Javier Peñalosa Castro
Mientras los equívocos y las improvisaciones prevalecen en las acciones de gobierno, y específicamente en un campo tan delicado como el de la política exterior, el barco del País sigue haciendo agua, y no parece haber tripulación capaz de achicar los sectores anegados de la maltrecha embarcación, y menos aún de reparar los daños para mantenerla a flote.
Un día sí y otro también la gente recibe noticias desalentadoras, por más que se insista en la negación como fórmula para tratar de ocultar los problemas, como quien echa la basura debajo de la alfombra para simular que limpió.
Durante los últimos días ha estado creciendo como bola de nieve en avalancha el escándalo de sobornos protagonizado por la el consorcio brasileño Obedrecht, que ha salpicado a políticos de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y los que se acumulen, a tal grado que los procuradores o fiscales generales de estas y otras naciones están o han estado en la capital brasileña para tratar cada caso en particular.
Muchos de los datos de la investigación permanecen en secrecía. Sin embargo, se sabe que, en México, la entidad que recibió el mayor número de sobornos fue Petróleos Mexicanos, que firmó jugosos contratos con Obedrecht, incluso brincándose el requisito de la licitación.
Ha trascendido que la firma brasileña repartió en México “moches” por al menos 10 y medio millones de dólares entre altos directivos de la maltrecha paraestatal, lo cual parece un monto demasiado conservador, habida cuenta que los sudamericanos dedicaron 788 millones de dólares a “maicear” funcionarios de la región, y que en México obtuvieron jugosas concesiones, por ejemplo, en el negocio de etileno, donde firmaron un contrato a 20 años.
Por lo pronto, el flamante procurador general de la República, Raúl Cervantes, viajó a aquel país para conocer detalles del entramado que empieza a descubrirse y que tiene al borde de la cárcel al expresidente brasileño Lula da Silva, al peruano Alejandro Toledo, y a sus antecesores Alan García y Ollanta Humala, al jefe de campaña del mismísimo Nobel de la Paz colombiano y actual presidente de aquel país, Juan Manuel Santos, así como a muchos ministros y altos funcionarios de los gobiernos a los que corrompió Obedrecht.
Aquí, moches por 10.5 millones de dólares no pintan
En México las noticias no han inquietado mayormente a los socios y clientes de la multinacional brasileña, especialmente por el monto —aunque es igualmente grave un ilícito de este tipo—, y por la comparación con las anomalías descubierto en el manejo de las finanzas públicas.
Así, a pocos parece llamar la atención que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado irregularidades por 165 mil millones de pesos (no 10, sino al menos 10 mil millones de dólares de acuerdo con la paridad peso dólar en 2015) en el manejo de las finanzas públicas.
El reporte de la Auditoría General de la Federación es un amplio catálogo de deficiencias, desvíos e incluso ilícitos que año con año escandaliza a las “buenas conciencias”, y que 12 meses después vuelve a presentarse.
A instancias de diversas organizaciones de la sociedad civil, se ha venido impulsando la creación de una fiscalía anticorrupción. Hasta ahora se ha designado a un Comité de Participación Ciudadana, pero falta aún que se designe al fiscal anticorrupción.
A nadie cabe duda que existe corrupción, que ésta es el vicio más letal para un gobierno, y que no se combate por decreto ni con la creación de nuevas oficinas de gobierno, a las que debe asignarse presupuesto, y que corren el mismo riesgo que sus predecesoras, de corromperse e inutilizar el impulso positivo que llevó a su creación.
Muestra de ello es la Secretaría de la Función Pública, que sólo ha servido para sancionar errores de procedimientos y algunas fallas administrativas de funcionarios medios, además, por supuesto, de llevar a cabo investigaciones de relumbrón que conducen a exoneraciones a modo.
La misma Auditoría Superior de la Federación es una instancia muy respetada —y aun temida por algunos—. Sin embargo, carece de capacidad para sancionar, por lo que su trabajo queda en meras “observaciones”, que suelen ser resueltas —cuando lo son— más en la forma que en el fondo, y simplemente para “cubrir el expediente”.
Promesa cíclica
Durante más de 30 años los regímenes presidenciales mexicanos han prometido desde la “renovación moral de la sociedad” hasta el encarcelamiento de peces gordos, y todo ha quedado precisamente en eso: promesas.
Países con serios problemas de corrupción (Brasil, Argentina, Guatemala) han logrado aplicar sanciones ejemplares a sus gobernantes. Aquí el cerco no ha llegado siquiera a los exgobernadores estatales más corruptos. Es tiempo ya de que eso ocurra, y es mejor que se dé mediante un proceso ordenado y apegado a la ley que por medio de la fuerza.
