CIUDAD DE MÉXICO, 15 de septiembre, (AlMomentoMX).- Durante la reunión de trabajo que sostuvieron Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental y Eugenio Barrios, director de World Wildlife Fund México, manifestaron su preocupación por la reducción del presupuesto para infraestructura hídrica y por la sobreexplotación de acuíferos.
Por su parte, especialistas ambientales instaron a diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, presidida por Ignacio Pichardo Lechuga, cambiar el principio de gestión del recurso, ya que eleva el riesgo de desabasto, así como el criterio para otorgar concesiones de uso, ya que ha alentado la sobreexplotación de acuíferos y pone en riesgo la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación al cambio climático.
Por ello, ante la nueva Ley General de Aguas, los funcionarios afirmaron que se requiere una política de Estado que beneficie a todos, sin atender intereses económicos. Pichardo Lechuga, señaló la necesidad de crear un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita conocer las condiciones de aprovechamiento y sobreexplotación de los acuíferos, con el fin de tomar mejores decisiones.
Además, consideró oportuno especificar las funciones de los Consejos Comunitarios que regulan el aprovechamiento de agua medio rural, esto con el fin de lograr decisiones democráticas que beneficien a los habitantes, con quienes se tiene una deuda en el abasto del líquido y alentar las prácticas de usos y costumbres con que se manejan algunas regiones del país.
En tanto, el diputado del PAN, Pedro Garza Treviño, refirió que “en el papel se otorgan concesiones que comprometen el más alto volumen de agua para explotarlo, pero es real. El recurso que no se ocupa, no se cede sin costo, ya que se vende o alquila en la práctica”, precisó. Incluso, propuso establecer en la nueva Ley General de Aguas, la garantía del uso humano, agrícola y pecuario, para que no quede a criterio del funcionario en turno.
Por su parte, el perredista Xavier Nava Palacios, cuestionó si el actual régimen de concesiones ha propiciado la sobreexplotación y si es factible incorporar en el nuevo marco jurídico el caudal ecológico con observancia obligatoria. Además pidió a los especialistas encontrar las fallas en la cadena de manejo, conservación y abasto hídrico y, de acuerdo con ese diagnóstico, se enriquezcan las decisiones de los legisladores.
En su participación, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo y Ambiental, propuso un decálogo para garantizar el acceso al agua sin discriminación alguna, a fin de que la población que no pueda pagar la reciba sin costo, priorizando el uso personal y doméstico en la nueva ley general, para proteger y garantizar un abasto de entre los 50 y 100 litros diarios por habitante, de forma continua.
Además, alentó la planeación progresiva del agua, ya que es necesario establecer partidas presupuestales que estimulen la creación de infraestructura; fijar estándares de calidad y cantidad salubre para consumo personal y doméstico acceso seguro y a no más 100 metros del hogar y que el costo no rebase el 3 por ciento del ingreso de la familia.
El funcionario instó a crear disposiciones que armonicen la sustentabilidad financiera de agua potable y su saneamiento, y establecer mecanismos para que las comunidades rurales o lejanas cumplan su derecho al agua mediante ecotécnicas que den cobertura universal.
AM.MX/dvb
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