Los tentáculos del autoritarismo priista se abalanzaron sobre uno de los últimos organismos que, al menos en Veracruz, conservaba cierto grado de pluralidad y no estaba completamente entregado a los intereses del gobierno estatal: la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.
Este miércoles 14 de octubre, el Consejo General del INE determinó remover a tres consejeros de la Junta Local que no solamente han mostrado independencia respecto de los regímenes de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, sino que realizan abiertamente activismo social, defensa de derechos humanos y civiles, así como del derecho a la información y la libertad de expresión.
Daniela Griego Ceballos, Octavio Hernández Lara y Ana Lilia Ulloa fueron relevados de sus puestos como consejeros electorales bajo el argumento de que ya habían participado en tres procesos comiciales federales.
Lo cierto es que se trataba de consejeros locales “incómodos” para el gobierno estatal, lo cual fue señalado en el seno del Consejo General del INE por los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, así como por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, quienes acusaron que el objetivo de esta decisión, con nada velada dedicatoria, fue “proteger al gobernador Javier Duarte”, de quien los ahora destituidos han mostrado “distancia”.
Daniela Griego y Octavio Hernández Lara han participado en movimientos sociales en Veracruz desde hace muchos años. Actualmente, son integrantes de la Red Cívica Veracruzana (Recive), un conglomerado de organizaciones civiles que defienden derechos humanos, ambientales y animales que “pretende construir un espacio generador de cambios en el estado de Veracruz con voz crítica, teniendo como base una agenda ciudadana y legislativa que sirva como referente identitario para la ciudadanía y logre ser un fiscalizador del hacer del gobierno de estado”.
A mediados de año la Recive emitió un pronunciamiento en el que alertaba sobre el procedimiento amañado por medio del cual se llevaba a cabo la selección de los integrantes del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), advirtiendo que solamente personas ligadas al gobierno estatal o a los grupos políticos afines al régimen eran quienes estaban superando los etapas de evaluación para conformar el Consejo General del nuevo organismo estatal encargado de organizar los comicios del año entrante en la entidad.
El tiempo les dio la razón. El OPLE Veracruz terminó como un organismo a modo del gobierno, controlado desde la oficina del “operador electoral” del duartismo, el secretario del Trabajo Gabriel Deantes, para lo cual ni siquiera se molestaron en cumplir con los requisitos establecidos en la propia ley, con la complacencia (y complicidad) del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ésta y otras “afrentas”, como organizar y moderar el reciente foro sobre periodismo “Crisis de la libertad de expresión” celebrado en Xalapa, donde se hicieron fuertes críticas al gobierno de Javier Duarte por su responsabilidad en la violencia contra periodistas durante su sexenio, les habrían sido cobradas a los consejeros “rebeldes”, cuya remoción fue operada por el consejero Marco Antonio Baños, quien se ha distinguido por sus posiciones afines a los intereses del PRI en el Consejo General del INE, cuyo desprestigio crece a pasos agigantados.
Se trata ni más ni menos que de la “desciudadanización” de los órganos electorales del país, para convertirse en sórdidas “madrigueras de mapaches”.
Hasta el lunes
Para atender asuntos personales de su autor, la Rúbrica no se publicará este viernes 16 de octubre, reanudando actividad el lunes 19. A los lectores, muchas gracias.
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