* Supongo, no es más que una hipótesis elaborada en soledad, que así como ven con malos ojos a los gobiernos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega, el presidencialismo mexicanos pierde la confianza de amplios grupos de poder y organismos internacionales de derechos humanos. La desestabilización llama a la puerta
Gregorio Ortega Molina
“No entienden que no entienden”. Esta sentencia político-periodística, breve y lapidaria, ahora adquiere su verdadera dimensión, puede ubicársele su lugar en el tiempo político que padecemos.
El último que entendió -se condujo como yes man, empeñado en conseguir trabajo en EEUU, aunque primero debiera cubrir el requisito de ser presidente constitucional de México, oficio donde aprendió a servir- se llama Ernesto Zedillo Ponce de León.
El carismático y mandilón de Vicente Fox decidió entregar el poder a Marta, aunque al hacerlo incumpliera su mandato constitucional; el pequeñín de las manos limpias, Felipe Calderón, tuvo tanto miedo de AMLO, que decidió ensuciárselas con tal de desempeñarse como presidente de los de antes, con poder imperial, pero no lo tuvo, lo compartió con las Fuerzas Armadas.
Hoy, inmersos en la peligrosa obsesión de mover a México, costare lo que costare, profundizaron la pobreza, debilitaron la institución presidencial, se aproximaron como nunca al riesgo de heredar un Estado fallido, y anudaron de tal manera la dependencia, casi total, de ciertos grupos de poder, que reconstruir el proyecto de nación y restituir en los mexicanos la idea de patria y unidad -sin por ello sustraernos a la globalización y a la integración a América del Norte, en un proyecto geoestratégico que, bien aprovechado, puede contribuir a solucionar muchos problemas nuestros, entre ellos el de la seguridad y los derechos humanos-, requiere que los políticos hoy en el poder, su gran mayoría, asuman que no entienden que nos obligan a pagar a todos, el costo de su corrupción e impunidad.
Claro que el proceso de decadencia no concluirá abruptamente, pero es irreversible; ahora la ONU, por conducto del relator especial del organismo, Christof Heyns, denuncia las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad en México, como principales obstáculos al crecimiento económico y al desarrollo de la democracia. Como producto de su visita a México en 2013, advierte sobre las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada, la militarización de la policía y la falta de rendición de cuentas.
La nota de El País indica que Heyns “recogió la información sobre México antes de que el país se viera sacudido por las tragedias recientes; un año antes de la noche en la que la Policía Municipal de Iguala matara tres estudiantes e hiciera desaparecer a 43, el 26 de septiembre de 2014. Unos meses antes, en junio de 2014, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por el Ejército en un descampado de Tlatlaya.
En mayo de 2015, 42 civiles fueron asesinados en una redada policial y militar en Tanhuato (Michoacán), y en enero de este año, la Policía de Veracruz hizo desaparecer a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. El relator, no obstante, fue informado de estos sucesos antes de presentar su informe el lunes 20 de junio último, ante la Asamblea General de Naciones Unidas”, justo al día siguiente de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca.
Supongo, no es más que una hipótesis elaborada en soledad, que así como ven con malos ojos a los gobiernos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega, el presidencialismo mexicanos pierde la confianza de amplios grupos de poder y organismos internacionales de derechos humanos. La desestabilización llama a la puerta.
