¡Al contaminador, al contaminador!

Javier Peñalosa Castro

En lugar de ver cómo contribuye a paliar las consecuencias de la contaminación ambiental en el Valle de México, Enrique Peña Nieto y sus esbirros se dedicaron durante la semana que termina a atacar, no ya a Miguel Ángel Mancera, que ha sido el gobernante capitalino más abierto a trabajar con el Ejecutivo Federal en los últimos 20 años, sino contra los más de 20 millones de seres humanos que vivimos, trabajamos o simplemente nos desplazamos cotidianamente por esta muy noble y muy leal ciudad de México.

La vendetta, con tintes de pleito ratero, va más allá del amago de hacerse cargo de la verificación vehicular en los estados de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y la capital del País; ser ha traducido en la amenaza de cumplir los acuerdos vigentes para el uso de vertederos de desechos de la Ciudad de México que. Sobra decirlo, no sólo producen los poco más de ocho y medio millones de capitalinos, sino los más de 12 millones que circulan diariamente por sus calles.

Sorprende la temeridad de Peña y sus compinches  tanto como su flaca memoria para asumnir que buena parte del problema de la contaminación es generado por los vehículos, que hoy rondan los ocho millones en la Zona Metropolitana del Valle de México, y específicamente por la proverbial corrupción que prevalece en los Verificentros del Estado de México, donde son mucho más laxas las exigencias para obtener la calcomanía cero, que permite circular todos los días, y que ello se agravó en el sexenio de Peña y ha alcanzado grados alarmantes durante los años que lleva en el cargo su protegido Eruviel Ávila.

La mera propuesta de que el gobierno federal se haga cargo de la verificación vehicular, como anunció Peña durante el pico más alto de la contingencia, debe causar profunda desconfianza y escozor. No es difícil imaginar que esta actividad se creen nuevos consorcios tipo Higa, y que las concesiones pasen por el secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien se recordará por haber cancelado la obra del tren bala entre la ciudad de México y Querétaro, que ya había sido adjudicada, que seguirá haciendo negocio con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, como hemos anticipado aquí, difícilmente pasará de la etapa de proyecto —eso sí, sin dejar de salpicar jugosas comisiones a Peña y su camarilla—, así como hizo en su momento con la adquisición de millones de pantallas planas de televisión, que repartió el gobierno so pretexto de la digitalización de la televisión abierta, y con otras obras, no por irrelevantes menos productivas para el grupo de facinerosos que maneja a su capricho este País.

No vemos cómo harán Peña y sus secuaces para modernizar aquello que en su momento frenaron. La solución, más allá de endurecer el control de emisiones contaminantes, está en una oferta de transporte público eficiente y, como ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, fuertemente subsidiado por el gobierno. En este caso, dado que en la ciudad de México tienen su asiento los poderes de la Unión, que aquí se genera casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional, y que aquí trabajan y pasan buena parte del día más de 12 millones de habitantes de otras entidades federativas de la megalópolis, este gasto sí corresponde al gobierno federal.

Por ejemplo, es impostergable la recuperación del ferrocarril como medio de transporte, con trenes de alta velocidad que comuniquen de manera expedita a la población de los estados que forman la megalópolis, junto con otras medidas que desestimulen el uso del automóvil, tales como estacionamientos de bajo precio en estaciones del Metro o de ferrocarril suburbano, la extensión del sistema Ecobici y del Metrobús y el desarrollo de propuestas novedosas.

Definitivamente no será con balandronadas y bravatas como se resuelvan los graves que la ciudad de México, como toda urbe de sus dimensiones y complejidad, enfrenta cotidianamente.

El mismo Gerardo Ruiz Esparza, que sólo ha servido como tapadera para el despilfarro de la obra faraónica irrealizable del NAICM, bien haría en plantear proyectos de anillos perimetrales y otras vialidades que liberen a la capital del paso de lentos y pesados vehículos de carga que entorpecen cotidianamente el buen funcionamiento de la ciudad y contaminan cotidianamente.

Asimismo, debe construirse un sistema de ferrocarriles suburbanos (de preferencia eléctrico) que desestimule el uso del automóvil, y destinar fondos a la ampliación de la cobertura del Metro, tanto en la Ciudad de México, como en su extensísima zona conurbada.

En suma, tanto el gobierno federal como los de los de los estados que forman la megalópolis deben analizar los alcances de su responsabilidad y participación, más que incurrir en amenazas, amagos y bravatas que a nada llevan.

Aunque sea como pedir peras al olmo, debe apelarse a que quienes nos desgobiernan se dejen guiar, al menos en casos tan relevantes como éste, por la altura de miras; que dejen a un lado el papel de perdonavidas y que trabajen por la salud de los más de 20 millones de mexicanos que aquí vivimos.