CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto (Almomento MX).- Además de los escandalosos temas de corrupción en el ámbito político, en particular en estados y municipios, los temas de inseguridad y violencia en el país han llegado a niveles considerablemente elevados, como consecuencia de la fuerza que han ganado diversos grupos delincuenciales. Ahora, este entorno se complica y agudiza con las acciones que ha tomado el magisterio como excusa en la lucha de sus derechos contra la reforma educativa, señala el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador empresarial (CCE).
Señala que esto confirma y robustece la percepción de que la inseguridad y la violencia son parte de los principales factores que pueden limitar el crecimiento de la economía. Operar en un ambiente como este, amparado en elevados niveles de impunidad, genera costos considerables que en muchos de los casos llevan a las unidades productivas a tener que cerrar sus operaciones ante la imposibilidad de hacerles frente, o en el mejor de los casos a cambiar su ubicación.
“La inseguridad no es un problema reciente, pero la coyuntura ha creado condiciones preocupantes que comienzan a reflejarse en un efecto directo en la actividad económica del país”.
En el Informe de Seguridad Empresarial en México 2015-2016, elaborado por la American Chamber, se aprecia que como consecuencia de la inseguridad, 13 empresas tienen considerado suspender sus actividades en las entidades más peligrosas del país para trasladarse a otras más seguras, tres más que el año pasado.
Asimismo, en el 2015 seis empresas salieron del país para ubicarse en Estados Unidos o en Canadá y dos más lo tienen previsto para el presente año. Aunque es un número de empresas es reducido, respecto a las 1,400 empresas que agrupa la Amcham, es una señal de lo que la inseguridad puede generar.
El incentivo que representa la impunidad al saber que aun cuando se cometan actos ilícitos no habrá castigo alguno, complica la coyuntura si se considera que esta situación sin duda ha sido aprovechada por la CNTE en las acciones que ha emprendido en su movimiento contra la reforma educativa, reflejando un estado de derecho débil sin instituciones eficientes que hagan cumplir la leyes, lo que pone en serio riesgo la competitividad del aparato productivo con la posibilidad de incidir negativamente sobre la capacidad de atraer inversiones y en la generación de empleos formales.
Los bloqueos por parte de integrantes de la CNTE en varios estados, así como actos vandálicos como la quema de vehículos y la destrucción de equipo, tiene ya costos importantes, poniendo en riesgo los procesos productivos de varias empresas, así como sus plantillas laborales.
Hasta el momento no hay una cuantificación exacta del impacto económico que han tenido las acciones emprendidas por la CNTE, aunque se habla de una cifra aproximada de 4,200 millones de pesos. Sin embargo, además de las pérdidas monetarias que esto ha generado, está la afectación en la actividad productiva de diversos sectores, como el ferroviario, agroalimentario, de alimentos y bebidas, de turismo, el automotriz y el de la construcción, entre otros, que de mantenerse por más tiempo es casi seguro que tendrá una incidencia negativa en el ritmo de crecimiento de la zona sureste del país, así como en la generación de empleos.
Algunos datos específicos que se han dado a conocer y que muestran el fuerte impacto de este movimiento, señalan por ejemplo, que en Oaxaca ya se reportan cerca de 2,600 negocios cerrados, lo que representa una pérdida monetaria de aproximadamente 197 millones de pesos. En Huatulco, información proveniente de empresarios hoteleros indica que se han cancelado más de 3 mil habitaciones, mientras que en Chiapas se reporta una caída de 17% en la ocupación hotelera.
Pero no solo el sector productivo ha sido impactado, los hogares también resienten la situación, toda vez que han tenido que enfrentar escases de productos, aumentos de precios, pérdida de empleos y por ende, caída en los ingresos del hogar.
Mayo y junio fueron los meses en los que la actividad productiva del país, pero del sureste principalmente, se vio más afectada por los bloqueos, destrucción de equipo y saqueos por movimientos sociales, lo cual parece ya estar considerado en la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, toda vez que para ese periodo, el INEGI anticipa una caída trimestral de 0.3%, como resultado de bajas de 0.1% en el sector primario, de 1.7% en la actividad manufacturera, que también sigue reflejando la debilidad del sector exportador, así como de un nulo avance en las actividades terciarias.
Con todo esto, la estimación oportuna del organismo indica que la variación anual del PIB en el segundo trimestre será de 1.4%, lo que lleva a considerar que el crecimiento de la actividad económica para todo el año puede estar más cerca del 2.0%.
Incrementar la inversión para estimular un mayor ritmo de crecimiento, sin duda requiere de un ambiente en el que predomine la certidumbre sobre el respeto al estado de derecho y por lo tanto, autoridades capaces de hacer cumplir la ley. El aumento en los niveles de inseguridad, impunidad y corrupción incrementan el riesgo y elevan considerablemente los costos de los proyectos de inversión, toda vez que hacen evidente el incumplimiento del estado de derecho, impactando en el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos.
Se han emprendido ya medidas financieras para mantener la estabilidad macroeconómica por parte de la Secretaría de Hacienda, un paso fundamental en el sentido correcto, pero el otro pilar de la estabilidad, gobernar con la ley, está en duda, no hay señales de resolver el desgobierno que vivimos. Para lograr un crecimiento económico sólido y sostenido que propicie la creación de empleos formales y mejor remunerados, también es necesario brindar certidumbre a las inversiones asegurando el cumplimiento de la ley, por lo que es fundamental fortalecer el estado de derecho y gobernar.
AMN.MX
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