Con la vieja cantaleta de que deben adoptarse “medidas dolorosas, pero necesarias”, los gerifaltes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, quienes manipulan a sus monigotes en Banco de México y la Secretaría de Hacienda, de nueva cuenta están exigiendo el recorte de las inversiones públicas y de los empleos en la burocracia.
En este sentido, mal empieza el año para quienes sacan el trabajo en las oficinas del gobierno peñista. A los llamados mandos medios y superiores les están recortando el presupuesto con el que tenían contratado al personal de tercera, que es aquel que ni cobra los salarios estratosféricos de los jefes en el organigrama burocrático, ni goza de la seguridad e inamovilidad que confieren las llamadas plazas de base. El trabajador de honorarios recibe un sueldo menor por trabajo igual, prácticamente carece de prestaciones y es “recortado” o cesado con el menor pretexto.
¿Quién hará ahora el trabajo?
A diferencia de lo que ocurrió a lo largo buena parte del priismo, durante las poco más de tres décadas de gobiernos “neoliberales” que hemos padecido, y con mayor énfasis durante la “docena trágica” (sexenios de Fox y Calderón) y lo que va del peñismo, los cabecillas de la burocracia se han dedicado a crear puestos excelentemente remunerados para colocar a recomendados y pagar favores políticos, al tiempo que mantienen dominadas a las llamadas bases sindicalizadas, a las que se paga muy poco y se exige aún menos, y se ha hecho recaer la carga más pesada en los empleados contratados por honorarios.
Claro. Por las mismas causas que ha proliferado este mezquino e inequitativo esquema de organización laboral, cuando se anuncia un recorte, se sabe que la parte más afilada de la guillotina corresponde a “los de honorarios”, quienes llegan al extremo de aceptar reducciones salariales a cambio de conservar un magro ingreso que les permita sobrevivir.
¿Hasta cuándo?
Dado que el trabajo calificado que brinda el personal contratado bajo esta modalidad es indispensable, los jefes recurren a las más retorcidas y elaboradas artimañas a fin de que sigan sacando el trabajo adelante. Desde hacer que cobren a través de contratos asignados a testaferros, cuya compensación con alguna frecuencia no llegan a ver los supuestos beneficiarios debido a la voracidad del prestanombres o del propio jefe, hasta aceptar reducciones salariales del 50 por ciento o más, e incluso trabajar con la promesa de una plaza o un contrato mejor, y al final no cobrar por ello, en el mejor de los casos con una disculpa a cambio del esfuerzo realizado y el tiempo invertido.
Sin embargo, los jefes pronto cobran conciencia de que el personal contratado bajo esta modalidad es indispensable para sacar el trabajo, por lo que empiezan a presionar a sus superiores jerárquicos hasta que logran recuperar los recursos de estas partidas para poder funcionar con mediana eficiencia.
¿Destinarán lo recortado a las nuevas secretarías?
Si la situación referida se da en secretarías con muchas décadas de funcionar más o menos con las mismas atribuciones, dependencias adscritas y estructuras aparentemente inamovibles, ¿qué pueden esperar la recientemente creada Secretaría de Cultura, sin estructura aprobada, y la resucitada Secretaría de la Función Pública?
Sin duda, lo que ha caracterizado a estos gobiernos: la indefinición, la posposición de lo aparentemente inaplazable y el gatopardismo. Una vez renegociada la asignación de recursos, se volverá a contratar a quienes hacen el trabajo, con la menor retribución posible y la amenaza constante del recorte.
Subcontratación, opción que cobra popularidad
La contratación a través de las llamadas empresas de outsourcing o tercerización es otra variable que cada día cobra más fuerza entre instituciones públicas y privadas. Se trata de compañías que brindan casi cualquier servicio con personal propio, a fin de que quienes trabajen para estas instancias no creen derechos de antigüedad o de alguna otra clase.
A final de cuentas, este esquema resulta más costoso para quien lo contrata y los que lo ofrecen pagan salarios mucho menores que los que cubrían las instituciones que contrataban directamente a estos empleados. En caso de recorte, sin embargo, es mucho más sencillo rescindir este tipo de contrato que despedir a los trabajadores e indemnizarlos conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Situación insostenible
La reducción de los salarios a través de los topes a los mínimos y la gradual desaparición de la seguridad laboral son dos de los elementos de la bomba de tiempo para un estallido social que están construyendo los empleadores de este país, quienes no parecen recordar el papel que jugaron la lucha contra la esclavitud, en Estados Unidos, y la exigencia de justicia para los trabajadores en el campo, las minas y las empresas mexicanas para hacer estallar rebeliones armadas. Aún están a tiempo de resolver este conflicto en ciernes. Sin embargo, es de temerse que prevalezca la ceguera, como ha ocurrido históricamente.
