Por Aurelio Contreras Moreno
En las últimas semanas, el estado de Veracruz y en particular Xalapa, su ciudad capital, viven una situación cercana al colapso por la insolvencia financiera del gobierno estatal, que lo ha llevado a incumplir con sus compromisos básicos de pago a sus empleados y proveedores que, a su vez, presionan con protestas callejeras.
Hemos dado cuenta con anterioridad en este mismo espacio que Xalapa se mantiene en estado prácticamente de sitio durante los días hábiles a causa de las manifestaciones y bloqueos que de lunes a viernes estrangulan la vialidad y, por ende, la movilidad y la actividad de la ciudad entera.
Esto ya le representa a Xalapa grandes pérdidas económicas, con cierres de negocios incluidos, así como afectaciones a la salud, la educación y el trabajo de sus habitantes.
En contraparte, los quejosos señalan –sin que les falte razón- que si no protestaran de esta manera, no habría manera de que el gobierno estatal moviera un dedo para atenderlos. Y la reacción de la misma autoridad lo confirma: sólo de esta manera ha sido posible que pague salarios retrasados a la burocracia y pensiones a los jubilados, que transfiera parte de sus participaciones federales a los ayuntamientos y que abone a las deudas que mantiene con sus diversos acreedores.
Sin embargo, la precariedad económica aunada a la franca debilidad política de la administración interina que encabeza Flavino Ríos Alvarado, hacen insuficiente cualquier esfuerzo por mantener una mínima estabilidad en todo el territorio estatal. Siempre hay alguien a quien no se le ha pagado, a quien no se le cumplió algo, y lo demanda de la misma manera. Presionando en las calles.
Los últimos días las protestas han subido de tono. Los bloqueos han paralizado por días a la capital veracruzana, dejando sin servicios públicos de salud a la población de escasos recursos y amagando con que las principales ciudades queden sin vigilancia de elementos de seguridad.
En un hecho inédito, un grupo de empresarios xalapeños que reclaman el pago de adeudos por más de 200 millones de pesos que el gobierno mantiene con ellos, bloquearon los accesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación y prendieron fuego a un automóvil viejo en la vía pública, con los riesgos que para la población tiene un acto de esta naturaleza, y cuyo objetivo fue el de llamar la atención de los medios nacionales, lo cual consiguieron.
También llamaron la atención de algunos de sus pares empresariales, que condenaron lo que llamaron “actos vandálicos”, así como la del gobernador interino Flavino Ríos, quien los acusó de estrangular la situación financiera del estado al impedir el trabajo en la Secretaría de Finanzas.
Pero la reacción más llamativa, y quizás la más preocupante de todas, fue la del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien en menos de una semana asumirá la gubernatura del estado de Veracruz.
Yunes Linares emitió un comunicado en el que acusó al gobierno interino de ser omiso “frente a la situación de ingobernabilidad que se vive en algunas zonas de la entidad, lo cual daña la imagen del estado a nivel nacional e internacional”. Y agregó: “el hecho de que la ciudad de Xalapa esté todos los días dislocada y que otras ciudades estén bloqueadas, sin que el gobierno interino haga absolutamente nada, da una imagen de un estado convulso. El Gobierno del Estado no debe seguir solapando la anarquía ni el desorden; se está causando un grave daño a Veracruz. El derecho de las personas termina donde empieza el derecho de los demás”.
¿Está anunciando Yunes Linares que no tolerará las manifestaciones de protesta que seguramente no cesarán en la entidad a partir del 1 de diciembre, cuando asuma el poder? ¿Su propósito es mantener la gobernabilidad a punta de garrote, como se dice hacía cuando fue secretario de Gobierno de 1992 a 1997?
La semana entrante, con seguridad, lo sabremos.
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