Claudia Rodríguez
En tanto la Administración federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han montado toda una estrategia mediática en la supuesta defensa de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos o ya han sido deportados, levantando la voz en contra de la violación de sus derechos humanos; aquí en México como siempre, se cocinan normas jurídicas y leyes que atentan en contra de la dignidad y hasta de la seguridad de los mexicanos.
Es el caso particular de lo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se analiza con respecto al uso de la fuerza pública sin que importe se violen los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión que permitan la actuación de las autoridades para controlar multitudes en el Estado de México.
El asunto es preocupante pues pese a que la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y legisladores del Congreso mexiquense presentaron una acción de inconstitucionalidad al proyecto de dictamen elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán; en el mismo se advierte del permiso del uso de la fuerza pública para inhibir discursos o expresiones políticas que sean consideradas ilegítimas.
Existe un proyecto del ministro Pérez Dayán que está en turno para ser discutido en los próximos días, sin embargo, sea o no aprobado, el asunto sólo de origen es demasiado preocupante.
El uso a discreción de la fuerza de las autoridades en contra de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales, justo en un año importantísimo de activismo político en el Estado de México: ¿a quién beneficiaría?
Es claro que todo se trata de atemorizar a los habitantes y a los ciudadanos, en específico, mexiquenses; no vaya a ser que sus títeres Josefina Vázquez Mota y Alfredo del Mazo, vayan perdiendo las elecciones para gobernador en el Estado de México.
El dictamen de Pérez Dayán y el curso que tome, requiere de la atención inmediata de la sociedad nacional o sería tanto como permitir de facto, el uso de la fuerza pública y militar a discreción de los cuerpos de seguridad.
Acta Divina… El proyecto de Pérez Dayán valida a las corporaciones de seguridad en el Estado de México, a emplear uso de la fuerza para controlar multitudes y disturbios públicos, sin que la norma precise cuándo y bajo qué circunstancias se considera que está alterado el orden y la paz social, como tampoco limita el tipo de armas, sean letales o no.
Para advertir… A nadie extraña que “El Chapo” haya señalado que Peña Nieto le haya propuesto matar a Andrés Manuel López Obrador.
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