CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto (Almomento MX).- Los malos resultados en los Juegos Olímpicos de Río 2016 se suman a los fracasos de Alfredo castillo como funcionario público. A lo largo de su trayectoria se ha visto envuelto en una seguidilla de casos polémicos.
La cloaca del deporte mexicano la ventiló el mismo director de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte (Conade), el abogado Alfredo Castillo, apenas llegó al cargo en abril de 2015 después de apaciguar a los grupos de autodefensas contra el crimen organizado en Michoacán.
Pasó por la Procuraduría General de la República, participando en la investigación contra Elba Esther Gordillo, la Procuraduría Federal del Consumidor para recuperar la credibilidad del organismo tras las andanzas de#LadyProfeco, además fue director de Planeación Estratégica de la extinta Agencia Federal de Investigación.
Castillo fue el responsable de realizar la investigación sobre la misteriosa desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah. El funcionario entonces fungía como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Tras la renuncia de Alberto Bazbaz, por las claras inconsistencias en la investigación y un dictamen dudoso, Castillo tomó su lugar como procurador del estado, propuesto por Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad.
El cadáver de la menor fue encontrado en su propia habitación —en condiciones sospechosas— y dos meses después de haber iniciado la investigación, determinaron que la niña había muerto accidentalmente al aprisionarse en el colchón.
Fue nombrado por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, el 15 de enero de 2014 con la misión de “restablecer las condiciones de seguridad y desarrollo” en Michoacán.
En su mandato creó dos corporaciones policiacas: Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural, a la que incorporó grupos de autodefensas, para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios.
Estas organizaciones se enfrentaron a balazos el 16 de diciembre de ese año en un entuerto que dejó 11 víctimas mortales y que culminó con el arresto de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano, ambos líderes de grupos de autodefensa.
Apenas un año después dejó el cargo, y ya como para despedirse de su estadía en Michoacán, elementos de la Policía Federal—a su cargo—fueron señalados como responsables de “violaciones graves” a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán el 6 de enero de 2015, cuando 10 personas fueron asesinadas y otras 21 resultaron lesionadas.
De acuerdo a cifras oficiales, los homicidios en Michoacán no disminuyeron, pero sí lo hicieron otros delitos como el secuestro. Como Alfredo Castillo dijo al dejar su cargo como comisionado en Michoacán: “la historia nos juzgará en su momento“. ¿Ya creen que sea momento de que la historia lo juzgue?
Ahora, a su llegada como director de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte (Conade), se encargó de ventilar la cloaca del deporte mexicano. “Aquí nadie quiere dar cuentas a nadie”, dijo sobre las federaciones de las disciplinas deportivas que se negaron a entregar facturas sobre los gastos que otorga el gobierno mexicano que ha invertido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto alrededor de mil 700 millones de dólares para impulsarlas.
La CONADE entró en conflicto con el Comité Olímpico Mexicano y hasta pusieron en peligro la participación en estos Juegos Olímpicos. Además, tuvo problemas hasta con atletas por los uniformes en los Panamericanos de Toronto.
En una discusión de dimes y diretes, Carlos Padilla junto a Castillo, se llegó al punto en que la CONADE desconoció a diez disciplinas olímpicas. Esto afectó, no sólo la opinión pública, sino también a los atletas pues vieron como sus recursos económicos eran recortados.
Pero claro, estas peleas se llevaban a cabo en lugares “rutinarios” como Lausana, Suiza, donde seguro pudieron hablar mejor. Se llegó al punto en que el Comité Olímpico Internacional tuvo que intervenir. Por supuesto, Castillo y Padilla justificaban estar “defendiendo al deporte mexicano”.
Uno de los casos más sonados fue el de la FINA y la FIBA, federaciones de natación y basquetbol respectivamente. La primera se supone tiene una deuda pendiente con Castillo de 15 millones de dólares y si le vamos sumando, se estima que la CONADE debe en total a diferentes organismos 50 millones de dólares.
Desde el 2014, la Auditoría Superior de la Federación había enviado focos rojos sobre el desempeño de las federaciones mexicanas que finalmente llevaron a 126 deportistas a los Juegos Olímpicos de Río.
A la Federación de Tiro con Arco, por ejemplo, se le encontró un “probable daño o perjuicio” por alrededor de 1.5 millones de dólares por la falta de comprobación de gastos realizados en eventos nacionales e internacionales, por la adquisición de material deportivo e insumos médicos.
El máximo órgano fiscalizador del país encontró además que las federaciones de Taekwondo y Natación otorgaron varios contratos con licitaciones dudosas y encontró un subejercio (dinero que no se usó) por alrededor de 2.5 millones de dólares en varias áreas deportivas, entre ellas el Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento.
Pero una cosa es que la ASF dé sus números y otra que los reconozca la autoridad involucrada directamente y tras las declaraciones de Castillo sobre la presunta corrupción en las federaciones la relación de éstas con la Conade fue de mal en peor.
Castillo negó reembolsar gastos al equipo de tiro con arco y el hospedaje de niños atletas en Tamaulipas y en respuesta el grupo de pugilistas de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) salió a pedir dinero a las calles de la Ciudad de México para financiar su viaje al campeonato de Qatar, en octubre de 2015.
Ricardo Contreras, presidente de la FMB, dejó entrever que para tener acceso a dineros del gobierno se tiene que dar un porcentaje del presupuesto otorgado al funcionario que lo designa. Una práctica que en el lenguaje burocrático se conoce como “diezmo”.
Las federaciones se quejaron abiertamente de la inexperiencia deportiva de Castillo (exfiscal del Estado de México cuando Peña era gobernador) y apostaron por un argumento que durante años usaron los sindicatos para justificar la falta de transparencia: la no injerencia del gobierno.
Por su cuenta, la legisladora Ana Gabriela Guevara (medallista de plata olímpica 20o4) arrancó una campaña en el Senado que denominó “Deportistas sin Miedo” en las que convocó a atletas de alto nivel a denunciar actos de corrupción y a la que acudieron sólo unos cuantos porque se acercaban los Juegos Olímpicos de Río.
“La falta de dinero no es el problema”, afirmó Juan Luis Barrios, medallista de plata en los juegos Panamericanos de Toronto. “El problema es que no se invierta en los atletas”.
Tras una primera semana de descalabros en los Juegos, la arquera Aída Román, medallista de plata en Londres 2012, puso nuevamente el dedo en la llaga con sus declaraciones a su regreso de Río.
Lamentó que el director de Conade hubiera preferido llevar a su novia Jaqueline Tostado, en lugar de especialistas médicos para atender a los atletas y se quejó de que la guerra de acusaciones entre la Conade, el comité olímpico y las federaciones. “Es un divorcio y nosotros (los deportistas) estamos en medio”.
AM.MX/fm
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