Por Aurelio Contreras Moreno
De nada valieron para el Partido de la Revolución Democrática las violaciones a sus propios estatutos y supuestos valores que implicaba lo que hasta la tarde del pasado domingo parecía la inevitable imposición del priista David Velasco Chedraui como su candidato a la alcaldía de Xalapa, en coalición con Acción Nacional.
Lo que propició la caída, al menos formalmente, de la candidatura de Velasco Chedraui, fue que en el PRD, tan asiduos a brincarse todo tipo de legalidad –la propia incluida-, no repararon que sus designaciones para postular candidatos infringían el principio de paridad que rige los procesos electorales desde 2015 y que obliga a los partidos a asignar el 50 por ciento de sus candidaturas a mujeres.
Después del estercolero que resultó la reunión del Consejo Estatal perredista del pasado fin de semana, durante la cual las diferencias se “arreglaron” a golpes, el resultado fue que los perredistas habían asignado 70 por ciento de sus candidaturas a hombres y solamente 30 por ciento a mujeres, violando las normas de paridad de género contenidas en la Constitución General de la República Mexicana.
Fue con base en ese criterio que el Comité Ejecutivo Nacional perredista, que encabeza una mujer, decidió dar marcha atrás en la imposición de Velasco Chedraui que ya tenían apalabrada las cúpulas gobernantes en Veracruz, y que seguramente significará la caída de otros tantos de los designados por ese partido. De no haberlo hecho, de todos modos lo habría ordenado uno de los órganos jurisdiccionales, local o federal, debido a que, como ya se mencionó, la paridad de género es ya una disposición de rango constitucional.
Pero este penoso episodio de estulticia política no es, ni de lejos, un problema exclusivo del PRD. En general, todos los partidos en México sufren para completar sus cuotas de género, por la sencilla razón de que siguen siendo controlados por grupos de poder comandados por hombres, cuyas prácticas políticas y personales son completamente machistas y misóginas, ancladas en el pasado de un régimen que desprecia el papel de las mujeres en la vida pública.
Por ejemplo, en el PRI veracruzano el proceso no es más terso. La dirigencia estatal tuvo que soltar una primera lista de candidatos a las alcaldías en la que llamó fuertemente la atención que en gran cantidad de municipios no aparecía el nombre de una persona, sino la leyenda “acuerdo de género”, lo que en los hechos significa que no tienen abanderada aún, pero el lugar está “reservado” para una mujer.
Al revisar a mayor detalle la citada lista, se observa que la gran mayoría de los municipios “reservados” para mujeres son chicos, de importancia política y presupuestal menor, o bien en los que desde ahora, el PRI no tiene probabilidades reales de ganar en las elecciones de junio próximo. Una treta utilizada repetidamente para “cumplir” con la ley, dándole la vuelta.
Hasta ahora, no ha habido instancia pública ni política alguna que se haya pronunciado respecto de estas mañosas prácticas. En el PRI, su organismo de mujeres ha guardado silencio a pesar de que una de sus militantes, Elvia Ruiz Cesáreo, denunció “violencia política” en su contra para impedirle ser candidata en Orizaba, donde mantiene una fuerte disputa con el presidente municipal, el muy conservador Juan Manuel Diez Francos. Del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ni hablar. Se ha convertido en un cero a la izquierda.
Y así en todos los partidos. La cuota de paridad los tiene entrampados en su propia carencia de cuadros femeninos a los que sólo se les abren las puertas en los peores escenarios y condiciones. Eso sí, por “acuerdo de género”.
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