Por Aurelio Contreras Moreno
Decidido a que en su caída se llevará consigo al abismo a quien más pueda, el fide-duartismo agonizante continúa sacudiendo su dinosáurica cola.
Este jueves, el juez quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz dictó sentencia condenatoria de un año tres meses en contra de la diputada local electa del PAN María Josefina Gamboa Torales, a quien encontró culpable del delito de homicidio culposo por el accidente en el que atropelló a una persona en 2014.
Quienes conocen la historia detrás del caso de Maryjose Gamboa saben que se cometió en un enorme abuso de autoridad y poder en su contra debido a su posición periodística severamente crítica hacia el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, lo que le valió ser encarcelada ilegalmente durante más de medio año en una prisión en Tuxpan, en donde sufrió torturas y se violaron sus derechos elementales por consigna directa.
Nadie que sepa cómo funciona la política en Veracruz duda que la separación y autonomía de poderes en el estado es una fantasía, y que esta sentencia, dada a conocer a los medios de comunicación antes que a la interesada, es parte de la misma guerra que libran los duartistas contra los yunistas que arribarán al poder. En el caso de Gamboa Torales, lo que se busca es evitar a como dé lugar que rinda protesta como diputada local el próximo 5 de noviembre, lo cual ahora estará en manos de la justicia federal.
En el mismo sentido van las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito presentadas por Javier Duarte en contra del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Además del ruido mediático para desviar la atención sobre sus propias corruptelas, el mandatario saliente pretende impedirle a su sucesor tomar el gobierno el próximo 1 de diciembre sometiéndolo a un proceso penal, para lo cual maniobra a través de la Fiscalía General del Estado y presiona políticamente al PRI y al Gobierno Federal para que la emprendan también contra sus adversarios y no solamente contra los priistas acusados reiterada y documentadamente de corrupción, identificada ésta como la principal razón de la debacle tricolor del 5 de junio.
Incluso, aún acarician la idea –y presionan fuertemente en ese sentido- de que la elección de gobernador en Veracruz sea anulada, escenario que se antoja improbable, dadas las consecuencias políticas que traería, pero que no se ha descartado del todo.
En medio de todo esto, Javier Duarte se aferra a los minúsculos resquicios de poder que todavía le quedan. Responde con bravatas a los graves señalamientos que le hace la Auditoría Superior de la Federación y pretende engañar a los veracruzanos con una supuesta “normalidad” en sus relaciones con el partido del que quieren expulsarlo y con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien buscó denodadamente tomarse una fotografía durante un evento este jueves luego de que éste lo desairara públicamente en su última visita a Veracruz y de que se lavara las manos sobre su suerte en la entrevista que le concedió al periodista televisivo Joaquín López Dóriga esta semana.
Pero ni con todas las fotografías forzadas que se tome ni con su perversa manipulación de la ley y las instituciones podrá Javier Duarte librarse de lo que le espera. Primero, a partir del 5 de noviembre, cuando entre en funciones la LXIV Legislatura del Estado, que ya no estará controlada por sus esbirros. Y más tarde, cuando deje el poder el 1 de diciembre y que, como ex gobernador, ya no represente nada para el PRI y para Peña Nieto más que un lastre del cual deban desembarazarse obligada y necesariamente.
Entonces entenderá, finalmente, en lo que se convirtió en realidad.
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