Por Aurelio Contreras Moreno
El presidente Enrique Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era inevitable: la “guerra contra las drogas” ha sido un absoluto fracaso que no detuvo ni el consumo de estupefacientes, ni el contrabando ni la violencia.
Al participar casi de última hora en la más reciente reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar el Problema Mundial de las Drogas, el Presidente de México se pronunció, en cambio, por un “nuevo paradigma” en la atención del tema, así como por la legalización del uso de sustancias como la mariguana para usos medicinales y terapéuticos.
Este viraje en el discurso presidencial es de suma trascendencia, pues significa todo un giro respecto de la postura que el propio gobierno de Peña Nieto había sostenido durante lo que va del sexenio, que era de abierta oposición a cualquier tipo de resquicio que permitiera el uso legal de enervantes para cualquier actividad.
La realidad del fracaso de la estrategia prohibitiva, sin embargo, lo ha obligado a modificar el planteamiento, máxime que la violencia no ha podido ser desterrada y, por el contrario, se incrementó, junto con los índices de consumo de estupefacientes.
Así, la tasa de homicidios anual pasó de nueve por cada cien mil habitantes en 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico para legitimarse en el poder, a casi 20 por cada cien mil en 2013. Hasta junio de 2015, se calculaba que el número global de muertos por esta causa oscilaba entre 80 mil y 120 mil.
A su vez, los grupos de la delincuencia organizada se fraccionaron y se volvieron más difíciles de combatir al convertirse en células similares a las de las guerrillas, con mandos regionales que a la caída de uno, se renovaban con el siguiente en la jerarquía sin mayor problema, mientras diversificaban sus actividades criminales hacia el secuestro y la extorsión.
En materia de salud pública, para enero de 2016, el Consejo Nacional contra las Adicciones del Gobierno Federal dio a conocer que más de dos millones 387 mil menores de edad requerían tratamiento para rehabilitarse por el consumo de algún tipo de droga, lo que también puso en evidencia que la prohibición no evitó que los jóvenes accediesen a su compra y uso, uno de los argumentos más socorridos por quienes se oponen a su legalización y regulación.
Peña Nieto reconoció en la ONU que México “ha pagado un alto precio, un precio excesivo en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas’’ por el narcotráfico, y que “como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista”.
Abrir la discusión sobre la legalización y regulación del consumo de drogas en México es impostergable e imposible de detener. Más aún, cuando en Estados Unidos, el más grande mercado del mundo, se está autorizando paulatinamente, mientras aquí seguimos inmersos en un baño de sangre injustificable e insostenible.
El “justificante” de Juan Manuel
Como se previó en la anterior entrega de este espacio, resulta que de manera más que “conveniente”, Juan Manuel del Castillo tuvo que “enfrentar un problema de salud en su familia” que lo llevó a presentar su renuncia a la Subsecretaría de Administración y Finanzas ¡justo a tiempo para estar en condiciones de contender por la diputación por Córdoba!
¡Benditas coincidencias!
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