• El objetivo: desprestigiar a la CIDH
• Le inventan un delito a Álvarez Icaza
Esto huele y no a ámbar. Amigo Sancho. Y yo te lo digo, Caballero de la Luna, esto no huele a ámbar, ciertamente. Huele a mierda, porque quién o qué es un tal Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que dirige un tal José Antonio Ortega Sánchez, para acusar de delito de fraude al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA, personaje de toda probidad dentro y fuera de México.
Ni duda cabe que el gobierno de Peña Nieto está furioso por los resultados que ha arrojado la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que ha descubierto la insensatez, la irresponsabilidad, la ligereza de los investigadores gubernamentales y de los encargados del Ministerio Público encarnado en la Procuraduría General de la República, comandada por Jesús Murillo Karam en el momento de la desaparición de los estudiantes y su verdad histórica echada por tierra por las conclusiones de los expertos de la OEA.
Habrase visto que un muy alto funcionario de la organización que aglutina a los países del América, a la que pertenece México, utilice los medios más deleznables para atacar a la organización a la que pertenece porque no le gusta que le digan las verdades que en torno a las violaciones a los derechos humanos se dan en este país en el que la dignidad humana vale una pura y dos con sal, aunque los oficiales digan que acá se respetan los derechos humanos.
La acusación en contra de Álvarez Icaza es de idiotas, de imbéciles y el que el MP la acepte es de retrasados mentales o de gente perversa. La acusación, fíjese, es por el “presunto delito de fraude” por un monto de aproximadamente 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación. Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciado penalmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Qué chingaos es este esperpento.
Con qué pruebas acusa. Qué calidad moral tiene. En realidad ¿existe? Nunca supimos de su existencia hasta ahora. Me temo que fue creada al vapor en las oficinas de Osorio Chong para tener pretextos de que el Grupo Interdisciplinario se vaya de México y deje de destapar la fétida cloaca mexicana en torno a la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas.
Ah. Y mire. En conferencia de prensa en la entrada de la Procuraduría General de la República (PGR), reportaron los periodistas, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano, dijo que el monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano entregó a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Hágame usted el rechingao favor.
Qué cosa. Tiene todo el sello oficial, gubernamental, la declaración del tal Ortega Sánchez, como si le hubieran dictado lo que tenía que declarar: “Los expertos han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado Acuerdo y su addendum”.
Señaló que los expertos no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el gobierno de México en el citado acuerdo. “No han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos”. Qué horror. Declaraciones totalmente insostenibles y que huelen a represalias, a represión porque no les gustan las conclusiones a las que llegan los expertos de la CIDH.
Y por supuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó “categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra nuestro Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria”.
“Rechazamos en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, dijo la CIDH en un comunicado.
Expresaron su confianza absoluta en la probidad del Secretario Ejecutivo (Álvarez Icaza), “quien en todo momento actuó de acuerdo a las instrucciones y decisiones de las y los Comisionados”.
Reiteramos también nuestro respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompañamos los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.
“La apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia temeraria e infundada es inadmisible, puesto que no contiene ningún hecho constitutivo de delito”, señaló la CIDH.
La demanda fue interpuesta con el argumento de un “engaño a los contribuyentes mexicanos y al gobierno federal” por el dinero que se le da al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo que según el denunciante, ha malversado fondos y utilizan su posición para desvirtuar la investigación de la PGR.
Álvarez Icaza denunció que México está entrando “en una regresión autoritaria” al abrir una “investigación previa” por la denuncia penal “temeraria e infundada” presentada contra él.
“Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”, dijo hoy Álvarez Icaza en la rueda de prensa sobre el próximo periodo de sesiones de la Comisión.
Álvarez Icaza considera “inaudito” que México haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una “campaña de desprestigio” contra el grupo, después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo, y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.
“Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque”, consideró el secretario ejecutivo, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos, una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.
“Los ataques se vienen dando desde octubre (de 2015) y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes”, agregó.
La Comisión no ha sido informada por parte del Gobierno mexicano de que el trabajo del grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no vaya a continuar después del 30 de abril, pero el martes el secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga y reiteró que el mandato concluye en esa fecha.
La comisión se reunirá el próximo lunes con el GIEI y el próximo miércoles con una delegación del Gobierno mexicano en Washington “para saber qué pretende”, en el marco del 157 periodo de sesiones y audiencias públicas.
Durante la próxima semana, la Comisión se reunirá también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar “cómo proseguir” en este caso.
Álvarez Icaza recordó hoy que, cuando rubricó el convenio con México, lo hizo por “delegación” del secretario general de la OEA, organización de la que la CIDH es órgano autónomo.
“De continuar (el Gobierno) con su campaña (de desprestigio), será una señal clara de un regreso al México autoritario”, subrayó Álvarez Icaza.
“Si (el Gobierno mexicano) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”, agregó.
México es el país de donde se recibieron más solicitudes de audiencias públicas para el próximo periodo de sesiones de la CIDH, que tendrá cuatro audiencias sobre esa nación.
Los temas que se abordarán serán la situación general de derechos humanos, las desapariciones de niños y adolescentes, la privatización del sistema penitenciario y las restricciones indirectas a la libertad de expresión.
La comisión recibió “información muy importante” de que el Gobierno no presta suficiente atención a las desapariciones de los jóvenes y niños menores de 18 años.
En este periodo de sesiones no habrá ninguna audiencia específica sobre el caso de Ayotzinapa.
El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril de este año y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) a la de Derechos Humanos.
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