Por Aurelio Contreras Moreno
Como lo adelantamos ayer en este mismo espacio, el gobernador Javier Duarte de Ochoa no asistió a la reunión que a la que fue convocado por organizaciones defensoras de derechos humanos y de apoyo a familias de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, donde estuvo presente Araceli Salcedo, la mujer que lo confrontó hace unas semanas en la ciudad de Orizaba para reclamarle la inacción de su gobierno en el caso de la desaparición de su hija, Fernanda Rubí Salcedo.
La reunión, como lo mencionamos, fue solamente con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien se habría comprometido ante las organizaciones civiles a hacer comparecer al gobernador veracruzano antes de que concluya el año, lo cual se antoja casi imposible.
Y es que ésta es una de las muchas muestras fehacientes de que al mandatario estatal le importa menos que nada la crisis de derechos humanos que se ha disparado durante su sexenio, y que involucra la desaparición de cientos de personas a lo largo del territorio estatal, una ola incontrolable de feminicidios, así como ejecuciones y agresiones de toda índole, muchas provenientes desde el propio gobierno, en contra de periodistas.
En éstos y muchos otros conflictos, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha hecho gala de indolencia, llegando al extremo de negar que existan los problemas y, cuando no le queda más remedio que aceptar su incidencia, atribuir a las víctimas la culpa de su destino.
El tema de los feminicidios es sintomático. De acuerdo con la asociación civil Equifonía, tan sólo durante 2015 se han registrado 93 asesinatos de mujeres por cuestiones de género, de los cuales ninguno ha sido esclarecido debido a las deficiencias de las investigaciones ministeriales.
Por esa razón es que durante todo el año diferentes organismos civiles demandaron a los gobiernos federal y estatal la declaratoria de una alerta de género en Veracruz, misma que fue y sigue siendo bloqueada sistemáticamente por la administración de Javier Duarte de Ochoa. El gobernador dice que no es necesaria, pues las denuncias las “atienden” las instituciones del estado.
¿Se referirá a las mismas instituciones que no han movido un dedo para dar con el paradero de Fernanda Rubí Salcedo? ¿O a las que tras de encararlo valientemente por la inoperancia gubernamental mandaron infamar a Araceli Salcedo y a su hija con libelos publicados en pasquines de cuarta?
Si hay una institución del estado que debería estar preocupada porque se diera inmediata atención al tema de las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Veracruz, ésa es el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, su presidenta, Karime Macías Tubilla, se ha desentendido de la labor social que le correspondería en ese encargo para en su lugar convertirse en “predicadora” de los “peligros” de las redes sociales para las familias “bien” del estado de Veracruz.
Su última respuesta sobre la violencia contra las mujeres y las demandas de una alerta de género para la entidad es reveladora: “es un tema que no me corresponde decidir”.
Y con eso, resumió todo el sexenio de su marido.
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