Por Aurelio Contreras Moreno
Es una decisión precipitada y contradictoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el nombramiento de los consejeros que integran el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE).
Los magistrados electorales confirmaron -por unanimidad de votos y sin siquiera someter a discusión las impugnaciones presentadas, pues según el proyecto presentado por Pedro Esteban Penagos López “a ningún fin práctico conduciría su estudio”- el acuerdo INE/CG814/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del pasado 3 de septiembre, con el que se determinó la designación del Consejo General del OPLE.
Sólo que esa decisión del INE, ahora ratificada por el TEPJF, presenta graves inconsistencias que ponen en absoluta duda la imparcialidad y apego a la legalidad del órgano que fungirá como árbitro del proceso por medio del cual se renovará la gubernatura y el Congreso del Estado de Veracruz el año que entra.
La principal irregularidad es que el consejero presidente del OPLE Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla, incumplió con los requisitos de elegibilidad para poder acceder al cargo.
De acuerdo con la convocatoria para la designación de los consejeros electorales, así como con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 100, uno de los requisitos para ser consejero del OPLE es “no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos”.
José Alejandro Bonilla Bonilla no cumple con dicho requisito, pues hasta a la fecha de presentación de su solicitud de registro, el pasado 12 de mayo de 2015, se desempeñaba como director general de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Era titular de una dependencia del gabinete ampliado del gobierno estatal.
Ese mismo candado legal le valió a otro aspirante, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez -que ya había sido propuesto por la Comisión de Vinculación con los OPLEs al Consejo General del INE para ser designado consejero-, ser finalmente desechado, pues hasta semanas antes se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Xalapa.
Con Bonilla Bonilla –a cuyos defectos hay que agregar su nula experiencia en el terreno electoral- simplemente no se quiso aplicar la ley. Tanto en el INE como en el TEPJF –sabrán ellos por qué oscuros motivos- se hicieron de la “vista gorda” ante el incumplimiento flagrante de la normatividad electoral, con lo cual ponen en grave riesgo la certeza y transparencia con que el OPLE Veracruz tendría que conducir un proceso electoral que será, sin lugar a dudas, el más complicado de la historia de Veracruz.
Sobre los integrantes del OPLE Veracruz pesa, además de la sombra de los intereses políticos afines al PRI y al gobierno estatal que los condujeron a esa posición, la violación de la ley como estigma de nacimiento.
Un pecado original que marca, desde ahora, las elecciones estatales de 2016.
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