Por Aurelio Contreras Moreno
Javier Duarte de Ochoa decidió jugarse su resto y buscar mantenerse al frente del gobierno de Veracruz hasta el último día de su mandato, el 30 de noviembre próximo.
Repudiado por todos lados, el todavía gobernador tomó la determinación de retar incluso al poder central, y continuar generando zozobra en una entidad que de facto, ya no gobierna, pues ha perdido toda autoridad. Al grado de que ya ni siquiera hay actos públicos a los que asista, pues se la pasa encerrado en Casa Veracruz, en chanclas, shorts y playera, según asegura el ex candidato priista a la gubernatura, Héctor Yunes Landa.
En medio de su carrera al abismo, Javier Duarte decidió seguir adelante con algunas de las enmiendas legales que envió a la LXIII Legislatura del Estado para bombardear a la siguiente administración. Valga decir, las que no son materia de las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por la Presidencia de la República el lunes pasado.
Así, aun cuando en la sesión del martes 12 fue retirada la iniciativa para otorgar bases laborales a miles de trabajadores de confianza de la administración pública estatal, al día siguiente fue dado a conocer que la reforma sí se someterá a la votación del Pleno este jueves 14 de junio, lo que implicará para el próximo gobierno una erogación de mil 500 millones de pesos en salarios.
De igual manera, sigue en pie la propuesta de pagar los adeudos del gobierno duartista con proveedores y contratistas con los recursos que se recauden del impuesto de tres por ciento a la nómina, a pesar de la férrea y unánime oposición de todo el sector empresarial del estado, que amenazó con no pagar ese gravamen si se modifica el destino y aplicación de ese dinero, que es el de la construcción de obra pública e infraestructura.
Para lograr estos desesperados objetivos, el gobernador está dispuesto a todo. Ante la andanada de críticas por sus desatinos, mandó publicar sendos desplegados en la prensa nacional en los que alcaldes de su partido -no todos- “cerraron filas” en torno suyo, “agradeciendo” las “obras” que les ha llevado, así como la “paz social” de sus municipios.
Disparate que sólo se entiende bajo la sombra de la coacción, que es aplicable a los munícipes vía las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que es para lo único que sirve.
Y para sacar adelante sus iniciativas de ley, Javier Duarte ha hecho lo propio con los diputados locales, varios de los cuales “se le salieron del huacal” últimamente. Para someterlos, según la versión de fuentes directas, en una reunión en Casa Veracruz se les hizo la “sugerencia” de “reconsiderar” sus decisiones legislativas y de esa forma hacer “lo necesario” para darle “seguridad” a sus familias. A esos extremos se ha llegado.
Duarte de Ochoa se sabe perdido. No pudo imponer a quienes, al menos en teoría, le garantizarían impunidad desde posiciones transexenales frenando las acciones judiciales que la siguiente administración emprenderá en su contra. Además, el Gobierno Federal lo ha dejado solo y también cocina acciones legales contra integrantes de su fallido gobierno.
Así que lo único que le queda, ahogado en la descomunal soberbia que lo caracterizó durante su corta pero tremendamente nociva carrera en el servicio público, es hacer el mayor daño posible en el tiempo que le reste en el poder.
Y le quedan 140 días más.
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