Por Aurelio Contreras Moreno
No todas las madres veracruzanas festejaron el 10 de mayo con una comida, en compañía de hijos, nietos y hermanos, agasajadas con música, besos y abrazos.
Cientos de ellas viven con una enorme pena que les ha secado el alma, que les impide volver a festejar el día de las madres como antaño. Han perdido a uno o más hijos en el Veracruz de la violencia que no cesa, que desmiente discursos oficiales y de la que no se ocupa ninguna iglesia. Al menos, no sus jerarcas.
Muchas de ellas, además, ni siquiera tienen la certeza de la suerte que corrieron sus familiares. No cuentan con el consuelo de una tumba a la que llevar flores y llorar. Porque los desaparecieron.
Muchas de ellas, en lugar del festejo al que una vez se acostumbraron y disfrutaron, salieron a marchar por las calles a exigirle a un gobierno indolente e hipócrita que encuentre a sus hijos, que cumpla con su obligación de garantizar las vidas de quienes ya están en el mundo, en este estado.
De acuerdo con la asociación civil Colectivo por la Paz, en Veracruz hay más de diez mil personas desaparecidas, que fueron privadas de su libertad ya sea por la delincuencia organizada o por la policía, y de la que no se sabe absolutamente nada.
Contrario a los discursos ufanos y triunfalistas de las autoridades estatales, el fenómeno no se ha detenido. Al contrario, crece, se expande por regiones donde no existía, donde los criminales, los policías, o ambos a la vez, en colusión, han llegado a sembrar el terror. En otras zonas, ni siquiera se atreven a hablar del tema.
Mientras el gobierno estatal intenta expiar sus muchas culpas en agua bendita e impone legislaciones retrógradas para quedar bien con los sectores de poder más conservadores, a las madres de los desaparecidos las humilla, las veja y las acosa, como a Araceli Salcedo, quien por buscar a su hija Rubí e increpar al gobernador Javier Duarte está en serio peligro. Cuando debería ser al revés y recibir apoyo del Estado, que para eso está constituido como tal.
Aunque el gobierno no lo admite públicamente, el problema de los desaparecidos es el más grave en cuanto a violaciones de los derechos humanos que existe en el estado de Veracruz. Si le damos crédito a la cifra del Colectivo por la Paz, diez mil desapariciones en territorio estatal en los últimos años, estamos hablando de una crisis humanitaria por crímenes de lesa humanidad, que tal es la categoría que tiene la desaparición forzada de personas. Algo verdaderamente espeluznante, monstruoso, injustificable.
Entre sus múltiples atrocidades, el sexenio de Javier Duarte deberá cargar con la responsabilidad jurídica, política y moral de las miles de desapariciones de veracruzanos ocurridas en este periodo, que no resolvió ni intentó siquiera atender, rehuyendo de sus deberes bajo la salida fácil y ramplona de que los reclamos tienen “trasfondo político”.
¿Por qué la vida de esas personas no es defendida ni garantizada por el gobierno y la Iglesia con la misma vehemencia con la que defienden embriones? ¿Acaso valen menos?
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