Lilia Arellano.
“Para las mujeres todo es posible”: Ignacio Manuel Altamirano
• Parálisis gubernamental
• Pendientes: economía, seguridad, bienestar social
• Entidades federativas padecen también paraplejía
• Mexicanas sufren de peligrosa violencia y maltrato
• Feminicidios sin control en las entidades con Alerta
• Esfuerzos del gobierno “son insuficientes”: CNDH
• Mujeres perciben 30% menos que hombres: Inegi
• EPN desfasado de la realidad, revela en su Twitter
Ciudad de México, 8 de marzo de 2017.- Conforme pasan los días la parálisis en el país va siendo más evidente. Los graves problemas heredados, los viejos, los del pasado reciente, los surgidos en los últimos tiempos siguen sin encontrar soluciones, sin salida, engrosando la agenda del gobierno federal, de los estatales y municipales. Se han venido aceptando como única opción, como el camino a ciegas para seguir, todas y cada una de las disposiciones surgidas desde la casona de Los Pinos, con todo y ser testigos de la forma en la cual las requeridas de aprobación son debidamente manoseadas desde las cámaras, tanto de la de Diputados como la de Senadores.
Nada se hace para contener la violencia y a diario se tienen los reportes de nuevos crímenes, han resurgido en entidades en donde presumen desde el centro de haber enviado tropas, asesinatos provocados –dicen- por la delincuencia organizada, por las mafias a las cuales se les pretende combatir desde los escritorios con los cajones abiertos. Los cadáveres se cuentan por decenas los inicios de semana, revelan distintas organizaciones. El manipuleo de las autoridades sobre estadísticas de homicidios y secuestros, oculta lo relacionado a los asaltos a casas habitación, a ciudadanos, a comercios resaltando las acciones de los cárteles.
El tema seguridad sigue estando pendiente, sin resolver, sin contar con una estrategia en donde lo primero a impedir sea la multiplicación de integrantes de las organizaciones delictivas y esto sólo puede lograrse asegurando futuros, renglón en el cual no existe un solo reflejo de atención. En el terreno económico cambiaron el rostro y nombre del titular de Hacienda, pero nada se ha hecho para enderezar el daño provocado por las políticas implementadas con anterioridad. Se siguen puntualmente los dictados de organismos internacionales, siguen defendiendo un TLC del cual se ha demostrado el daño hecho a la economía nacional. No hubo ninguna transformación en esa área y sí un mayor cinismo, uno reflejado en las últimas declaraciones de José Antonio Meade: esperaremos a conocer los cambios fiscales en EU y entonces ya se verá. Dependencia total es lo siguiente.
Otros cambios surgidos en el gabinete del inquilino provisional de Los Pinos sólo han servido para hacer notar con mayor rigor los abusos cometidos. En el sector salud, por ejemplo, aquella gran bolsa de presupuestos para medicamentos formada con cuatro entidades simplemente desapareció. Nunca llegaron a su destino las medicinas adquiridas, supuestamente desde el gobierno central. Tampoco avanzaron en la supervisión de estas adquisiciones en las entidades, como tampoco se relacionó y organizó el listado de nómina de los hospitales públicos, de los dependientes de la Secretaría de Salud, cuya cabeza es el ex rector de la UNAM, José Narro.
Ninguno de los renglones referentes a la enseñanza ha sido cumplido. No hay escuelas de tiempo completo como se ofreció se integraría en este ciclo escolar. Tampoco han puesto en marcha el programa de rehabilitación de inmuebles escolares, se sigue careciendo de un programa educativo integral elaborado por especialistas de diferentes ramas a fin de garantizar su vigencia más allá de un sexenio y el manipuleo de la historia conforme cambia de color la posición clave, la presidencial. Ahora se usa a los menores como foro para dar discursos y en franco cinismo se les nombra como beneficiarios de una pensión presidencial -anuncio hecho por Felipe Calderón-, en un afán de crearse una nueva imagen para no perjudicar a la cónyuge aspirante al poder.
El patrimonio en tierras del país es totalmente desconocido al igual que las hectáreas vendidas al capital privado a raíz de las reformas hechas al campo. Lo relacionado con la producción agrícola y ganadera, con la pesca, con la alimentación en general es un secreto. Guardan celosamente las cifras de apoyos a los programas por la simple y sencilla razón de su inexistencia. La capitalización del campo no existe y sí en cambio las dádivas, las entregas de despensas o dinero en efectivo disque para combatir el hambre y la pobreza cuando el verdadero fin se centra en contar con un efectivo registro de votantes en favor del partido en el poder.
Los capítulos culturales están abandonados. Institutos generados para poder poner en marcha las políticas públicas para la mayoría han sido totalmente penetrados por la corrupción y transformados, inclusive, en armas utilizadas por Hacienda para cobrar impuestos generando terror. El IMSS lo convirtieron en un centro de negocios en el cual lo mismo se comercia con utilidades inimaginables con las naranjas que con los equipos médicos. Su ruina va de la mano con la operación de las pagadoras y las nuevas y autorizadas formas de contratación de personal en las cuales se exime a los patrones de las otroras obligadas prestaciones laborales. El salario con el cual se cotiza no es igual a las precepciones reales y, por lo tanto, han disminuido notablemente los ingresos a ese Instituto en donde, en total contrasentido y con las ventas del seguro popular y las determinaciones de atención gratuita a parturientas y estudiantes, han multiplicado gastos.
Sobre el Infonavit han hecho trapacerías sin fin. El cumplimiento de otorgar vivienda a los trabajadores por parte de los patrones, plasmado en la Constitución, no se llevó jamás a efecto y de ahí surgiera la estrategia de aportación tripartita: gobierno, trabajadores y patrones, para generar créditos y con ello hacer propietarios de su vivienda a millones de ciudadanos. En el camino la corrupción todo lo torció hasta llegar al grado de hacer negocio con las casas abandonadas o embargadas por falta de pago, las cuales por cientos fueron adquiridas por los hijos de doña Marta Sahagún, según se dio a conocer públicamente. Sin embargo, este tipo de operaciones ya venía realizándose con anterioridad. Buscar la bursatilización del Instituto para supuestamente rescatarlo resultó ser otra burla.
Nos dejaron sin la infraestructura ferrocarrilera en un abrir y cerrar de ojos, generando el beneficio solicitado por el gran pulpo camionero en el cual tienen acciones un número infinito de quienes han ejercido cargos públicos, de los de antes y por supuesto están también los de hoy. La seguridad en las fronteras, aeropuertos, puertos, los servicios públicos, la distribución de agua, entre muchos otros renglones, han dejado de ser obligaciones gubernamentales para pasar a la iniciativa privada, a las empresas en donde el único registro válido son las utilidades. Las rentas a través de parquímetros de calles y avenidas contempladas en otros países, en México son totalmente reprochables al no contar los pobladores con ningún beneficio y a sabiendas de la mala utilización de sus impuestos.
No se crean los empleos necesarios para satisfacer la necesidad de brindarlos a quienes cuentan con experiencia y a los de las nuevas generaciones de egresados. Tampoco existen garantías para contar con ingresos para llevar una vejez digna después de décadas de trabajo permanente, de pagar tributos, de emplear la existencia en hacer aportaciones de todo tipo al país. Es inexistente la confianza en el futuro más aún cuando se han aceptado disposiciones de gobierno altamente dañinas, acordes con la explotación y no con determinaciones en favor de una vida digna.
Se vive en medio de discusiones electorales, de dar a conocer fraudes, robos, saqueos, corrupción, conociendo a través del escándalo de la gran impunidad de la que gozan y al parecer seguirán gozando todos aquellos cuyas acciones emprendidas durante sus etapas de gobierno o pertenencia a las clase política negociadora han hundido al país y, por supuesto, a todos nosotros, a los millones fuera de la ubre del sistema.
EN EL INTERIOR
Ejemplos de paralización se tienen en todo el país. A los gobernadores se les ve poniendo en marcha pequeñas obras no prioritarias. En Quintana Roo se habla de construcciones inservibles, abandonadas, no terminadas, pero nada se hace para hacerlas útiles. Las decisiones se quedan en el limbo y la excusa permanente es la falta de dinero para equiparlas. El extremo se presenta en el Hospital General Jesús Kumate. Después de haber puesto tres primeras piedras para su construcción y considerando el proyecto desde hace una década, apenas están programando su puesta en marcha lo cual sucederá cuando Peña Nieto tenga tiempo disponible para asistir a la inauguración solemne y oficial, lo cual es más importante que la atención pronta y adecuada de los enfermos.
Pero, sobre el hospital anterior, también del mismo nombre, no se conoce de manera oficial cual será el destino. Se dijo lo emplearían como oficina burocrática, para los de las inspecciones sanitarias de la Zona Norte. Tal parece no existe en todo un gabinete quien considere lo caro de la construcción hospitalaria oculta, de todas esas instalaciones hechas para llevar oxígeno a cada área, a las camas; del acondicionamiento de los quirófanos, de las paredes para las zonas de rayos X y otros exámenes, etcétera. De manera inexplicable, cuando se dice no hay capacidad económica para muchos renglones optan por decisiones de esta naturaleza.
Ahora que, ya ubicados en esa entidad, hay otros renglones dados a conocer públicamente apenas ayer. El ataque perpetrado en contra del ex vocero estatal, Rangel Rosado, por parte de un miembro reconocido dentro del gabinete del gobernador Carlos Joaquín, independientemente de lo que representa en relación con la venganza y persecución emprendida en contra de comunicadores y medios, revela la incapacidad de quienes están al mando del gobierno y su desconocimiento sobre lo que significa el mandato, lo cual carece de cualquier traducción o similitud con el autoritarismo y la represión. Bajo el supuesto de no contar el comunicador con grandes simpatías no midieron las relaciones hechas y mucho menos el impacto generalizado. Ni siquiera se detuvieron a pensar en las consecuencias al presentarse apoyos totales irrestrictos a la víctima porque si uno es atacado, puede serlo cualquiera.
No contentos con este tipo de determinaciones ahora les ha dado por solicitar sean despedidos de sus centros de trabajo los comunicadores cuyas trayectorias no les son de simpatía, a los considerados heredados de los gobiernos del pasado, a quienes hacen notar la inexistencia del cambio prometido y la falsedad en las declaraciones. Con gran publicidad reiteran frecuentemente el respeto a la libertad de expresión como si ésta fuera una prebenda otorgada por ellos y no por nuestra Carta Magna. Total, finalmente, no cumplen ni con lo dicho ni con lo plasmado. Aunque si a herencias desean referirse, los integrantes del gabinete y muchos otros funcionarios son también parte de ese pasado, incluso del que comprende al partido político al cual se renunció para conseguir una candidatura. Las ligas con ex gobernadores priístas aparecen por doquier y hasta se han descubierto parentescos muy cercanos entre quien gobierna y aquellos a quienes se les ha formado un escándalo para eliminarlos.
Aceptan incomprensibles nombramientos en los delegados federales cuando se sabe, como demostración de respeto del centro, solicitan la venia del mandatario estatal en turno para otorgar las posiciones. En el caso de la Sedatu, falta conocer si se ha levantado la investigación relacionada con los trabajos solicitados al Sistema de Comunicación Social del gobierno y los millones de pesos desaparecidos. Después de hacerse público este caso, el silencio es lo hasta ahora visto. Y, como no se ven acciones ni determinaciones gubernamentales efectivas, bailan a cualquier con los asuntos relacionados con el medio ambiente, con Tajamar, con la Milla de Oro, con los grandes pendientes, con soluciones, con demandas no atendidas, con todo aquello provocador del descontento y de la exigencia de un cambio.
MEXICANAS RESIENTEN VIOLENCIA
Mientras la sociedad mexicana protestó por la erradicación de los feminicidios, la legalización del aborto en todos los estados, el desmantelamiento de redes de trata de personas y “castigo a los cómplices de gobierno”, al tiempo de reprobar la enorme desigualdad y discriminación en contra de las mujeres en prácticamente todos los ámbitos, desde el familiar y el educativo, hasta el acceso a las tecnologías de la información, el presidente Enrique Peña Nieto se restringió a escribir en Twitter: “reafirmamos el cambio de mentalidad necesario para garantizar la igualdad plena entre mujeres y hombres”, y reiterar su compromiso “de seguir impulsando una efectiva paridad que reconozca los derechos de toda mujer”. En contraste, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció: los esfuerzos de las instituciones del Estado “no han sido suficientes” para erradicar la violencia de género y los feminicidios; el Inegi confirmó: las mujeres ganan 30 por ciento menos que los hombres en mismas labores; y la encuesta de un diario capitalino corroboró: la violencia y el maltrato son problemas cotidianos que enfrentan las mujeres en México.
La disociación de la realidad del mexiquense es una preocupación nacional pues, se quiera o no, es el presidente de México y sus acciones y decisiones tienen poder e influencia en toda la población. Este miércoles, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, simple y sencillamente, se dejo de lado la discriminación y la violencia existente y ejercida en contra de las mujeres, las cuales constituyen dos grandes barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. Las acciones emprendidas por los gobiernos de las seis entidades donde se ha activado la Alerta de Violencia de Género (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz) aún no reflejan una mejora en la condición de seguridad para las féminas, como lo sostiene Elsa Conde, de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH. Además, en Jalisco se emitió una declaratoria basada en la legislación local y se han iniciado otras 13 solicitudes, entre las cuales se incluyen Guanajuato, Baja California y Querétaro, donde la Conavim (Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia) determinó no activarla.
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), quien en el 2016 solicitó la Alerta de Violencia de Género para la entidad, se inconformó ante el proceso de nueve recomendaciones que el gobierno estatal debió cumplir por mandato de la Conavim, con el objetivo de frenar el maltrato a las mujeres tabasqueñas. Lejos de disminuir se incrementó la incidencia de violencia: al menos 5 mil 622 mujeres denunciaron haber sido víctimas de maltrato en 2016, principalmente físico, psicológico y económico, además de 26 feminicidios, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). De ahí la exigencia a la Conavim para declarar la Alerta de Violencia de Género en Tabasco. En otra entidad del sureste, en Quintana Roo se ha negado –le llaman pospuesto- poner en marcha la declaratoria argumentando el daño que pude causarse al destino turísticamente hablando, sin importar muertes y torturas.
En Puebla, el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP) acusó al gobierno del estado de confabularse con la Conavim para frenar la emisión de la Alerta de Género, la cual debió liberarse el pasado 18 de diciembre. La creciente ola de violencia en la entidad ha cobrado la vida de 17 mujeres tan sólo en los primeros dos meses de este año. La activista Irene Herrera Delgado hizo un llamado al gobierno de Antonio Gali Fayad a fin de informar sobre el estatus de las 11 recomendaciones emitidas y exigió al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, dar la cara a todos los poblanos, “ya que tapar y maquillar las cifras no solucionará este problema”.
En esta entidad, en 2013, fueron asesinadas 50 mujeres; en 2014, sumaron 60; en 2015, 50, y en 2016, 81. A pesar de la documentación de al menos 250 feminicidios en los últimos tres años, las autoridades se rehúsan a emitir la Alerta de Violencia de Género para Puebla. En la segunda quincena de febrero de este año, la prensa local documentó cinco crímenes de odio en menos de cinco días. El martes pasado fueron halladas en menos de 12 horas dos féminas sin vida, con marcas de tortura en la cara y el cuello, y brutalmente golpeadas, una con un impacto de bala en la frente. Puede verse claramente no fue este un renglón al cual el ex gobernador y aspirante a la candidatura presidencial panista o independiente Rafael Moreno Valle, le prestó atención.
Han sido asesinadas 36 mujeres en lo que va de este año en Michoacán, reportó la Procuraduría General de Justiciad el Estado (PGJE). La última víctima se localizó hace unas horas, al margen de un canal de riego, sobre una brecha que conduce a las colonia Las Delicias, en la periferia de Zamora. Se trata de una joven de unos 17 años de edad con un impacto de bala en la cabeza. La víctima no había sido identificada; tampoco se sabe nada del agresor. En esa entidad la trata de blancas ha sido también una de las prácticas en donde se ha victimizado, inclusive, a menores de edad.
“Las cifras, los datos, y la percepción ciudadana es que no hay todavía resultados concretos y palpables en ninguno de esos estados”, concluye la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, quien destaca: uno de los indicadores principales para determinar el avance en la atención de la violencia de género es el monto de recursos destinados a este rubro, reflejado en el presupuesto asignado a instancias como los institutos de la mujer estatales, los cuales, subraya, han ido disminuyendo con el transcurso de los años. “Si un estado no invierte en la atención y prevención de la violencia, pues definitivamente no está trabajando para prevenir dicha violencia”, subrayó. Según los presupuestos de ingresos de las entidades en las cuales se ha emitido la alerta, sólo en dos se registra un aumento significativo en los recursos económicos, mientras en los otros cuatro el aumento es mínimo o incluso se han reducido asignaciones.
En Veracruz, donde se detectó la alerta de género en 11 municipios, el presupuesto destinado al Instituto Veracruzano de las Mujeres ha disminuido en más de 50%, al pasar de 43 millones 200 mil pesos, en 2015, a sólo 17 millones para 2017. En Chiapas también hay un recorte presupuestal significativo. Los recursos de la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres pasaron de 479 millones, en 2015, a 364 millones este año, una reducción de más de 25 por ciento.
Los datos del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH revela: los hechos violatorios más frecuentes que se señalan en las quejas desde 2015 son: prestar indebidamente el servicio público, con 20.5%; negligencia médica, 18.41%; y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones, con 13.56%.
MUJERES GANAN MENOS
Las mujeres perciben salarios 30 por ciento menores a los de los hombres. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2016, los hombres ocupados reportan un ingreso promedio de seis mil 204 pesos mensuales, mientras las mujeres cuatro mil 788 pesos al mes. Esto implica una diferencia de mil 416 pesos. La brecha salarial se amplía en estados con mayor presencia de industria y sectores productivos y donde los salarios son más altos al promedio nacional, el cual es de cinco mil 663 pesos al mes. En Nuevo León, los hombres ganan ocho mil 258 pesos al mes en promedio y las mujeres cinco mil 955 pesos en promedio; una diferencia de dos mil 303 presos o 39 por ciento y se coloca como la entidad con la mayor brecha salarial en el país al cierre del año pasado.
Sonora ocupa el segundo lugar pues los hombres ganan siete mil 365 pesos mensuales en promedio y las mujeres cinco mil 336 pesos, es decir una diferencia de dos mil 29 pesos o 38 por ciento. En la Ciudad de México, los hombres perciben ocho mil 394 pesos al mes en promedio y las mujeres seis mil 837 pesos, lo cual significa una brecha de 23 por ciento y una diferencia en pesos de mil 557 pesos. Chiapas es el estado con el ingreso mensual más bajo en el país, lo cual explica sea la única entidad en donde no existe brecha salarial, pues los hombres ganan tres mil 703 pesos y las mujeres tres mil 794 pesos.
Si consideramos sólo los datos del sector formal, las mujeres tienen casi cuatro de cada 10 empleos registrados en el IMSS, mientras el salario diario para ellas es 14 por ciento menos al de los hombres. En enero de 2017, el empleo formal femenino alcanzó los seis millones 875 mil puestos de trabajo, lo cual representó 36.6 por ciento de los trabajadores totales registrados en el Instituto. Al cierre de 2016, el salario diario de una mujer asociado a un empleo formal fue de 292.88 pesos diarios, y el de los hombres de 333.76 pesos. De acuerdo a la firma Accenture México, en el contexto global por cada 100 dólares que gana una mujer, un hombre gana 258 dólares, esta “brecha salarial oculta” está relacionada con la presencia mayoritaria de una fuerza laboral masculina. En México aproximadamente tres de cada diez hogares son dirigidos por una mujer, esto significa que 9 millones 178 mil 324 hogares tienen liderazgo femenino. De 2010 a 2016 este tipo de jefatura aumentó de 24.6 a 27.4%, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el Inegi.
Y aún falta por comentar la situación de las féminas en el campo, en las labores agrícolas, advertir todas las carencias existentes y comentar sobre su manifestación en la capital del país a la cual asistieron quienes se encuentran agrupadas en organizaciones cuyo objetivo es integrarlas al desarrollo y acercarles lo necesario para la realización de su trabajo, dotando a las adultas de educación y también de salud.
VIOLENCIA PISCOLÓGICA, FÍSICA Y SEXUAL
La encuesta realizada por un diario capitalino con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, revela: la violencia y el maltrato son problemas cotidianos que enfrentan las mujeres en México, según lo refieren ocho de cada diez mexicanas. De acuerdo a este sondeo, a 13 por ciento les han pedido favores sexuales, y 9 por ciento tienen miedo a ser atacadas o abusadas. Las mujeres con una relación sentimental mencionan resentir situaciones de violencia, psicológica, física y sexual.
El 34% ciento dicen sus parejas les han retirado el habla; 29 por ciento señalan no las toman en cuenta; 20 por cieno expresan no les dan para el gasto de la casa y las humillan; 18 por ciento se quejan de la revisión de los mensajes en sus teléfonos; el 16 por ciento señala sus parejas les han inventado infidelidades y las regañan por la forma en la cual utilizan el dinero; el 15 por ciento menciona se molestan con ellas por no tener lista la comida y han sentido miedo de su pareja.
Al 11 por ciento de las mujeres sus parejas les han exigido tener relaciones sexuales aunque ellas no quieran; al 9 por ciento las han amenazado con quitarles los hijos o con correrlas de la casa; 8 por ciento dicen las han espiado; y a 7 por ciento las han encerrado o prohibido salir; 5 por ciento aseguran han sido obligadas a hacer cosas que no quieren cuando tienen relaciones sexuales; y 3 por ciento de mexicanas en una relación sentimental afirman han sido amenazadas de muerte; a 3% las han tratado de ahorcar.
En cuanto a las mujeres divorciadas o separadas, gran parte de ellas manifiestan haber finalizado una relación sentimental por maltrato psicológico, físico o sexual. El 34% puso fin a su relación porque sus parejas eran groseras o agresivas, y 36% porque vivían violencia física o sexual en su hogar y no les daban para el gasto. El 21% se divorció porque no les permitían trabajar. Tres de cada diez divorciadas o separadas refieren haber sido golpeadas por sus ex parejas, y más de la mitad aseguran les gritaron, insultaron o amenazaron.
Al cuestionárseles sobre la violencia percibida en el ámbito laboral, escolar y social, las mexicanas reflejan principalmente situaciones de violencia de tipo sexual: al 36% les han dicho frases de carácter sexual; 26% manifiestan las ignoran; a 18% las han tocado sin su consentimiento; al 13 por ciento les han pedido favores sexuales; y 5% afirman haber sido forzadas a tener relaciones sexuales; al 4% las han castigado por no aceptar propuestas de índole sexual; y 3% han sido obligadas a mirar actos sexuales o pornografía.
DE LOS PASILLOS
Tras un largo litigio de 18 meses, el 16 Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México determinó: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá hacer pública toda la información sobre las condonaciones y cancelación de adeudos fiscales que ha otorgado entre 2007 y 2015…. Es el primer revés contra el SAT, instancia que en más de 32 ocasiones se ha negado a acatar las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante solicitudes de información… Tan sólo en siete años, gracias a diversos programas de amnistía que fueron aprobados por el Poder Legislativo, 15 contribuyentes recibieron el perdón de sus adeudos fiscales por más de 46 mil millones de pesos, sostiene Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C….
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