Inicia 2017 y seguimos viendo que los tolucopachucócratas son pródigos en dislates, inoportunos hasta en sus ocurrencias, lamentables en despropósitos, voraces en los “bisnes”, bonos y moche$… y sanguinarios contra la sociedad. Atentan sobre su propia y obligada gobernabilidad. Su sistemita sin Manual de Procedimientos, rumbo ni ritmo, es lamentables en extremo, en el uso de esos artificios de ocasión. Son erráticos y patéticos en grados y niveles extremos.
Como no tienen sustento ideológico ni respaldo popular, los aparatos de gobierno llegados al poder por el azar, responden casi siempre con bastonazos de ciego a los reclamos de la población. Nunca miden las consecuencias de sus impromptus. Ellos creen que atinan cuando lanzan golpes al aire, aunque sean letales contra sus propios intereses. El mega gasolinazo es sólo un ejemplo. El más reciente. Quizá el letal.
Adoptan, por lo general, medidas lacerantes, lances desafortunados y sangrientos al estilo de la “guerra contra el narcotráfico” del calderonato, del desgastado “bono democrático” del foxismo o las reforma fiscal y energética, regresiva una, abusiva la otra, ambas del peñato. Todo es para cubrir apariencias, para demostrar una fuerza inopinada, que a la postre son puras balandronadas de “estadistas” fallidos.
Muy aplaudidos en su momento por los mentecatos de la gradería o por compañeros de aventura política que ven en dichas medidas su salvación y permanencia, pero cuando se percatan de las consecuencias, si es que alguna vez lo hacen, es demasiado tarde para dar marcha atrás. El daño ha sido hecho.
Ya nos han condenado a la miseria
Cuando se dan cuenta, han acabado con el país, traicionado los principios fundamentales de la convivencia, ensangrentado todos sus caminos, enfrentado a sus gobernados. Arrasado con el pueblo, condenándolo al sufrimiento, a través de la masacre, la rapiña y la miseria.
Los peores son aquéllos que están impedidos para gobernar. Ante el rechazo de la población a sus medidas, utilizan la venganza como razón de Estado. Se vuelcan contra los peticionarios de justicia, aplicando en contra innumerables mecanismos de represión administrativa y judicial para hacer valer sus posiciones.
La ley del garrote, la postura pueril de la amenaza, en lugar del consenso, o cuando menos, del convencimiento o de la persuasión.
Y todavía culpan a los que exigen
Sus políticas, de alguna forma hay que llamarles, no tienen un ápice de aspectos preventivos, carecen de prospectiva y de permanencia. Pertenecen al grupo de lo peor: son sólo disuasivas. Reaccionan visceralmente ante el reclamo razonado. Culpan a los que exigen, como si fueran los responsables de su falta de discernimiento.
Lo que, por ejemplo, sucedió a mediados de 2016 en el ignorante y feroz atropello normativo y político a los empresarios reclamantes de la aprobación de las siete leyes del mentado Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene paralelo, salvo en épocas de las gavillas revolucionarias, cuando éstas ejecutaban a los negociantes y hacendados que se rehusaban a cooperar con la causa.
La cooperación forzada a un improperio gubernamental es represión. Llámenle como le llamen. Es inaudito, en épocas de paz, que se recurra a la intolerancia y a la represión, por obra y gracia de las fallas del Estado. Si los miembros de la Coparmex salieron a las calles a exigir con un “Basta a la corrupción”, están en su legítimo derecho.
No debió responder la tolucopachucracia con semejante ridículo legal. Si pidieron que, de una vez por todas se aprobaran las leyes que prometió Peña Nieto en su excusa por la incapacidad de no aclarar ni jota de la masacre de la montaña guerrerense, el Estado no puede responder enjaretándoles una obligación que no les corresponde.
¿Anticorrupción? Sólo una mala broma
Sólo un Estado policial, nada más un régimen despótico o un liderazgo totalitario puede exigir que los miembros de la iniciativa privada que laboran en los territorios sojuzgados, sean obligados a presentar sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés. Fue un gazapo tamaño caguama.
Olió a venganza de la peor ralea, del más corriente jaez, querer aplicar a los empresarios, que no reciben dinero del erario público para ejercerlo, la ingenua –a pesar de lo que se diga en contra– Ley 3 de 3, que, como todo en este país, también nació de una ocurrencia panfletaria de foristas televisivos, algunos de ellos financiados por fundaciones extranjeras de reconocida y putrefacta calaña.
Fue una trampa vulgar y una perversión macuarra. Trampa, en cuanto usaron el garlito legislativo para cubrir las deficiencias de una iniciativa remendada que los legisladores de pacotilla desnaturalizaron para hacerla aparecer como la original. Excluyeron a los consanguíneos de los fruncionarios, y después quisieron incluir a quienes protestaron por la maniobra distractora.
Perversión macuarra, en tanto trasladaba a la iniciativa privada, y por ese camino a todos los mexicanos, una obligación de transparentar recursos, de rendir cuentas, que está dirigida a los empleados públicos, para mitigar los altísimos niveles de corrupción de tolucos y pachuquitas.
De ninguna manera a los demás mexicanos, que en teoría y práctica, somos sus patrones ante quienes deben rendir cuentas, no sus paniaguados para forzarnos a cumplir leyes que ellos se rehúsan a cumplir. Hasta Margarita Zavala, la dama del rebozo mordido y arrastrado, esperanzada en el apoyo político de Los Pinos, declaró que ella jamás cumpliría con esa responsabilidad. Finalmente hace poco la efectuó.
Payasadas legaloides de la tolucopachucracia
Parece que en todos lados conocen los fundamentos jurídicos del sistema político mexicano, menos en Los Pinos ni en las Cámaras de Diputados y Senadores, donde deberían saberlos al dedillo. Están hechos un mar de confusiones, un desierto de ignorancias, una cueva de paranoicos.
Esquizoides que se la pasan pidiendo el apoyo de todos los sectores, pero en realidad, son enfermos de ambición y codicia. Repelen a todo aquél que se los brinde, hasta que llega el momento del hartazgo y los inversionistas se fugan con más de 200 mil millones de dólares que salieron del país en los últimos meses…
… y que si fueran ciertos los planteamientos del gobierno, ese dinero ahora estaría en circulación, en monedas de cuño corriente, generando empleos y oportunidades para las gruesas franjas de menesterosos y hambrientos que han sido abandonados a su suerte, gracias a los dislates y payasadas legaloides de la tolucopachucracia.
Ya deben ir pensando en soltar el arpa
El gobierno de los mexiquenses es, en realidad, el teatro del absurdo. Ni en los momentos de crisis más aciagos habíamos visto a tan poquitos cometer tan grandes errores. No sólo conmocionan a los ciudadanos de este país, también causan lástima y pena ajena en el mundo civilizado al que creen pertenecer.
Un gobiernito que aspira a ser dictatorial, sin los arrestos que tal género político exige de sus principiantes. Un sistemita que quiere amenazar comerse a sus críticos con dientes prestados. Un grupito de desclasados que no sabe ni para qué sirve un garrote.
Una claque de descastados que arrasa a quién se deje. Que se lleva todo lo que esté mal acomodado. Que no tiene ningún recurso para salvarse de la carcajada, la mofa y el escarnio nacional y externo. Que debe estar pensando seriamente en soltar el arpa, antes de que empiece el baile.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: El sistemita está exangüe. En las últimas. No es nada más el Ejecutivo. Lo mismo sucede en el Judicial y en el Legislativo. La ineficiencia, inoperancia y rapiña ya lo tienen en las últimas. Y como ejemplo, don Alfredo Álvarez Barrón comenta: “El Comité de Administración de la Cámara de Diputados autorizó, con un costo de 8 millones 100 mil pesos, el cambio de 2 mil 300 metros cuadrados de alfombra en la sala de sesiones y oficinas alternas, cuya antigüedad, por cierto, no rebasaba los 4 años y medio. De tal forma, el metro cuadrado del nuevo recubrimiento tuvo un costo de $3,521.70. Pero una alfombra así no la tienen ni los casinos de Las Vegas, pues con las prisas por gastar hasta el último centavo del presupuesto asignado a la Cámara, a estos respetables servidores públicos se les pasó la mano, y a las pruebas me remito: la alfombra a instalar en este tipo de recintos debe ser, por norma, de tráfico pesado con una vida promedio de 10 años y su precio en el mercado puede variar desde $130.00 hasta $350.00 el metro cuadrado, no más. Así que mientras millones de mexicanos pasamos las de Caín para llevar a la mesa el pan nuestro de cada día, nuestros honorables legisladores se dedican a lo que mejor saben hacer: despilfarrar el dinero ajeno.”. Y El Poeta del Nopal cierra elegantemente el círculo: “Su rapacidad asombra, / y el colmo de los excesos: / ocho millones de pesos / ¡esconden bajo la alfombra!”
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