Por Aurelio Contreras Moreno
De por sí, la credibilidad del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) ya era nula, debido a la desaseada manera como fue integrado, con la incomprensible complacencia –o más bien, complicidad– del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero la información dada a conocer este miércoles por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) revela una situación profundamente grave, que pone en entredicho la legitimidad y legalidad de toda la organización del proceso electoral y, por ende, los resultados de los comicios del próximo 5 de junio, en los que se elegirá Gobernador y diputados locales en el estado.
El centro de la controversia, nuevamente, es el consejero presidente del OPLE Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla, a cuyo nombramiento se suman nuevas irregularidades que minan por completo su autoridad como árbitro de la contienda electoral.
A través de una solicitud de información, un ciudadano requirió el grado de estudios de los consejeros del OPLE, datos que no se encuentran disponibles en el portal de transparencia del instituto electoral, contrario a lo que en ese sentido respondió en un principio la Dirección de Administración del mismo.
Al resolver el expediente IVAI-REV/1538/2015/II, se dio a conocer que al requerirse esta información al órgano electoral, mediante el oficio número OPLE/DCG/068/2015, José Alejandro Bonilla Bonilla admitió que “no cuenta con estudios en materia electoral”.
El titular del organismo encargado de organizar las elecciones y contabilizar correctamente los votos en los próximos comicios estatales no tiene la menor idea de lo que implica su trabajo. No sabe de Derecho Electoral, ante lo cual habría que cuestionar si siquiera entiende los acuerdos que le dan a firmar y que presenta ante el Pleno del Consejo General del OPLE.
Esto nos lleva a remitirnos a la convocatoria del INE para integrar los OPLES, que en sus bases incluye entre los laxos requisitos para ser consejero electoral, en el numeral onceavo de la tercera cláusula, “cumplir con el perfil que acredite su idoneidad para el cargo”.
Con su reconocimiento de nula formación académica en materia electoral, Bonilla Bonilla dejó constancia pública de que no cubre “el perfil que acredite su idoneidad para el cargo”, lo cual ya se sabía desde el proceso de selección, pues en una de las etapas se realizó una valoración curricular y de conocimientos, la cual Bonilla Bonilla no acreditó, a pesar de lo cual, y quién sabe por qué oscura razón, el INE primero lo designó consejero y luego lo ratificó tras de ser impugnado.
No es la única irregularidad que existe en el nombramiento de Bonilla Bonilla. Como ya se había comentado en este mismo espacio, tampoco cumplió con el requisito de “no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas”, pues hasta mayo del año pasado todavía fungió como director general de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Era titular de una dependencia del gabinete ampliado de la administración estatal y, por tanto, inelegible como autoridad electoral.
La abierta ilegalidad con que se conduce el proceso electoral en Veracruz desde su fase inicial de organización se le puede revertir a sus perpetradores, que en su infinita soberbia aún creen que pueden hacer lo que quieran sin que haya consecuencias, incluido colocar “mapaches” improvisados en el órgano electoral a los cuales manipular con facilidad, sin importarles con ello poner en riesgo la elección misma.
Si Bonilla Bonilla tuviera una pizca de dignidad y vergüenza, ya habría renunciado.
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