Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre (AlMomentoMX).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres detenidas, torturadas y atacadas sexualmente por policías del Estado de México en 2006, durante operativos policiacos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
A través de un comunicado, la CIDH indicó que el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio y Claudia Hernández Martínez.
Así como de Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Informó que la detención ilegal ocurrió en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.
“La detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica”, explicó el organismo.
La CIDH precisó que acreditó la existencia de “graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas”, que fueron cometidos por agentes estatales.
Respecto al Gobierno mexicano señaló que la “Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable”.
Por ello, la CIDH envió el caso a la Corte el 17 de septiembre, con el fin de que profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades.
La Comisión recomendó al Estado mexicano realizar una reparación integral a favor de las víctimas, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.
Se pidió también castigar a los funcionarios estatales que imposibilitaron el acceso a la justicia de las mujeres a través de acciones u omisiones.
Al respecto, el Estado mexicano ha remitido a las víctimas tres propuestas de reparación integral, las cuales incluyen atención médica y psicológica, prestaciones sociales y una compensación económica, además de una disculpa pública por funcionarios federales; propuestas que han sido rechazadas.
Han “pasado más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, destacó.
AM.MX/dsc
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