Por Aurelio Contreras Moreno
Este fin de semana se celebró una marcha, otra más, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.
Pero ésta no formaba parte de las convocadas por la Iglesia Católica a través de su asociación pantalla llamada Frente Nacional por la Familia -aunque algunos de sus simpatizantes se colaron, despistada o abusivamente- para protestar contra los matrimonios igualitarios.
Esta concentración tuvo una motivación, nos atreveríamos a asegurar, mucho más urgente y, sobre todo, dolorosa: demandar la acción de la autoridad para detener la ola de violencia delictiva que azota al antiguo Puerto México y que lo ha convertido, como muchas otras ciudades del estado, en territorio de nadie.
Los secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos en la región han alcanzado un nivel que, literalmente, ha convertido a Coatzacoalcos, otrora una próspera e industriosa ciudad, en un pueblo fantasma en el que nadie quiere salir por las noches. Aunque no hace falta. La violencia y la inseguridad también se palpan a plena luz del día.
A tal grado ha llegado la crisis en esta zona del estado de Veracruz, que ya se experimenta el mismo fenómeno de muchas ciudades fronterizas del norte de la República: las familias que cuentan con los recursos para hacerlo, están emigrando a otros estados e incluso fuera del país, y lo único que dejan en sus terruños son sus negocios, mientras pueden establecerlos en otro lado, lejos de la acción del crimen organizado y de la delincuencia común.
Frente a la abulia del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, al que no le importa en absoluto que el estado se hunda, otros actores políticos han tenido que empezar a llamar la atención sobre este problema que, hay que señalarlo, no es privativo de Coatzacoalcos ni del sur de Veracruz, sino que se extiende como plaga por todo el territorio estatal.
La semana pasada, el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla presentó ante el Pleno de la Cámara alta un punto de acuerdo para solicitar la intervención de las fuerzas federales de seguridad en la región. “Es urgente que la zona sur de Veracruz y su gente sean atendidas por las autoridades federales con esquemas de inteligencia y apoyo táctico para detener la ola de violencia que se ha desatado desde hace tiempo. Es más que evidente la falta de recursos institucionales y materiales para detener la ola de criminalidad”, manifestó el legislador.
Y aportó datos duros sobre la situación. Según cifras oficiales, durante 2015 se registraron, solamente en esa zona, 565 homicidios dolosos, 97 secuestros y 102 extorsiones, mismas que se han duplicado durante 2016, bajo la salvedad de que se trata de delitos denunciados ante las autoridades.
Coincidencia o no, al otro día de presentar este punto de acuerdo en el Senado de la República, un cercano colaborador y amigo de Yunes Zorrilla, José Roberto Valderrama, quien se desempeñaba como director del hospital municipal de José Azueta, fue acribillado a balazos en esa localidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, la población de Coatzacoalcos salió a las calles a demandar que se detenga la violencia y a que el gobierno garantice la paz y la seguridad, como se supone que es su obligación.
Pero en esa marcha, que no contó con recursos millonarios para promoverse en los medios, no se vio a ningún obispo, ministro de culto ni monaguillo de closet caminando. Seguramente la violencia, que sí destruye familias, es parte del “plan original” de algún dios vengativo.
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