Moisés Sánchez Limón
En los tiempos legislativos de los grandes dinosaurios, la negociación del gasto público era peccata minuta. Los acuerdos a extramuros de la Cámara de Diputados concluían en un “planchado” profesional que no acusaba arruga alguna y todo el mundo quedaba satisfecho con la porción del pastel presupuestal que le tocaba.
En privado y eventualmente en público, los afectados en la repartición se quejaban, protestaban pero al final arriaban beligerancias y aceptaban añadidos y aportaciones extras o reasignaciones para determinados programas. Y todo en paz.
Elemental. La negociación del presupuesto requería de los amarres necesarios, las relaciones, los acuerdos de conveniencia, el tanto por tanto y los favores políticos. En esto de cabildear los dineros nada es gratis y nada cuesta; tal vez la aportación de dineros que no mellan las finanzas y, en cambio, ayudan al socio político del momento que mañana pagará el favor.
Hasta recientes legislaturas, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, eran personajes experimentados del PRI, luego se sumaron los del PAN, cuando en 1997 Arturo Núñez Jiménez sufrió un golpe de estado técnico y fue defenestrado de la presidencia de la entonces Gran Comisión de la Cámara de Diputados.
Núñez era priista y se le fue de las manos el control del máximo órgano de dirección de la Cámara baja y del Congreso de la Unión en sí, porque el Senado de la República siguió el mismo rumbo.
La Gran Comisión en ambas cámaras pasó a mejor vida y, merced a una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión se creó la Junta de Coordinación Política cuya presidencia es rotativa, por un año, entre los partidos de mayor representación legislativa; lo mismo ocurre con la Presidencia de la Mesa Directiva.
Pero esa pluralidad lejos de abonar a una repartición equitativa del gasto público, como debe preciarse de una democracia legislativa, abonó en terrenos del libre albedrío entre los partidos que ocupaban el turno en las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política.
En consecuencia, se dio paso a negociaciones en las que la moneda de cambio suele ser el de espacios políticos, alianzas y acuerdos de largo alcance que suelen incumplirse o, en todo caso, utilizarse como moneda de cambio en terrenos de control político que trasciende a los espacios del Palacio Legislativo o del Senado.
Un ejemplo elemental es el Pacto por México, concretado en los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, hoy descalificado por quienes de los acuerdos de Chapultepec han hecho desmemoria. Gustavo Enrique Madero sufre amnesia en torno de lo que ahí apostó y no se le cumplió.
Jesús Zambrano y Silvano Aureoles Conejo, ungido gobernador éste de Michoacán y el primero presidente de la Cámara de Diputados, cargo que también ocupó el michoacano en el primer tranco de la LXII Legislatura, son beneficiarios de dicho Pacto y evitan descalificarlo.
El caso es que, hoy en la negociación del gasto público para 2017, no hay moneda de cambio porque ya la usó el perredismo que está, por tanto, obligado a encontrar los espacios de negociación de los dineros que necesita su principal carta en la carrera presidencial; y todo indica que es la única con solvencia moral y basamento para lanzarse en pos de la Presidencia de la República.
Cómo apoyar los proyectos y programas de la Ciudad de México, si el recorte al gobierno capitalino los impacta en batería y desincentiva generación de empleos y áreas sensibles al ciudadano como el transporte y la seguridad pública.
El enojo que pasó al distanciamiento del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto e incluso con él, a partir del anuncio del recorte, encontró una solución a extramuros del Palacio Legislativo de San Lázaro, vísperas de aprobar el esquema final del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, el jueves de esta semana, cinco días antes de la fecha fatal.
Y ésta se observó este martes cuando, finalmente, se celebró este acto en el que el presidente Peña Nieto contó con la presencia de Mancera en la inauguración del segundo piso de interconexión entre el Periférico y la autopista México-Cuernavaca, una obra monumental y emblemática para el desahogo del tránsito vehicular en el sur de la capital del país.
Y también este fue el pretexto para que Peña Nieto anunciara que en lo que resta de su administración, que es el mismo tiempo de dos años que quedan a la gestión de Mancera, se erogará el gasto millonario suficiente para hacer obra en todos los accesos carreteros a la Ciudad de México.
Esas obras, sin duda alguna, formarán parte del apoyo financiero del gobierno de Peña Nieto a la administración de Mancera. Y asunto arreglado. Porque al final será el jefe de Gobierno quien las lucirá y asumirá como parte de sus logros.
De ahí que, lo declarado por el coordinador de la diputación federal perredista, Francisco Martínez Neri, por cuanto a que el tema de los recursos destinados a la Ciudad de México es uno de los que está frenando la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, sea blofeo.
Dice el oaxaqueño que “hay temas torales, los temas de la educación, del campo, de los que hemos venido hablando y, desde luego, el tema de la ciudad, para el PRD resulta de capital importancia”.
Dice que el presupuesto está muy está acotado, pero de lo que se trata es de no afectar a los sectores prioritarios y advirtió que no admitirán que se dañe al sector indígena, al campo, a la educación, a la salud y al agua. Lo dicho, esto del gasto público está lleno de buenos deseos y mejores desencuentros, para qué tanto brinco. La sonrisa de Mancera, ayer en el acto vial con Peña Nieto, lo dice todo. O sea. Digo.
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