El MALEADO SISTEMA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA EN MEXICO. DE PASSAIC Y LA COFECE.
La pequeña ciudad de Passaic, a 16 kilómetros de La Gran Manzana, cuenta con 75,000 habitantes, el 32%, aproximadamente, son mexicanos. Procedentes en mayor número de Puebla y, en menor escala de los estados de Guerrero y Oaxaca.
La peculiaridad de esta ciudad es el reconocimiento en la zona triestatal (NY, NJ, CT) como “La Despensa’.
Ahí se puede adquirir cualquier tipo de productos mexicanos. Los paisanos, más otros de diferentes nacionalidades incluyendo a los anglosajones, encuentran todas las variedades de hierbas secas, especies, moles, quesos tipo Oaxaca, Botanero, Panela, frituras y golosinas de origen nacional, además de las elaboradas localmente por los mexicanos emprendedores.
Sin faltar, chicharrón, pomada Vitacilina, jabón Zote, todas las marcas de detergentes, jabones de tocador y, dentífricos aztecas, sin descontar cervezas Caguama, Corona, Tecate, etc. Refrescos, ni que decir; Jarritos, Chaparritas, O’key y decenas de productos que forman parte de la nostalgia por la gastronomía mexicana. Igual que las mercancías que acostumbraban-los paisanos- a usar en su localidad natal.
Pareciera que los problemas locales en México no afectarían a este singular centro comercial de mercancías allende del Río Grande o Río Bravo, sino todo lo contrario.
El interminable conflicto de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), el bloqueo a carreteras, el secuestro, robo y en algunos casos la quema de los autotransportes de carga, ha impactado negativamente el abasto a “La Despensa”.
Por si esto fuera poco, nos enteramos por un boletín de prensa de la Comisión Federal de Competencia, COFECE, de las barreras de entrada que existen en el sistema de autotransporte de carga en cuando menos 18 entidades del país. Lo cual, nos deja perplejos.
Por una parte, la inhabilidad del presidente Peña para poner orden en casa, en la asignatura que sea, hoy por hoy, el conflicto magisterial que ya acusa pérdidas de 115 mil millones de pesos al comercio, la industria y el sector de servicios.
Además de los graves daños y robo al sistema de autotransporte de carga estimado en 39 mil millones de pasos, es decir más del 12% de este parque vehicular. Tan grave es el asunto que las aseguradoras ya no desean participar en este negocio.
Parece redundante insistirle al ejecutivo, que ni se despeina ante el clamor del sector privado que urge su intervención. EPN, ha sido el “mayor promotor de la competencia”, acaso, no se ha dado cuenta (sería mucho pedir) que su iniciativa por “Un suelo parejo”, es decir generar la cultura de la competencia y vigilar que esta se dé, de manera tersa, no previera a que los estados hagan de las suyas. A través de candados reglamentarios, donde participan funcionarios de las entidades, sin ninguna vergüenza, eso sí, en defensa de intereses mezquinos de dónde sacan su buena tajada.
Para muestra, apreciable lector, permítame reproducir el resumen del Dictamen Preliminar de la COFECE al respecto de la investigación por barreras a la competencia en el mercado de transporte de carga en Sinaloa, en el cual se encontró que el marco normativo a dicho sector genera efectos anticompetitivos que perjudican a los consumidores de este servicio y que inhibe el crecimiento potencial de la entidad federativa.
La investigación concluyó que la Ley de Tránsito y Transporte y su reglamento imponen barreras a la competencia, pues entre otras cosas:
Impiden que las empresas y productores puedan autoproveerse el servicio.
Provocan conflictos de interés, al permitir que un Consejo Técnico –conformado por los mismos transportistas y autoridades– influya en el otorgamiento de concesiones y en la fijación de tarifas. Por ejemplo, el titular de la Dirección de Vialidad es a su vez regulador y permisionario.
Otorgan facultades discrecionales a la autoridad, que restringe la entrada y la expansión de competidores e interfiere en la libre determinación de las tarifas del servicio.
Lo anterior, genera: baja calidad en la prestación del servicio con una flota de transporte obsoleta, concentración excesiva de permisos en unos cuantos transportistas, distorsión de precios del servicio, incertidumbre para participar e invertir y baja productividad de la economía local.
Para eliminar estas barreras a la competencia que impiden el funcionamiento eficiente del mercado investigado, el dictamen preliminar plantea una serie de medidas correctivas, dirigidas al Gobierno y Congreso locales, que tienen como objetivo permitir la entrada de nuevos competidores y la expansión de los existentes; incrementar la presión competitiva con la autoprovisión de transporte; liberalizar las tarifas del servicio de transporte, y evitar situaciones de conflicto de interés.
Entre otros aspectos que inciden en el tema, se refieren a que por “las restricciones regulatorias, en la mayoría de los municipios del estado un solo concesionario concentra 50% de los permisos de transporte de carga de productos agrícolas y de materiales de construcción o pétreos; como consecuencia, los usuarios se ven imposibilitados en buscar alternativas de transporte más económicas y eficientes lo cual impacta adversamente en la actividad económica local.
Los agricultores y constructores manifiestan que gastan hasta 40% más por el servicio, al no poder autoproveerse”.
Esto sucede en Sinaloa, sin embargo, se ha revelado que en diversas entidades federativas del país se tienen restricciones similares a las detectadas, entre las cuales se encuentran; Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora, Tabasco, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Querétaro, Yucatán, Jalisco y Veracruz.
De qué sirve “hacer sesudas reformas estructurales”, si al dar vuelta a la esquina existen reglamentos, normas que mantienen el statu quo de siempre.
¡Qué absurdo señor presidente!
