Moisés Sánchez Limón
El martes de la semana pasada, el pleno de la Asamblea Legislativa (aún) del Distrito Federal aprobó la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, contra el más elemental sentido común, pero acicateada por el elemental interés partidista y de avidez recaudatoria de la autoridad local que tiene su núcleo en zonas populares de delegaciones con conflictos de tráfico de influencias, invasión de terrenos y casas habitación.
Sin duda, las huestes del perredismo y del morenismo desconocen la parte medular de dicha ley que, de prosperar en la publicación del decreto de ley, implicará un asalto en despoblado y, si hoy su casa cuesta un millón de pesos, dentro de diez años, veinte o treinta años costará lo mismo, es decir, el incremento elemental de precio por la plusvalía no será de ellos, le habrá sido confiscado por autoridad capitalina.
¿A los chilangos los defienden los diputados locales y federales de Morena, el PRD, el PRI o el PAN? Primero lo primero. Los legisladores dicen que no pasa nada, pero pasa. Y pasa tanto, que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se echó para atrás y advirtió vetará esa ley. ¿Le creemos?
Déjeme robar un poco de su atención. El tema vale la pena. Veamos. El viernes de la semana pasada aludí en este espacio al tema de la plusvalía aplicable a los inmuebles en la capital mexicana, como una puntada legislativa y las ganas de joder al vecino, es decir, al mejor estilo de Santa Anna cobrar un impuesto al valor ascendente que obtiene un bien raíz, además del impuesto al predial.
El diputado verde Fernando Zárate Salgado, se pronunció contra dicha Ley de Vivienda y advierte de los graves riesgos de inconstitucionalidad que entrañaría el cobro de la plusvalía porque viola el elemental principio de certeza jurídica previsto en la Constitución General de la República, amén de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México analiza no aplicar cobros adicionales por concepto del valor agregado a los propietarios de inmuebles.
Un principio básico es que ninguna ley secundaria podrá estar por encima de la Ley máxima que es la Constitución.
Por ello, refiere Zárate Salgado, de prosperar la ley impulsada y defendida por perredistas, panistas y priistas, con la silente complicidad de los legisladores de Morena, los capitalinos estarían en condición vulnerable a los potenciales adquirientes de vivienda nueva en desarrollos habitacionales que sean catalogados como de “Interés Popular” o de “Interés Social”, ya que sólo fija los precios mínimo y máximo, expresados en Unidades de Cuenta, pero no especifica las condiciones, dimensiones ni características técnicas en que se deberá otorgar la vivienda.
Como diputado local del Partido Verde Ecologista de México, recordó que su bancada presentó ante la Comisión de Vivienda 35 observaciones a lo largo de los meses en que se analizó la iniciativa aprobada el martes de la semana pasada; incluso, ese día presentó ocho reservas más, como lo citó en un comunicado que distribuyó entre los reporteros que cubren la fuente de la ALDF.
Pero, acusó, “prevalecieron los intereses de partido y del gobierno de la Ciudad de México para impulsar una medida electorera que difícilmente resolverá la problemática de la capital del país en materia de vivienda, la cual ha provocado que en los últimos años decenas de miles de personas migren a municipios conurbados, deteriorando su calidad de vida”.
ASALTO EN DESPOBLADO. El artículo 94 de la ley de marras establece: “El gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México.
“La Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto (de Vivienda) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalía para la adquisición de reservas territoriales, para la construcción de vivienda de interés social y popular, y la producción social del hábitat y vivienda”.
Panistas, priistas y perredistas consideran que dicha ley no crea ningún impuesto o gravamen más. Pero soslayan el concepto DE LOS RECURSOS OBTENIDOS. Entonces es viable preguntar ¿de dónde se obtendrán esos recursos, quién los aportará, qué porcentaje se deberá aplicar y a dónde irá el resto de los recursos captados por plusvalías?
Ese artículo, el polémico, tampoco señala que la captación de plusvalías provendrá solamente de desarrollos habitacionales nuevos y tampoco precisa el tipo específico de vivienda a la que se decomisará la plusvalía, por lo que la vivienda de interés social y popular podría ser afectada de la misma forma como la vivienda media o residencial.
La Constitución General de la República prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, pero en la Ley de Vivienda no se señala en qué momento el gobierno de la Ciudad podría ejercer acción fiscal para retener los recursos provenientes de las plusvalías de los inmuebles. Tampoco deja a salvo las casas unifamiliares, pues no diferencia si se gravará a conjuntos habitacionales o también las operaciones con casas unifamiliares o incluso en la venta de inmuebles de carácter comercial o industrial.
Tampoco clarifica quién y bajo qué criterio podrá establecer el monto de la plusvalía que se atribuya a un inmueble, de tal forma que quedaría el propietario en una condición de indefensión por la falta de claridad en lo que dispone la propia ley.
Mire usted, por ejemplo, si una persona compra un departamento con un monto total escriturado de 500 mil pesos mediante un crédito de Infonavit o de FOVISSSTE, regularmente –cuando se salda la totalidad del crédito– el propietario termina pagando tres veces el monto de lo otorgado. Esto es, dentro de 25 o 30 años, cuando termine de pagar su crédito, el monto total pagado por el trabajador podría ser de un millón 500 mil pesos, pero su escritura solamente amparará un valor de 500 mil pesos.
En términos llanos, conforme con lo previsto en el artículo 94, el trabajador, al momento de terminar de pagar su crédito, podría perder por cobro de plusvalía, el millón de pesos que pagó en demasía para saldar su crédito, sin contar que dentro de 25 óo30 años el inmueble que compró en 500 mil pesos podría tener un valor de 3 o 4 millones de pesos, pero el trabajador sólo podría hacer uso de sus 500 mil pesos originalmente escriturados.
El tema de la Ley de Vivienda generó reacciones de las dirigencias de los partidos PAN y PRI a nivel nacional. Éstos han señalado que no apoyarán la afectación de las plusvalías, pero los diputados de sus partidos en la ALDF se empecinan en decir que la ley no es fiscalizadora ni confiscatoria. ¿No? ¿Tampoco electorera y recaudatoria? ¿Qué opinarán sus clientelas en zonas habitacionales cuando se enteren que pasado mañana sus casas, incluso las de interés social, valdrán lo que se le unta al queso? ¡Arriba las manos! ¡Esta es una plusvalía! Digo.
LUNES. Para hacer un balance anual de su gestión al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza se reunirá este lunes con los reporteros de medios impresos y electrónicos que cubren regularmente la fuente de la SCT, una de las dependencias estratégicas del gobierno federal en términos de infraestructura y desarrollo económico nacional.
El pronóstico de este encuentro es positivo, ya que si algo ha caracterizado a Ruiz Esparza en su relación con los medios, es su política de puertas abiertas a la prensa, a la que siempre ofrece un espacio en las giras de trabajo y eventos institucionales en los que participa, para responder a todas a las inquietudes informativas que le plantean los comunicadores, a los que, nos dicen, nunca les saca la vuelta.
También nos cuentan que el secretario aprovechará para resaltar las grandes obras que serán el legado de este sexenio peñanietista, entre las que destacan el tren Interurbano México-Toluca, el Eléctrico de Guadalajara, 28 nuevas autopistas de 52 programadas, la Reforma de Telecomunicaciones, el aumento de la capacidad operativa de los puertos y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por cierto, la semana pasada, en su mensaje inaugural de la modernización de la carretera Tepeaca-Tehuacán, en Puebla, Ruiz Esparza resaltó que más allá de diferencias partidistas hoy lo que México necesita es estar unido, pues –citó– cuando no lo hemos estado, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas. La historia demuestra que nuestra reserva más importante ha sido la unidad de los mexicanos. Conste.
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