Joel Hernández Santiago
Esta es la historia de una ignominia, que pasó no hace mucho y que aun ocurre una y mil veces, y de la inocencia convertida en culpabilidad:
“Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles.
“… [Esto] en el cumplimiento de esta obligación jurídica ineludible; pero ante todo, de un acto de justicia y humanidad insoslayable.
“Tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la PGR contravino en el pasado, el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.
“Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral.
“La PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes; por ello, sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa como medio de reparación del daño.”
[Estas fueron las palabras del Procurador General de Justicia de la República Mexicana, Raúl Cervantes Andrade, el 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México]
El documento reducido, resume, asimismo, once años de injusticia, de racismo, de mentira, de indignidad y corrupción e impunidad.
El 6 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) irrumpieron en el mercado ambulante de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Llegaron a su manera atrabiliaria y arrasaron puestos y mercancía. Alegaron que se trataba de mercancía pirata…
Los comerciantes indignados exigieron a los agentes que exhibieran la orden que avalara sus acciones. Al no hacerlo y repudiados abandonaron el lugar ese mismo día.
Cinco meses después Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en sus casas y presentadas de forma humillante ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR acusadas del secuestro de los seis agentes y en un caso de posesión de cocaína.
A ninguna le explicaron la razón por qué las privaron de su liberta hasta la sentencia en 2008 para Jacinta y en 2009 para Alberta y Teresa.
Sometidas a escarnio público, las tres rindieron su declaración sin la asistencia de un intérprete que conociera su cultura Otomí y su lengua hñáhñú. Poco después fueron condenadas a más de 21 años de cárcel cada una.
Por entonces el Procurador General de la República era Daniel Francisco Cabeza de Vaca. Luego de una lucha por su libertad y la demostración de inocencia, tres años y ocho meses después fueron puestas en libertad, en un caso porque la PGR se desistió de los cargos, y en los otros dos, que llevaron más tiempo, fue porque la SCJN determinó que no había pruebas suficientes para probar la culpabilidad.
A partir de entonces las tres indígenas iniciaron, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, una lucha ante los tribunales para exigir la disculpa pública que pudiera reivindicar su nombre, su honorabilidad y su inocencia.
Por años la PGR rechazó tres veces aceptar la reparación del daño y mucho menos quiso pedir una disculpa pública, hasta que en mayo del año pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la SCJN ordenó a la PGR ofrecerle una disculpa pública a las tres.
Esto que es excepcional muestra una regla: la de la acusación sin pruebas y la de juicios de culpabilidad premeditada a inocentes que pueblan las cárceles y reclusorios de nuestro país…
¿Cuántos casos como el de Jacinta, Teresa y Alberta han ocurrido sin solución? y ¿Cuántos hay en México en este mismo momento?
¿Cuántos inocentes han sufrido y sufren el terror y la ignominia de la cárcel, el señalamiento social y la culpabilidad que es mentira?
La frecuencia con la que se cometen estos actos de injusticia en México habla de un sistema jurídico incapaz, corrupto y envenenado.
¿Quién es más culpable, un sistema de procuración de justicia corrupto o ellas acusadas siendo inocentes? ¿Qué es peor: Tener en la calle a culpables o tener en la cárcel a inocentes? Ese es el dilema en el que se mueve la justicia en México, lo que lleva a la impunidad y al castigo inhumano de gente cuya inocencia no se prueba, pero sí culpabilidad sin serlo: inhumana y cruel…
Porque detener a un inocente –a miles de inocentes- y encerrarlos sin pruebas es un delito que debiera perseguirse y castigarse…
¿Dónde están los agentes que las acusaron con mentiras? ¿Dónde está el juez 4º de distrito Rodolfo Pedraza que dictaminó culpabilidad sin tener elementos para ello?
Pues nada: que un “Usted disculpe” no recupera el tiempo de terror, de dolor e indignidad sufridos por gente inocente y su familia. ¿Cómo salvar a los inocentes que están ahí, en este momento? ¿Cómo prevenir que no ocurra nunca más esta tragedia para muchos que no tienen recursos para su defensa?
¿Hasta cuándo la justicia ciega? ¿Hasta cuándo la justicia selectiva? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir cada uno de nosotros?… porque al permitirlo también somos cómplices…
