Joel Hernández Santiago
Si algo le cae en el hígado a los mexicanos, a la mayoría, digo, es el abuso, prepotencia, estulticia y arrogancia de muchos funcionarios públicos, sobre todo aquellos de grandes puestos legislativos o de función pública; los de nómina gorda y con privilegios a raudales; los de corbata de seda, trajes a la medida y mirada ‘súper aquilina’.
Muchos de estos personajes de Abel Quezada, gordos y cubiertos de joyas hasta la nariz, cuentan con una figura constitucional que se denomina ‘fuero’, y que apareció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que los legisladores pudieran expresar libremente sus ideas sin temor a represalias de otro de los poderes; el Ejecutivo, por ejemplo.
Así se garantizaba que podrían apoyar o disentir sobre asuntos de gobierno y, sobre todo, en temas que habría que discutir para construir leyes:
‘El fuero fue concebido como una medida para proteger a las personas que ocupaban un cargo y que diferían de las ideal del Presidente y garantizaba su derecho a expresarse libremente en contra del gobierno en el poder’ [Ricardo Espinoza Toledo, UAM-Iztapalapa]
Sin embargo, a lo largo de los años esto que nació para proteger esa libertad de expresión de legisladores, se fue extendiendo a otros servidores públicos y se fue corrompiendo hasta convertirse en una patente de corso para hacer y deshacer en nombre de esa inmunidad y en nombre de un cargo público intocable hasta convertirse en expresión atrabiliaria de poder.
El fuero otorgado por la soberanía nacional se ha convertido en un abuso y es ya muy distinto a su espíritu de origen para ser resguardo de corrupciones y delincuencia como se ha visto en muchos casos, tanto en el gobierno federal como en los estatales o municipales.
Así que si el fuero es cobijo de corrupción, el fuero debe desaparecer.
Todo esto viene al caso porque 27 de septiembre de este año, un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara Alta una solicitud para que se les retire el fuero constitucional.
A través del senador Miguel Barbosa Huerta, los legisladores argumentaron que el fuero ‘es herencia del pasado, que se ha ido desprestigiando y que lejos de ser útil genera daño’.
… El representante perredista detalló que esta propuesta ‘es respetuosa de la opinión de otras bancadas, además de que será una decisión personal, aunque recordó que el fuero ha provocado casos en los que se ha vinculado a gobernadores con presuntos actos de corrupción…’. “Así que hay que derogar el artículo 111 constitucional” –dijo Barbosa-.
Ya el 5 de marzo de 2013, los diputados federales aprobaron una serie de modificaciones a la Constitución mexicana relacionadas con el fuero y la inmunidad de los servidores públicos. Sin embargo la minuta que fue enviada al Senado de la República quedó congelada ahí.
Por entonces la polémica se desató luego de que el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que el documento se regresaría a la Cámara de Diputados porque contenía errores.
En realidad el documento acotaba el famoso fuero para evitar que gobernadores y otros funcionarios públicos , como se ha visto, lo aprovecharan para tráfico de influencias, uso de bienes del Estado para fines personales, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito e ilegalidades cotidianas como exigir trato preferencial en todo momento y en todo espacio.
Pero sobre todo los priístas querían resguardar el fuero presidencial pues el documento podría poner en riesgo, según afirmaban los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así que éste junto con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, exigieron eliminar el supuesto de que el Presidente de la República fuera susceptible de rendir cuentas por la comisión de actos ilícitos durante el ejercicio de su mandato.
Esta vez la medida de los perredistas suena a llamar la atención hacia su presunta vocación popular y para estar ‘cerca de la gente’ dicen. Está bien. El tema es que los mexicanos, en mayoría, están hasta la coronilla de abusos y excesos de funcionarios, de todos los partidos, que en nombre de ese famoso fuero cometen ilegalidades a diestra y siniestra.
Ya veremos cuál es la respuesta de la Mesa Directiva del Senado y, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, hay que garantizar la libertad de expresión legislativa, como fue en su origen, pero hasta ahí; una garantía que es derecho de todos los mexicanos. Así que fuera, el fuero.
