Joel Hernández Santiago
Pero, bueno: ¿en qué cabeza cabe que un país con crisis económica, con sacudidas monumentales en su estructura financiera, con debilidad en inversiones extranjeras, con falta de crecimiento comercial y con pobreza de más de sesenta millones de mexicanos y por lo menos 15 millones de ellos que no tienen ni para hoy ni para mañana, se tengan sueldos estratosféricos para unos cuantos y salarios miserables para muchos otros…?… Sí, es así; pero no se quiere así.
¿Ese es el sentido de la justicia social de la que tanto se habla en procesos electorales y en los que se les llena la boca a todos los políticos de todos los partidos para atraer el voto de la gente de a pie y a la que dirigen lisonjas y promesas de que todo habrá de cambiar para bien de su salario, su trabajo y su dignidad humana?
Pues nada, que después de todo terminamos por entrar en los terrenos de la verdad para unos cuantos y la mentira para millones. Los de arriba y los de abajo, que se dice.
Si todo quedara en asuntos de retórica política no habría problema, pero esto tiene que ver con la subsistencia de millones de mexicanos, su alimento, la salud, la educación, el solaz y hasta para de vez en cuando una canita al aire, si se quiere…
Durante la candidatura para ser presidente de México, Enrique Peña Nieto prometió justicia salarial, trabajo digno y garantizado para todos, así como eficiencia en el presupuesto y transparencia y administración justa y equilibrada y tal y tal y tal. Notario habemus. Sí. Pero no.
[Por cierto, ¿En dónde están los notarios que registraron una a una las promesas de campaña para su cumplimiento fiel, certero, oportuno y cierto?]
Ya probamos la parte real de las cosas en este sexenio salado: Luego de las famosas crisis en el extranjero que según el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no afectarían a ‘la fortaleza económica de México’ –decían- y luego de que las crisis en Europa nos hacían los mandados, al final se tuvo que aceptar que el país está en crisis económica y que vienen tiempos peores para el año que entra.
Es más, en las semanas recientes, a la vista de las devaluaciones de la moneda mexicana frente al dólar, se hizo correr la suerte oficial de que esto ocurría ante la expectativa de que “ganara Donald Trump las elecciones en Estados Unidos”… Pero, luego del debate primero y segundo en aquel país en los que ganó allá la candidata demócrata Hillary Clinton, en México el peso anduvo como Lázaro, y al final recayó y ahí está, oscilando en los veinte pesos por dólar. ¿Entonces?
Y en ese mar de angustia, y en ese tronar de dedos por el ¿qué sigue?, pues nada, que se presentó un presupuesto para 2017 denominado “austero” en el que se apretaron las tuercas, que es decir, se le apretó el cinturón a zonas sensibles del desarrollo social, salud, agricultura, educación, naturalmente cultura y en demérito de la calidad de vida de los mexicanos…
Pero la austeridad no es para todos, según el sentido de justicia política en México, sobre todo si se trata de tener bien a los que gobiernan en su favor y legislan en su favor, que es decir, los partidos políticos mexicanos, todos ellos voraces.
La SHCP propone que en 2017 se le aumente el sueldo a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral por 2.3%, para llegar a un monto de 4 millones 292 mil pesos como sueldo anual para cada uno de ellos; esto, más gastos, más viajes, más viáticos, más asistencias adicionales, más pago de asesores que en muchos casos ganan más de 100 mil pesos al mes.
El pretexto: ‘la alta tarea por la democracia y la cultura política de México; que es una institución autónoma y que es altamente especializada su labor….’ De esta manera, los sueldos de los consejeros electorales son de los más elevados dentro del sector público y de los pocos en los que se proponen incrementos…
Y ya se sabe: el INE armó su presupuesto operativo anual para 2017 por más de 11 mil millones de pesos, habida cuenta de que cada consejero es representante de partido y hay, aparte, representantes de partido político en el Consejo General; mientras que para prerrogativas para los nueve partidos políticos registrados, se asignaron más de 4 mil millones de pesos…
Duele el dispendio. Duele el gasto en nombre de la democracia aunque ciertamente los beneficiarios son los partidos políticos, pero también indigna el grado de irresponsabilidad y de abuso de estos operarios insaciables que, luego de tantos años, no han conseguido consolidar nuestra democracia mexicana, lo que terminaría con su razón de ser… A lo mejor por eso.
Están como la Bartola, aunque ésta no es de tres pesos: sí de millones de pesos; ni más, ni menos.
