Moisés Sánchez Limón
Alguien le puso el cascabel al gato en la Cámara de Diputados y metió a este órgano del Poder Legislativo en la ruta de la transparencia. En asuntos de dineros, la opacidad tiende a ser asunto del folclor político, porque quien reciba bonos extraordinarios deberá demostrar en que los gasto y, si los usó para beneficio personal, pagar los impuestos de ley.
Interesante y de suyo ésta decisión abona a favor de la mala fama pública de los diputados, y de los senadores también, porque instalados permanentemente en el sitio de desaprobación ciudadana que confía en pocas instituciones.
El anuncio de que los diputados recibirían, en principio, un bono de medio millón de pesos por fin de año, una especie de aguinaldote, desató en las redes sociales el linchamiento de los próceres del Legislativo.
Y, aun cuando el dichoso bono se redujo a 150 mil pesos como asignación para apoyo de tareas legislativas, en la opinión pública hay serias reservas en torno de los dineros que se reparten diputados y senadores porque, consecuencia de la mala fama, nadie cree que los vayan a utilizar para fines de tareas legislativas.
Y menos cuando un grupo de diputados, incluso del PRI, anuncia que no aceptarán el dichoso bono, aunque el monto de éste no será reintegrado a la Tesorería de la Federación, porque volverá a las arcas camarales.
Así, en medio de esa polémica y críticas hacia los diputados federales, el Comité de Administración de la Cámara baja, aprobó otorgar un bono de 150 mil pesos a cada diputado federal mediante sus bancadas. El dinero podrá ser justificado sin necesidad de presentar comprobantes fiscales, incluso solo con fotografías.
Los coordinadores de las fracciones del PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, se pusieron de acuerdo y determinaron que solo a los diputados que lo soliciten por escrito, no se les entregará esa cantidad por concepto de apoyo único y los recursos se integrarán a las arcas de la Cámara de Diputados.
Hasta anoche 75 diputados federales habían rechazado esos recursos, de ellos 36 pertenecen a Morena, 23 a Movimiento Ciudadano, 10 al PRI, 4 del PAN, 1 del PVEM y un independiente.
Pero, hete aquí que se apersonaron funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con integrantes del Comité de Administración de la Cámara baja, analizaron las medidas fiscales relacionadas con las asignaciones o apoyos otorgados a legisladores.
Jaime Eusebio Flores Carrasco, administrador general jurídico del SAT, dijo que la reunión fue para aclarar dudas sobre el contenido del oficio que expidió el SAT bajo el título Criterios y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, aplicables a las asignaciones o apoyos otorgados a legisladores.
Así, a partir del primero de enero de 2017, los apoyos parlamentarios que reciban los legisladores los tienen que comprobar ante la instancia que otorga esos recursos, en este caso la Cámara de Diputados.
Y Flores Carrasco advirtió que, quienes no comprueben en qué gastaron los recursos extraordinarios que reciban, tendrán que pagar los impuestos correspondientes. Se consigna que las asignaciones son para atención ciudadana, asistencia legislativa o parlamentaria, gastos de gestión, apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del trabajo.
El oficio advierte que, en caso de que sea materialmente imposible obtener el CFDI, se autoriza a que dichos comprobantes se recaben a nombre y con la clave del Registro Federal de Contribuyentes del legislador, de acuerdo al artículo 36 Bis del Código Fiscal Federal. “Los apoyos parlamentarios se tienen que comprobar y eso lo vienen haciendo los legisladores”, citó el funcionario.
¿Se acaba la opacidad en esos gastos otorgados con olímpica laxitud? Bueno, por lo menos ahí está el intento
“Si no hay una comprobación, la ley establece que ese recursos tiene que ser gravado” y se deberá pagar el Impuesto, en los términos del Título IV, Capítulo IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, insistió Flores Carrasco.
El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, admitió que este recurso extraordinario en los años anteriores no fue fiscalizado, y reconoció que hay muchos diputados que le temen a la comprobación dado que es la primera vez que se realizará.
Luego la demagogia de los diputados del PRD, quienes afirmaron que sus bonos los donarán a instituciones de asistencia social o a fines benéficos, aunque las autoridades advirtieron que en tal caso deberá también presentarse el respectivo recibo. ¿Les creemos?
Como referí en la entrega anterior, hay temas que se alzan con prurito, o de plano son asuntos tabú. Interesante la postura de Ramírez Marín. Pero, ¿cumplirán los diputados y de la mano los senadores? ¿Se acabará la opacidad? Permítame un pensamiento azuzado por la experiencia: este asunto tiene olor, color y síntomas electoreros. Digo
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