Por Aurelio Contreras Moreno
Si en un lugar hay que buscar la raíz de la impunidad de la que gozan los responsables de los repetidos atracos a las finanzas del estado de Veracruz, es en el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Desde su creación en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el Orfis ha sido uno de los más grandes fiascos de la administración pública estatal, utilizado más bien como arma política para amenazar a alcaldes de partidos y grupos opositores al régimen, y que invariablemente ha servido de “tapadera” de las corruptelas cometidas por las distintas autoridades de los tres poderes, en particular del Ejecutivo.
Nunca se ha procesado en Veracruz a ningún “pez gordo” a partir de una denuncia por las revisiones del Orfis a las sucesivas cuentas públicas, desde el año 2000 en que comenzó a operar hasta el 2014.
Y aunque por primera vez el Orfis señaló claramente la existencia de irregularidades constitutivas de daño patrimonial en la Cuenta Pública de 2015 del Ejecutivo estatal, puso una trampa en su informe para que no haya nadie contra quien actuar por la vía penal.
El presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública de 2015 del Ejecutivo estatal, determinado por la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura y aceptado por el Congreso del Estado asciende a alrededor de 14 mil millones de pesos. Solamente en ese ejercicio fiscal.
Sin embargo, la trampa está en que el Orfis no señaló a ningún ente ni dependencia del Ejecutivo como responsable de ese multimillonario quebranto, ni en su conjunto ni sectorizado, sino que todo lo concentró en la llamada Cuenta Pública Consolidada, que es un documento que engloba las observaciones a todo el Poder Ejecutivo pero que no está referido a nadie en particular, como sí ocurre en cambio en los informes de resultados sobre cada una de las dependencias de la administración pública estatal.
Y al revisar uno por uno los referidos informes de resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública de cada secretaría de despacho en ese año, lo que se encuentra es que ninguna tiene observaciones sobre daño patrimonial, salvo temas específicos que se reportaron aparte, como ese pozo sin fondo de corrupción que es el inacabable túnel sumergido de Coatzacoalcos, en donde tampoco nadie ha rendido cuentas.
Cuando las actuales autoridades quieran proceder a fincar responsabilidades por el desvío de esos 14 mil millones de pesos de la Cuenta Pública de 2015, en los informes de las dependencias no encontrará ninguna referencia al respecto, y por lo tanto, no podrá proceder contra sus titulares.
Las denuncias que ya se interpusieron y las que vengan por ese ejercicio fiscal serán no contra un ente fiscalizable sino contra un documento, la Cuenta Pública Consolidada, por lo que la determinación de responsabilidades puede durar una eternidad o ni siquiera llegar a concretarse.
En vez de determinar el daño patrimonial correspondiente a cada dependencia, mañosamente el Orfis lo cargó en un documento que aglutina la información de todo el gobierno estatal, y por el cual nadie pudo ser llamado a realizar el proceso de solventación.
La tomada de pelo es monumental.
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