Moisés Sánchez Limón
En una elemental estrategia de victimización, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, amenazó con el petate del muerto al Instituto Nacional Electoral (INE), cuya Comisión de Quejas le ordenó abstenerse de otorgar entrevistas en las que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno.
Y, bueno, cumplió la primera parte de la rabieta. Ante la oficialía de partes del INE, presentó la impugnación al ordenamiento de la Comisión de Quejas de prohibirle dar entrevistas a medios de comunicación en las que hable de sus aspiraciones presidenciales o sus acciones de gobierno.
La queja será remitida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); en ella argumenta que la resolución de la Comisión de Quejas viola el artículo 6 de la Constitución, que garantiza a todos los mexicanos la posibilidad de expresarse en libertad. Sí, pero él es un político que tiene poder y aspira a tener más y, en esa ruta, gasta millones de pesos. ¿Y de dónde?
“Nos pronunciamos en contra de la resolución del INE en la que se me prohíbe hablar de mis logros y capacidades personales”, insistió y acusó al INE de propiciar la inequidad, “intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura”.
¿Quiénes hacen las leyes? ¿Por qué hasta hoy alza la voz en demanda de respeto a la libertad de expresión? Dice Moreno Valle Rosas que “este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos de nuestro sistema democrático”.
No, virrey, no es así. Por mucho que sus estrategas hayan echado a andar el aparato de la comunicación subvencionada, ésta que lo defiende y se rasga las vestimentas porque se asume destinatario de una supuesta represión y acusa amnesia en torno de las reformas electorales que han defendido los legisladores al servicio de gobernantes como el poblano.
Pero, vaya, Moreno Valle Rosas dijo que estas acciones buscan descarrilar su carrera hacia el 2018 e insistió en que no ha violado ninguna norma electoral o política registrada en la Constitución. ¡Ah!, pero pidió piso parejo para con todos sus correligionarios, como para los rivales de otras coaliciones partidistas.
¿Así o más clara la causa del enojo virreinal?
Moreno Valle Rosas quiere ser candidato a la Presidencia de la República y, ¡por supuesto!, Presidente.
Y ha decidido jugarse todo por el todo en esa carrera que comenzó desde aquellos días en que determinó ir a contracorriente del partido que lo lanzó al estrellato político, es decir, el PRI, al que renunció para echarse a los brazos de la disidencia encabezada por la maestra Elba Esther Gordillo, a quien luego desconoció cuando ya lo había instalado en el Palacio de Gobierno de la capital poblana.
En esa tarea, Moreno Valle Rosas cuenta con un equipo que ha probado eficiencia y resultados en tareas de posicionamiento y cooptación de comunicadores, estrategias electorales y todos los etcéteras que un aspirante al máximo cargo de elección popular en México debe tener.
Cuenta con el respaldo de un importante número de diputados federales poblanos, de la mano de senadores de la misma entidad, entre ellos Javier Lozano Alarcón, quien sueña con ser gobernador de Puebla y espera que en dos años Toni Gali le entregue el poder, justo cuando Moreno Valle Rosas se haya lanzado a fondo en pos de la Presidencia de México.
Acusa al INE de haber propiciado inequidad, “intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura”.
Dice que el acuerdo es discriminatorio contra su persona y lo que le reclaman forma parte del discurso de otras figuras públicas como Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y los gobernadores de Nuevo León, Morelos y Michoacán. O sea, en el simplismo foxiano de por qué ellos sí y yo no, pretende pasar por encima de ordenamientos legales.
Y mire usted, Moreno Valle asegura que esa resolución violenta sus derechos políticos, libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre su gestión en el gobierno de Puebla.
Pero, en las entrevistas y sus promocionales alude a logros que no sustenta documentalmente. No hay una sola imagen de esos hospitales, escuelas, ambulancias, servicios médicos y testimoniales de beneficiarios de lo que presume el virrey como logros o aquello que lo vende como “el gobernador que cambió a Puebla”.
Dice que se atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Sí por supuesto, los mismos tratados internacionales que ha violentado en su tránsito como gobernador. ¿Cuántos presos políticos hay en Puebla, consecuencia de disentir con el virrey?
Afirma, además, que “este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos de nuestro sistema democrático”. ¿A los medios que tiene a sueldos millonarios?
Y, en un baño de salud, advierte que el uso arbitrario de la ley hoy lo perjudica, pero si hoy se permite que esto se convierta en norma, “mañana atentará contra cualquier otro ciudadano”. Vaya, vaya con este virrey. ¿Prosperará la estrategia de la victimización? El virrey está enojado y presentó una denuncia. Vaya, vaya… Conste.
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