Lilia Arellano
“Quien no castiga el mal, ordena que se haga”: Leonardo Da Vinci
• Moderna esclavitud
• ¿Quién quiere a Peña Nieto…? Ya casi nadie
• Corrupción evidente e impunidad con EPN
• Anuló derechos reformando leyes laborales
• Falla autoridad: penales y su “autogobierno”
• Muro de Berlín causa lamento; el de EU, nada
Ciudad de México, 13 de abril de 2016.- Las actuales condiciones de los trabajadores en México explican, en mucho, el crecimiento del repudio al presidente Enrique Peña Nieto. Siete de cada diez mexicanos rechazan su administración, de acuerdo a el sondeo nacional de un diario capitalino. Entre líderes en el país el repudio sube a 8 de cada 10. Reprueban el manejo de la economía de su gestión, la carencia y baja calidad del empleo, la generación de pobreza, la falta de resultados en materia de seguridad, el fracaso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el imperio de la corrupción y la impunidad en su gobierno, entre otros aspectos.
Los gobiernos de derecha en México durante este siglo generaron una clase trabajadora miserable, lo cual contribuyó al incremento de la pobreza en el país. Las reformas a las leyes en materia de trabajo y al IMSS y al ISSSTE, se enfocaron a beneficiar a los patrones y perjudicaron a los trabajadores, los cuales no fueron tomados en cuenta, ni sus sindicatos con todo y el esquirolaje, y conformaron en territorio nacional un ejército de empleados paupérrimos, con bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo, y con remotas posibilidades de pensionarse o jubilarse en términos dignos. Menos de la mitad de los trabajadores en el sector formal alcanzan ese derecho. Del sector informal mejor ni hablamos. Una vejez en la miseria es el futuro.
Una gran parte de los derechos laborales de los mexicanos y las garantías adquiridas por los trabajadores activos o potenciales fueron anulados o eliminados por la reforma a la histórica Ley Federal del Trabajo, en noviembre del 2012, la cual entró en vigor de inmediato y eliminó el principio de estabilidad laboral; estableció la tesis de los contratos temporales (a prueba, por tiempo fijo y para capacitación); y legalizó uno de los peores instrumentos de la irresponsabilidad laboral, es decir, el outsourcing o subcontratación”.
La reforma laboral fue la culminación de un proyecto de los más conservadores empresarios del país, por lo menos desde los años 80, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se propuso la flexibilización, la cual tuvo otras réplicas como la propuesta por Abascal en el gobierno de Fox. Esta reforma implicó una desregulación excesiva del mercado laboral, donde se deja todo al mercado, es decir, el empleo y el salario a merced de la oferta y la demanda. La reforma precarizó el empleo.
Diversos grupos de abogados contratados por sindicatos, establecen: la reforma legalizó también en los hechos el despido sin indemnización y sin importar si fue justificado o injustificado; incrementó las causales de despido al aceptar las quejas de los clientes; desapareció el aviso de despido para las trabajadoras domésticas; legitimó las renuncias “en blanco”, al modificar el artículo 53 de la LFT el cual requería de un acuerdo entre las partes; creó “normas nuevas” dirigidas a los jornaleros agrícolas, para justificar el despido libre y sin costo para ellos; legalizó el “contratismo de terceristas”, permitiendo a los patrones no asumir sus obligaciones laborales y lo hagan por ello los contratistas, materializándose “fraudes legales” contra los trabajadores, al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, permitió la fijación del salario de manera unilateral por parte del patrón, sin intervención sindical; legalizó la polivalencia (el multiusos) del trabajador con el mismo salario; con la certificación laboral, autorizó la imposición de condiciones unilaterales de trabajo, es decir, el patrón puede bajar el salario sin consultarle previamente; permitió la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones, de manera unilateral, sin necesidad de revisarlos anualmente; neutralizó el salario mínimo al crear el “salario infinitisimal”, permitiendo que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado, con la base de un salario mínimo. Así, una persona que labore 4 horas se le paga la mitad del salario mínimo.
Inició la desaparición de las plazas de base, porque el gobierno y las empresas privadas despiden a la mayoría de sus trabajadores de base, para contratarlos con estas nuevas y esclavizantes condiciones laborales; legalizó la subcontratación vía outsourcing, la cual reduce el salario y permite en una empresa trabajadores con las misma funciones, pero con diferente salario y prestaciones; y permitió la ampliación o reducción de las horas de trabajo, las cuales se pueden ajustar diariamente, de acuerdo a las necesidades de la empresa o Centro de Trabajo.
De ese tamaño ha sido el ramalazo a la clase trabajadora. Los sindicatos no luchan ni los representan, los líderes se enriquecen y venden todo aquello solicitado por el gobierno. Son en el presente los verdugos, son los enriquecidos no solo por las cuotas sino por estos tratos con la federación con cargo al bolsillo de quienes perciben salario mínimo y ninguna prestación. Cada quien debe comprar el espejo para visualizar su vejez.
CORRUPCIÓN DAÑA A PEÑA NIETO
La corrupción filtrada y detectada hasta Los Pinos y el pésimo manejo de la economía, explican para el Partido Acción Nacional (PAN) la caída en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. El portavoz del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval, subrayó: “el desempeño económico de este gobierno ha sido muy deficiente. Nosotros en todo momento lo hemos estado alertando y tristemente el tiempo nos ha dado la razón”. Para los panistas, el gobierno no debiera de quedarse con los brazos cruzados.
“Los diputados del PAN proponen un conjunto de medidas en materia económica, empezando por revertir esa tóxica nefasta reforma fiscal que aprobó este gobierno. Pero también hemos insistido en el tema de sacar adelante una auténtica legislación anticorrupción. Y en los dos temas, pareciera quedar claro que el gobierno no tiene un compromiso, y eso ya lo han notado los ciudadanos y por eso lo están reprobando”, señaló.
Por otro lado, diputados de oposición solicitan una comisión especial para revisar los contratos firmados entre las empresas de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, y 27 paraestatales mexicanas. Entre éstas se encuentran: el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Fonatur, ISSSTE, IMSS, Pemex, CFE, Banobras, Nafinsa, Liconsa y Banjército, entre otras.
La legalidad de los contratos está en entredicho desde noviembre de 2014, cuando una investigación periodística reveló: Grupo Higa es la dueña legal de la casa, valuada en 86 millones de pesos, donde vivía el presidente Peña Nieto. Semanas después, otra investigación denunció: esa empresa, ganadora de diversos contratos para obra pública desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, había vendido al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, una casa en Malinalco tasada en 7.5 millones de pesos y pagada con un cheque no cobrado hasta que la indagatoria estaba a punto de publicarse.
En San Lázaro, la oposición busca se revisen los contratos firmados entre el gobierno federal y las empresas de Hinojosa del 1 de septiembre de 2012 a la fecha; también vigencia de la comisión hasta el 31 de agosto de 2018. En la justificación de la propuesta se recuerda también el nombramiento de Peña Nieto a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública a fin de ser investigado con el obvio resultado de la exoneración.
Los llamados “conflictos de interés” están a la vista y siguen saliendo, siguen en la impunidad, siguen provocando, al término de su revelación una simple interrogante: ¿Y? Al hacer una visita a varios países en América y Europa nos encontramos con la sapiencia de Jolopo: “lo peor que puede pasarnos es convertirnos en un país de cínicos”. Aquí esto es visible, pero el resto del mundo sigue con ese comportamiento, solamente que en otras tierras se castiga.
AUTOGOBIERNO EN PENALES:
Por causas estructurales y deficiencias legales y de las autoridades, el sistema de readaptación social en los centros penitenciarios del país simplemente no funciona y se ha constituido en una universidad del crimen. De acuerdo al reciente Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 71 de los 130 penales evaluados, es decir, en el 55 por ciento, se encontró: “deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en relación a la seguridad, a las actividades que se realizan al interior y en los servicios, lo cual da lugar a condiciones de autogobierno”.
Las deficiencias resaltan en los centros penitenciarios de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango y Guerrero, entre otros. Sobrepoblación se constató en 65 de los penales visitados; en 104 se hallaron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados; en 92 se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y en 86 falta de previsión y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines. De los centros federales de readaptación social (Ceferesos), en 16 de ellos se observó insuficiente personal de seguridad y custodia.
Tras presentar dicho diagnóstico, el martes pasado, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, urgió a aprobar la Ley de Ejecución Penal para reducir el número de personas encarceladas: “reiteramos la urgencia de que se concluya el proceso legislativo y se emita la Ley de Ejecución Penal con un perfil de derechos humanos que propicie la reinserción social”.
En el Senado de la República se encuentra congelado el dictamen de la ley desde el año pasado, pese a ser una legislación complementaria del nuevo sistema de justicia penal. Contempla una serie de medidas para evitar la prisión preventiva, tales como multas o atención externa; y establece los derechos de las persona procesadas y sentenciadas actualmente en prisión.
González Pérez se pronunció a favor de restringir la prisión preventiva; a racionalizar las penas conforme a los delitos cometidos y a impulsar una política integral para la atención criminológica: “insistimos en la implementación debida del sistema penal acusatorio para lograr que se agilicen efectivamente los proceso, reduciendo el número de personas privadas de su libertad que no tienen pena impuesta”.
Su omisión sobre los penales construidos por empresarios de alto nivel, los cuales ya cuentan con reclusos resulta el renglón inexplicable o tal vez el revelador de una nueva etapa en la cual el negocio crece y crece, además de formalizarse.
DE LOS PASILLOS
Para intentar rescatar las finanzas de Pemex, el gobierno federal inyectará 73 mil 500 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló: 26 mil 500 millones serán una aportación patrimonial inmediata. Asimismo, se intercambiarán a lo largo del año parte del bono que en 2005 le entregó el gobierno federal a Pemex por 50 mil millones de pesos por títulos negociables por un monto de 47 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones. Pero, “estos apoyos se encuentran condicionados a que Pemex reduzca su pasivo circulante, deuda con proveedores y contratistas en la misma cantidad que la recibida por parte del gobierno federal, es decir 73 mil 500 millones de pesos…
Pemex mantendrá su recorte presupuestario de 100 mil millones de pesos, previamente anunciado, a pesar del apoyo del gobierno federal. Según el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, la medida anunciada permitirá que Pemex no eleve su techo de deuda y tenga los recursos suficientes para operar a lo largo del año. La recomendación a Pemex, subrayó, es usar los recursos otorgados para saldar deudas con proveedores y otros acreedores a fin de tener un balance financiero más sano…
Diversas regiones de Michoacán han resentido tres días consecutivos de bloqueos y quema de vehículos. Al escribir estas líneas, se contabilizaban aproximadamente 26 vehículos siniestrados en municipios como Apatzingán, Parácuaro, Zamora, Uruapan, Sahuayo, Jacona y Buenavista… Los narcobloqueos en la entidad se derivaron de la advertencia del gobernador Silvano Aureoles: “ninguna acción delictiva detendrá la acción del gobierno”. Los ataques fueron adjudicados al grupo delictivo “Los Viagras”, luego de la captura de 12 de sus supuestos integrantes realizada el lunes pasado en la región de Tierra Caliente…
Llaman la atención las recientes declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en Berlín, donde se pronunció en contra de murallas que separen y provoquen dolor a sociedades, cuando su administración prácticamente ha dejado pasar la andanada de ataques por parte del aspirante presidencial republicano Donald Trump, entre las cuales destaca su propuesta para construir un muro entre la frontera de México y Estados Unidos, cuyo costo debería ser pagado por los mexicanos y su gobierno. Destaca también la amenaza de bloquear miles de millones de dólares (más de 24 mil millones) en remesas de mexicanos en Estados Unidos. Sin duda, los guiones elaborados para ser dichos por el mexiquense son totalmente superados por la realidad, la cual lo desmiente un día si y otro también. Sus lamentos estaban dirigidos al Muro de Berlín, es el profeta en tierra ajena, el salvador de la frase “la excepción hace la regla”. Sobre la ignominiosa construcción fronteriza México EU, nada…
En México, además de los asesinatos, continúan las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, sobre todo en estados “con fuerte presencia del narcotráfico”, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reciente reunión en Punta Cana, República Dominicana. La censura, restricciones, presiones y amenazas contra los medios de comunicación, sus dueños o sus periodistas no cesan. Ahí expresó su preocupación por el “alarmante aumento de actos de violencia contra las periodistas mujeres”, las cuales van desde el hostigamiento al acoso sexual. En los casos contra la prensa, es evidente la falta de respuesta y de protección del Estado. El próximo encuentro del pleno de la SIP se realizará en la Ciudad de México, del 13 al 17 de octubre. Dirán los malosos: todo es producto de la igualdad, de la equidad.
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