Por Aurelio Contreras Moreno
Desde que se conocieron los primeros datos sobre los “argumentos” del juez Anuar González Hemadi para otorgar el amparo “liso y llano” al auto de formal prisión en contra de Diego Cruz, uno de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, por el delito de pederastia en agravio de Daphne Fernández, al estupor se sumó una oleada de indignación por la podredumbre que permea en el sistema de impartición de justicia en el país.
Las consideraciones del juez González Hemadi para decretar el auto de libertad para Diego Cruz –que aún no se concreta, pues tanto la Fiscalía General del Estado como los padres de la agraviada combatirán la resolución- son un compendio de falacias que ilustra muy bien cómo desde un juzgado se puede proteger a un depredador sexual minimizando su conducta bajo argumentos inverosímiles.
El Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz consideró que, a pesar de que Diego Cruz tocó en contra de su voluntad a la entonces menor de edad –los hechos ocurrieron en enero de 2015-, “no tenía la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral, pues no existe ni un solo elemento que acredite siquiera indiciariamente esta finalidad en el inculpado, y además, por el hecho perpetrado de momento, sin realizar otro tipo de acto, o expresar palabra alguna, es dable considerar que no existía la finalidad de copular”, por lo cual, según este razonamiento, no existió de su parte intención de violar a la joven, según consta en el texto de la sentencia de amparo 159/2017-IV.
De igual manera, para el juez González Hemadi tampoco se acredita el abuso sexual contra Daphne, ya que el indiciado no tenía “excitación o impulso de satisfacer una avidez sexual, ni el propósito de ejecutar la cópula”, y porque para el juzgador no hay “certeza” de que en los hechos denunciados “haya habido una intención lasciva por parte del activo y por tanto, sea constitutiva del ‘abuso sexual’ que requiere el tipo penal de pederastia”.
La sentencia de 47 páginas aborda otra serie de justificaciones a la conducta de los “Porkys de Costa de Oro” que llegan al más absoluto absurdo, pues con todo y que se establece claramente que la joven fue obligada a subir al auto en el que se encontraba sola entre cuatro hombres, y en donde fue ultrajada incluso con una penetración vaginal con los dedos, resulta que para el juez no se encontraba en estado de indefensión “puesto que tuvo la posibilidad de cambiarse de lugar, evitando así el contacto físico con el quejoso”. Contacto que ya había ocurrido para entonces, como se reconoce en la propia sentencia.
En su artículo 182, el Código Penal para el Estado de Veracruz clasifica el delito de pederastia en dos tipos penales: en primer lugar, “a quien, con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el órgano sexual o cualquier otra parte del cuerpo distinta al pene o cualquier artefacto en el cuerpo de una persona menor de dieciocho años, se le impondrán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario”; y “a quien, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica o alimentaria, o de su estatus de autoridad respecto de la víctima, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de hasta doscientos cincuenta días de salario”.
Los “razonamientos” del juez González Hemadi para exculpar a Diego Cruz son inauditos y muy probablemente ilegales.
La extrema violencia que sufren las mujeres en el estado de Veracruz, que propició que ya se decretara una alerta de género por los cientos de asesinatos registrados en los últimos años, también pasa por el ámbito de la procuración e impartición de justicia, podrido por la política, la corrupción y el poder del dinero.
No hay que olvidar que los “Porkys de Costa de Oro” pertenecen a familias pudientes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que no han escatimado recursos para presionar a las autoridades desde el gobierno pasado, buscando que estos jóvenes sean protegidos por el manto de impunidad de la justicia puerca.
Al fin “porkys”.
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