y que en aras de la transparencia su origen y adquisición deben ser aclarados, los duartistas deberían hacer lo propio con los miembros de su clan que “cojean” exactamente del mismo pie.
Deberían, por ejemplo, demandar una investigación al secretario del Trabajo Gabriel Deantes o al oficial mayor de la SEV Vicente Benítez, por las impresionantes mansiones que tienen en Xalapa, que abarcan cuadras enteras y de las que se hicieron en menos de cinco años.
El mismo Javier Duarte tendría que dar una explicación satisfactoria sobre su residencia en Houston o sobre su departamento en un piso de Madrid, a donde pretende irse a residir cuando deje el gobierno estatal.
Pero no se trata de hacer justicia ni de aplicar la ley. Es pura y miserable grilla que en nada beneficia a Veracruz. Una lluvia de lodo que al final, manchará a todos.
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