Javier Peñalosa Castro
Esta semana el titular de la Procuraduría General de la República pidió una disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las tres indígenas ñañús que sufrieron una triple discriminación por su condición de mujeres, indígenas y pobres, que se tradujo en la fabricación de “pruebas” para sentenciarlas y encarcelarlas como supuestas responsables del secuestro de seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que encabezaba el tristemente célebre Genaro García Luna, especialista en fabricación de evidencias, grabación en video de supuestos operativos para noticiarios que se difundían en horario estelar y otras lindezas.
Jacinta, Alberta y Teresa participaban, junto con otros compañeros, en un tianguis que funcionaba los fines de semana en Amealco, Querétaro. Un día de 2006 llegó un grupo de agentes de la antigua Agencia Federal de Investigación con la consigna de decomisar discos “piratas”, y como los puesteros ofrecieron resistencia, buscaron escarmentar a las más débiles. Para ello, les formularon acusaciones que, desde un inicio, resultaban insostenibles, a pesar de lo cual, lograron que se encarcelara a estas tres mujeres y que se les sentenciara a 21 años de prisión, supuestamente por “secuestrar” a este grupo de policías.
Jacinta estuvo injustamente presa durante más de tres años y sus compañeras un año más, y sólo con el apoyo de la sociedad civil, luchadores sociales, algunos comunicadores, y particularmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lograron, en primera instancia, ser liberadas, aunque entonces ni siquiera escucharon el clásico “usted perdone”.
Aunque se recurrió a diversas instancias, finalmente fue la justicia mexicana la que determinó, 11 años después de que fueran aprehendidas, que estas tres mujeres debían recibir una compensación económica —muy baja, por cierto— y una disculpa pública por parte de la institución que, con base en falsedades, las alejó de sus familias y de sus querencias.
Una de las primeras aberraciones que marcaron este caso fue que ninguna de ellas hablaba español, y que durante el juicio que se les siguió no contaron con un traductor, como lo establece la ley. Eso, por supuesto, sin contar que estas tres mujeres —una de ellas con un embarazo avanzado— eran ostensiblemente incapaces de someter y privar de la libertad a seis robustos agentes federales entrenados en la defensa personal y el manejo de armas, como se sostuvo durante el proceso.
Por supuesto, aun cuando se les hubiese planteado en su propia lengua, era poco probable que Jacinta, Alberta y Teresa entendieran de qué se les acusaba y cuáles serían los alcances de tales infundios.
Varios años tuvieron que transcurrir antes de que la creciente presión por parte de legisladores, dirigentes políticos, organizaciones religiosas y de la sociedad civil lograran finalmente que el Estado reconociera que se habían cometido graves irregularidades en este caso, que provocaron serias alteraciones del debido proceso, y que, por tanto, se les debía poner en libertad. En los casos de Alberta y Teresa, fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fueran puestas en libertad.
Sin embargo, en este caso, la mera liberación de personas injustamente presas no era suficiente, y aunque debieron transcurrir en total 11 años para que se hiciera justicia, ese día llegó el 21 de febrero de 2017, cuando Raúl Cervantes, en nombre del Estado mexicano pidió perdón a las tres mujeres ñañús por los agravios recibidos.
Sin duda, el hecho de que el Estado mexicano haya reconocido la inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa, que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades y que, a través del Procurador, les haya pedido disculpas públicamente, sienta un precedente de primer orden. Sin embargo, dicha disculpa llegó muchos años después, y los culpables de esta injusticia no recibieron sanción alguna.
Este es, pues, un buen principio, pero queda mucho camino por recorrer para lograr que quienes se encuentren en posición de vulnerabilidad sean tratados como merecen, que tengan acceso a la justicia, y que jamás vuelvan a convertirse en chivos expiatorios de nadie.
