Moisés Sánchez Limón
En la praxis legislativa y los recursos que arropan a diputados y senadores, hay obsolescencias que se han soslayado por comodidad y conveniencia impune. En consecuencia, temas como el del fuero y la puntual transparencia presupuestal no han sido abordados con la prioridad de otros asuntos de incumbencia nacional.
Hágase justicia en los bueyes de mi compadre, se imagina la postura general en el Congreso de la Unión cuando se trata de abordar iniciativas que implican consecuencia y disciplina legal para los legisladores.
Un caso específico es el del fuero. La inmensa mayoría de los legisladores federales y locales, en público abonan por una reforma constitucional que elimine este recurso porque ha perdido su esencia, es decir, las causas por las que fue legislado y aprobado para convertirse en un discriminatorio mecanismo de impunidad.
Pero, en privado se resisten a legislar para desaparecer esa figura que, en esencia, es obsoleta porque no se ajusta a los nuevos tiempos que privilegian el respeto a los derechos humanos, la inclusión y tolerancia.
Y es que, mire usted, la disposición que otorga el fuero a funcionarios públicos y representantes sociales elegidos por el voto ciudadano, discrimina y otorga un status de ciudadano de primera a quien está protegido por el fuero contra cualquier acto de autoridad, cuando este recurso protege al que lo porta para no ser molestado ni reconvenido por la expresión de sus ideas.
En ninguna parte de la ley se dispone que el fuero constitucional implica impunidad en la comisión de delitos federales y del fuero común. El fuero no es para pasar por encima de los derechos del resto de los ciudadanos.
Habría, entonces, de legislarse en esta materia y encontrar el recurso idóneo que proteja a servidores públicos elegidos por el voto ciudadano y, por supuesto, entre ellos a los legisladores federales y locales, contra cualquier pretensión de violentar su misión de legislar para todos los mexicanos.
¿Habrá esa posibilidad de legislar para desaparecer el fuero, aplicar la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato? Son tres temas que están en la agenda legislativa pero no están, paradoja que implica que ambas cámaras del Congreso de la Unión tienen las iniciativas pero en comisiones no las dictaminan porque implicaría hacerse el haraquiri.
Sin embargo, hay una corriente ciudadana que impulsa y demanda legislar esos temas. Una de esas corrientes tiene su representación en el Partido Sinaloense, instituto político que, en cuatro años, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la segunda fuerza política en el estado de Sinaloa.
En noviembre de 2014, con el respaldo de más de 220 mil firmas de ciudadanos, el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, junto con dos diputados locales del PAS, presentó ante el Senado la iniciativa para legislar en materia de la segunda vuelta y la revocación de mandato.
Esa iniciativa fue recibida con buen ánimo legislativo, pero en el corto plazo su camino fue la congeladora, lo que molestó a Cuén y sus representados, porque hasta hace un mes fue diputado local, y lo llevó a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal resolvió, hace unas semanas, emplazar al Senado para que dictamine la procedencia o no procedencia de la iniciativa.
Este caso evidencia la ausencia de voluntad política para atender esas demandas ciudadanas y, en cambio, prohijar mecanismos churriguerescos como la 3de3, que ha sido calificada por Vicente Fox como una vacilada, aunque en los hechos Andrés Manuel López Obrador la burló olímpicamente. Es el temor a la transparencia.
Más recursos obsoletos hay en el registro de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, pero nadie se atreve a impulsar reformas legales.
Por ejemplo, para qué sirve la llamada “pregunta legislativa” al Presidente de la República, relacionada con su informe de gobierno, si al final del día cualquier respuesta a inquietudes de los legisladores está en el documento público del informe rendido ante el Congreso de la Unión.
Un colega planteó ayer a Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, acerca de las preguntas parlamentarias, un asunto de procedimiento que ya se plantearon al Ejecutivo federal pero hay voces que señalan que este mecanismo de rendición de cuentas está desfasado como que ya no tiene el interés o la función para lo que se establecieron las preguntas parlamentarias.
“Estoy totalmente de acuerdo con eso –respondió Ramírez Marín–. Hay que buscar un nuevo mecanismo porque realmente en la pregunta parlamentaria nosotros le preguntamos sobre cosas que ya vienen en el Informe, el Ejecutivo podría contestarnos, ¿qué no ha leído usted el Informe?
“Creo que tenemos que preocuparnos porque, en general, el tema encuentre una mejor interlocución con el Ejecutivo, yo creo que son mucho más ricas las comparecencias tal y como las hemos venido haciendo con menos discurso, más preguntas, más tiempo para el funcionario para responder, creo que es mucho mejor ese sistema”.
Ramírez Marín, reconocido y experimentado político y legislador tiene la posibilidad de sacudir, junto con otros de sus pares, a ese añejo árbol de leyes que, pese a haber entrado a la cirugía general, transitan entre la obsolescencia y la impunidad. ¿Hay complacencia o voluntad política en el Legislativo? Digo.
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