Lilia Arellano.
“Es un error esencial considerar la violencia como una fuerza”: Thomas Carlyle
• En EU sacuden a México
• Economía y justicia en las manos del vecino
• Delincuentes y extraditables, TLCAN y peso
• Videgaray, receptor de negros fondos locales
• Violencia imparable: casi 94 mil ejecuciones
• Manlio Fabio Beltrones, no darlo por muerto
Ciudad de México, 20 de abril de 2017.-¡Vaya Semana de Pascuas! El tiempo formó todo un cuadrilátero en donde la golpiza se la está llevando México, los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores, aun aquellos en donde el dinero no escasea pero en los cuales verán disminuir ostensiblemente las utilidades y de ello no encontrarán consuelo en una paridad especial para adquirir dólares frente a la sensible baja de las últimas horas. Totalmente desubicados hacían repicar las líneas telefónicas, se escuchaba el sonar de los celulares, los rostros cambiaban de semblante y expresión de manera radical. ¿Qué le pasó a Trump? Cuestionaban repetidamente sin encontrar respuesta.
“El TLCAN ha sido muy malo para nuestro país, para las empresas y los trabajadores. Haremos grandes cambios y si no, nos deshacemos de TLCAN para siempre”, sostuvo durante una rueda de prensa el presidente de los EU y ese arranque aparentemente incomprensible estuvo acompañado de plazos, de 10 días para iniciar las negociaciones, no sin lanzar también fuertes críticas a los requisitos con los cuales considera ridículo queden sujetos temas de relevante interés para su país. Más pronto que tarde se conocerá de las expresiones o de la opinión de DT sobre la pretensión de México de lograr la extradición de Javier Duarte sin haber presentado la petición formal a las autoridades guatemaltecas. Así o con mayor incapacidad, dirán.
De manera personal considero una reacción debidamente esperada al tener conocimiento de la forma, de los pasos, de las determinaciones del gobierno mexicano, de uno al cual no quieren verse ligados y las razones por las cuales puede darse este rechazo están a la vista del mundo, de millones de mexicanos, pero totalmente ausentes en la mente del mexiquense y su equipo. Para ellos lo importante es tener capacidad de respuesta, provocar aparentemente un escándalo mayor para tapar los yerros cometidos. Sacaron a la luz con gran escándalo la determinación sobre la extradición de Tomás Yarrington para desviar el ridículo en Guatemala.
En cuanto a los renglones verdaderamente importantes para los estadounidenses, se repite la versión sobre la experiencia de Donald Trump en materia comercial, sobre los negocios, de los buenos y de los no tan buenos. Si con un análisis similar miden las ventajas en su país del TLCAN, se encuentran las bases para no dudar en rechazar negociaciones si éstas no les son favorables al cien por ciento. Ahora si estas son comparadas con lo que pueden obtener en facilidades para cualquier tipo de inversión, para las ventajas a ofrecer para sus compatriotas, presionando como lo vienen haciendo a través de toda la información que poseen y que ha sido otorgada por los grupos de mafiosos ligados a las autoridades y a las altas jerarquías políticas, ya se verá ese tiempo del cual se queja el republicano son su mejor arma.
Por lo pronto y así como entregaron a Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo, acción sobre la cual tal parece poco o nada aprendieron, entregarán lo más rápido posible, si Italia así lo determina, a Tomás Yarrington. Oficialmente se informó del acuerdo entre procurador y fiscal de México y EU, respectivamente. Le comunicaron al ministro de justicia italiano Marcello Viola la determinación. La respuesta inmediata giró en torno a la confirmación sobre la permanencia del ex gobernador tamaulipeco en la cárcel de Sollicciano en Florencia. Pero… y ahí comienza lo bueno, al buscado funcionario lo están investigando en aquel país y, hasta no tener la certeza de considerarlo fuera de cualquier relación con las mafias del narco, con los grupos Ndragheta –a los cuales ya les habían detectado operaciones con el Cartel del Golfo-, las peticiones de los gobiernos solicitantes de extradición no prosperarán.
Los cargos contra Yarrington se multiplican en Estados Unidos, en nuestro suelo nada más avanza y por supuesto las propiedades y fortuna amasada irá a parar a las arcas del vecino del norte, sin importar la serie de víctimas y de daños causados por las actividades delictivas realizadas. No será posible hacerle incautaciones mayores al no estar sujeto a juicio en México y más aún cuando su sucesor Eugenio Hernández El Geño, instruyó a los legisladores a aprobar todas sus cuentas públicas, a lanzar loas a la forma tan clara, correcta, honesta de aplicar los recursos públicos. Con ello deja fuera cualquier señalamiento sobre enriquecimiento con el dinero de los tamaulipecos y abren de par en par las puertas a los EU para considerarse los más afectados.
Sobre El Geño los Estados Unidos siguen afilando las armas y lanzando más acusaciones. En ambos casos se sabe de la existencia de buenas relaciones con jerarcas, familiares de jerarcas, amigos de jerarcas del mismo partido de Donald Trump. Podrían ser este par de capturas la forma de limpiar antecedentes de la organización política o venganzas hacia los grupos que, dentro de ella no apoyaban la llegada del magnate. La familia Bush está involucrada como nunca antes lo pensó en estos casos y por ahora tal parece a nadie en aquel país le conviene refrescar la memoria.
Con todo este panorama, la expresión de Peña Nieto: “¡No hay chile que les embone!”, tiene acomodo dentro y fuera del país en virtud de la ceguera prevaleciente. No se trata de si agarra o no agarra delincuentes a los cuales les dedicó a granel calificativos positivos, los ensalzó, se mostró orgulloso de ser tanto su homólogo en la etapa de gobernador como de considerarse su jefe máximo tanto de partido como de mandato. No puede olvidarse en el caso de Duarte como en los de los ex gobernadores pendientes de traer a la escena pública, distribuyeron dinero subrepticiamente y, procediendo éste de las arcas estatales es clara la provocación de fuertes alteraciones económicas. Los ceros a la derecha abundaron.
Poco a poco va explicándose, inclusive, el porqué del nombramiento de Luis Videgaray en la titularidad de Relaciones Exteriores, de la dependencia desde la cual se mantienen en comunicación con el extranjero para la localización, presentación de documentación para extradición y en la cual dictan la última palabra aún sobre determinaciones adoptadas por fiscales o procuradores al privilegiarse las relaciones diplomáticas con los países en los cuales siguen vigentes acuerdos y tratados. El ex de Hacienda fue y tal vez siga siendo, el principal operador de fondos para el mexiquense. Su tarea empezó en el gobierno del Estado de México, siguió durante la campaña y se coronó en Hacienda.
Solamente en el caso de Javier Duarte de Ochoa, puede puntualizarse en las 23 visitas a Veracruz realizadas durante 4 años, a partir de su llegada a Los Pinos, de Peña Nieto. Las comidas con Videgaray fueron al doble. Y así puede irse armando toda la estructura desde la cual e instalado en la SRE, Luis Videgaray tiene en sus manos la suerte de Peña Nieto.
¿Y LA SEGURIDAD…? AL RATO
Mientras el secretario de Gobernación y puntero en los sondeos internos del PRI a la candidatura presidencial, Miguel Ángel Osorio Chong, insiste en los resultados positivos de la estrategia de seguridad con la utilización inconstitucional de fuerzas federales aplicada en diversas entidades, como Baja California Sur; y el Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados) se encuentra distraído en cuestiones electorales por los comicios en cuatro entidades y la cercanía de la elección federal del 2018, con la consecuente congelación de leyes como la de Seguridad Interior y pendientes como la sustitución de la PGR por la Fiscalía General de la República (FGR) y el nombramiento del fiscal anticorrupción; las entidades federativas siguen siendo golpeadas por el crimen organizado e institucionalizado y se incrementan las tasas de homicidios dolosos y los delitos considerados de alto impacto. De ahí el crecimiento de la percepción de inseguridad reportada por el Inegi al dar a conocer los resultados del decimoquinto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
La seguridad es el valor fundamental de lo jurídico y fin esencial del Estado, como lo subrayó el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Sin embargo, las cifras indican en el país hay más de 29 mil personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60 mil desplazados, las cuales muestran se ha roto con ese valor. Además, los asesinatos en México han escalado cada año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual acumula a la fecha casi 94 mil muertes violentas. Hasta enero de este año, el número oficial registraba 90 mil 694 ejecutados en 50 meses de la actual gestión, de diciembre de 2012 a enero de 2017. En febrero se iniciaron mil 838 carpetas de investigación por homicidio doloso en las fiscalías estatales. En marzo se cometieron mil 93 homicidios de acuerdo a registros de medios de comunicación. Lo anterior, según las explicaciones oficiales, es consecuencia del crecimiento de las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado; del asentamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación en el norte del país; los enfrentamientos en el de Sinaloa, producto de la lucha por el poder luego de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la realidad exhibe una evidente incapacidad del gobierno federal para investigar, detener y desactivar estas bases criminales.
MISMA ESTRATEGIA, SIN RESULTADOS
La administración del presidente Enrique Peña Nieto insiste en la estrategia de utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a pesar de la ausencia de resultados a lo largo de su gestión. El miércoles en Monterrey, Nuevo León, hizo un nuevo reconocimiento a su desempeño y destacó que las instituciones castrenses contribuyen a construir una “nación más segura e igualitaria”, cuando los hechos muestran exactamente lo contrario como resultado de errores de su gestión.
También en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación propuso un dictamen de Ley de Seguridad Interior –la cual no será aprobada en este periodo ordinario de sesiones ante la falta de acuerdos parlamentarios-, donde se defina una intervención permanente del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, y para “identificar, prevenir y atender riesgos”, sin que se requiera una declaratoria previa.
El proyecto fue distribuido a los integrantes de dicha comisión. En él se plantea que las fuerzas armadas realicen ”las acciones que sean necesarias, pertinentes y eficaces en áreas del país, vías generales de comunicación e instalaciones que lo requieran”. También precisa que cuando se detecten amenazas “que representan un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas” de militares.
GOBIERNOS MANIPULAN DATOS
De acuerdo al reporte “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva”, elaborado por la organización México Evalúa, la mala clasificación de los homicidios y el sub-registro de éstos son las principales causas de la manipulación de datos en la incidencia delictiva en el país, lo cual impide tanto a autoridades como a la ciudadanía conocer la dimensión real del fenómeno. Lo anterior deriva en diagnósticos erróneos y políticas públicas ineficientes para atender el problema. Ese documento destaca la existencia de vacíos procesales desde que se interpone una denuncia hasta que se contabiliza en las estadísticas de las procuradurías y fiscalías que, a su vez, se entregan al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Dicha fallas, señala, dan oportunidad a la disminución inducida de cifras, a través del sub-registro, es decir, evitar o eliminar su registro de las estadísticas locales, o bien, de una reclasificación intencional derivada de una estrategia deliberada, ocasionada de una orden superior. Ambas situaciones, según México Evalúa, tendrían como finalidad mostrar una reducción en los delitos de alto impacto, como el homicidio, el cual es uno de los indicadores más completos y precisos para medir la violencia, por lo que puede ser el punto de referencia para evaluar si va en aumento o a la baja.
México Evalúa revisó las últimas dos décadas y observó: “a partir de enero de 2008 (un año después del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” detonada por el presidente Felipe Calderón), se presenta un aumento sustancial y sostenido en la tasa de homicidios dolosos hasta alcanzar un máximo de 1.86 homicidios por cada 100 mil habitantes, en mayo de 2011 (…) Posteriormente, de finales de 2012 a principios de 2015, dicha tasa presenta una disminución sustancial, alcanzando un nivel de 1.05 homicidios en febrero de 2015. Finalmente, a partir de marzo de 2015, se presentó un nuevo aumento en el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, llegando a una tasa de 1.59 homicidios en agosto de 2016”, la cual se ha ido incrementando en los meses siguientes.
La manipulación de las cifras se lleva a cabo en alguno de los tres momentos del proceso judicial, señala México Evalúa. El primer acto de sub-registro delictivo se puede dar al presentar la denuncia, puesto que la víctima puede ser persuadida de no llevarla a cabo. El segundo momento es al clasificar el delito, porque depende del criterio del servidor público que tome la denuncia, quien valora si es doloso o culposo. La falla en este caso se debe a la falta de capacitación del personal, declaraciones falsas o una orden superior para manipular la información, como se detectó en entidades como el Estado de México. El tercer momento para la alteración de estadísticas es cuando las denuncias llegan al centro estadístico de las procuradurías y fiscalías generales, para la actualización de los reportes. Las estadísticas pueden ser reclasificadas tras nuevas precisiones emitidas con base en la investigación pericial y forense que se presentan a las autoridades luego de la denuncia.
NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA
Las autoridades federales y estatales, incluido el presidente de la República, han carecido de voluntad política para dar paso a la Fiscalía General de la República (FGR), que de acuerdo con la reforma constitucional de 2008, sustituiría a la Procuraduría General de la República (PGR), una institución del Ministerio Público de la Federación “que ya no sirve”, como lo señala Patricia González Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ex procuradora de Chihuahua.
Aún no se tiene consolidada la reforma constitucional, a pesar de que han pasado casi 9 años. El aplazamiento pone en riesgo la credibilidad de los sistemas de justicia y anticorrupción. México no ha transitado con pasos firmes al sistema judicial acusatorio, de transparencia y rendición de cuentas. La razón es que “faltó voluntad política y un diseño institucional de políticas públicas que permitieran ir gradualmente haciendo desaparecer ese gran monstruo que es la PGR. Y digo que lo es porque dentro de ésta hay prácticas inquisitoriales, corruptas y prácticas de violaciones a derechos fundamentales. Ahí está la médula del problema”, indicó González Rodríguez.
La reforma constitucional en materia penal de 2008 se realizó para evitar escenarios de corrupción. La crisis judicial que le dio origen era profunda: sólo el 15% de los delitos era denunciado; el juez no estaba presente en las diligencias de desahogo de pruebas en el 80% de los casos; el 95 por ciento de las sentencias eran condenatorias, la mayoría, 90%, con base a la confesión de los acusados; más del 50% de los presos no habían sido condenados; el 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplían; más de la mitad de los procesados no tuvieron una representación adecuada; y el 80 por ciento de los mexicanos sostenían no confiar en el sistema judicial; sólo 2% de los que cometieron un delito cumplieron su sentencia.
A pesar de haber sido publicada el 18 de junio de 2008, hasta la fecha su implementación es parcial, aún cuando estaba programado alcanzar su totalidad en junio de 2016. La reforma afectó a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 73 (fracciones XXI y XXIII), 115 (fracción VII) y 123 (fracción XII apartado B) de la Constitución. A partir de ésta, el artículo 20 introdujo los sistemas acusatorio y oral, los cuales se rigen por los aspectos de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El sistema acusatorio, en comparación con el sistema inquisitivo escrito, pretende disminuir la corrupción durante los procesos penales, y estimula la eficacia de la investigación, del juicio y de la sentencia, pero esas son metas aún no alcanzadas en su totalidad.
El 10 de diciembre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley Orgánica para la nueva Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se transformará en un “órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral”. La FGR estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.
En el Senado de la República se preveía que este jueves se aprobaría la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto la cual suprime el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, en que se habrá se convertir la dependencia encabezada por Raúl Cervantes. Sin embargo, no fue incluido este asunto en la agenda, no hay dictamen y las comisiones no se han reunido por lo cual seguramente no se aprobará en este periodo ante la falta de acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias.
Dentro del ejercicio de los abogados litigantes, éstos señalan existen avances en razón de que se aceleró la administración de justicia; se ha impulsado la imparcialidad de las resoluciones; y se cumple el principio de publicidad, pues tanto el justiciable como la víctima son conocedores de dichas resoluciones, logrando disminuir la corrupción. Sin embargo, persisten muchos atrasos: los juicios se alargan en razón de que las víctimas no se presentan; por la mala praxis jurídica de las fiscalías dada la inexistencia de cursos de actualización hacia sus trabajadores; por no contarse con la debida infraestructura penitenciaria; y ante la falta de adecuación de las salas a las nuevas necesidades de la administración de justicia.
Mientras tanto, el multiseñalado Raúl Cervantes a quien parece le dedicaron la canción “O tu o nadie”, aparece en su calidad de procurador ante un Fiscal como Jeff Sessions. Dada la gran diferencia y sin haberse cumplido otro de los ordenamientos de EU para igualar posiciones desde las cuales siga obteniendo triunfos en todos los órdenes, ¿en verdad acordaron? ¿Siguen siendo las autoridades mexicanas las sujetas a recibir y cumplir órdenes? Todo señala, ni entre ellos se manejan con respeto.
CRECIÓ PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Por todo lo anterior, no sorprenden los resultados del sondeo del Inegi en la materia: a marzo de este año, se encontró que 72.9 por ciento de la población de 18 años y más que vive en 52 ciudades en México, consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual se aproxima al resultado de diciembre de 2016, cuando alcanzó 74.1 por ciento. Sin embargo, es estadísticamente superior al nivel obtenido en marzo de 2016, cuando esta percepción fue de 69.9 por ciento. Además, el 36.8 por ciento de la población de 18 años y más residente en las ciudades donde se levantó la encuesta consideró que en los próximo 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, esto representa un aumento de 2.2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2016. Y el 33.8 por ciento consideró la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo cual representa un aumento del indicador de 0.5 puntos porcentuales respecto a marzo de 2016.
Las ciudades más inseguras de México son Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, en donde se llevan a cabo disputados comicios en los cuales impera la guerra sucia contra la candidata puntera, Delfina Gómez, de Morena; Villahermosa, Tabasco; Chilpancingo, Guerrero; la zona norte de la Ciudad de México, colindante con el Edomex; Fresnillo, Zacatecas, y Coatzacoalcos, en Veracruz, entidad donde se llevan a cabo comicios municipales, caracterizados también por la propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador, puntero en la intención del voto para los comicios presidenciales del 2018. Las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron: Puerto Vallarta, Mérida, Durango, Saltillo, Piedras Negras y Aguascalientes.
El 80.2 por ciento de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.4 en el transporte público, 66 en el banco y 65.1 por ciento en las calles que habitualmente usa. La proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fueron: consumo de alcohol en las calles (64.7 por ciento), robos o asaltos (63%), vandalismo (51.9%), venta o consumo de drogas (40%), bandas violentas o pandillerismo (34%) y disparos frecuentes con armas (32.5%).
CUMPLEAÑOS SIN FESTEJO
En algún momento se tomó la decisión de marcar una fecha, un día en el cual pudiera celebrarse el cumpleaños del centro turístico de mayor impacto a nivel nacional persiguiendo el objetivo de convertirlo en punto de referencia para el extranjero, para el disfrute de periodos vacacionales en los cuales sol, arena, mar, conformaran los mejores referentes. Se fijó el 20 de abril y, justo ese día, el cielo lloró. Las actividades programadas tuvieron que suspenderse, como suspendida se encuentra la óptima y exitosa existencia del orgullosamente llamado en el pasado: Polo de Desarrollo Turístico.
En charla con algunos de sus fundadores fue lanzada la gran interrogante, una pregunta más de las muchas que a diario y sobre casi todos los temas nos hacemos los mexicanos: ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tenemos quienes estuvimos en estas tierras desde los inicios, viendo nacer esta Ciudad, contribuyendo a su construcción, fabricando el rostro presente que muestra graves violaciones a las protecciones ambientales; en donde está ausente la seguridad; se perdieron los empleos bien remunerados; dejaron de contar los empleados del sector con la entrega de propinas con las cuales tenían acceso a mejores niveles de vida? ¿Hemos dimensionado el daño causado por no luchar, por dejar hacer y dejar pasar, por permitir inclusive el robo de calles, las afectaciones causadas por modificar las densidades, por aceptar mandatos de autoridades cuyas claras finalidades fueron y son las de enriquecerse?
Porque si bien existe un cúmulo de decisiones, acciones e inclusive pertenencias sobre las cuales se acumula la percepción de ilícitos, de comisión de delitos, de afectaciones al patrimonio municipal y estatal, realizadas desde las cúpulas del poder municipal, estatal, contando ambas con el respaldo, con la complicidad de los otros dos poderes, del Legislativo y el Judicial, no puede dejar de observarse la apatía ciudadana y puede reclamarse a quienes tuvieron la oportunidad de hacer girar las decisiones hacia esferas cuyo destino fuera verdaderamente de sano desarrollo y beneficios a las mayorías de cada sector, se entregaran, se hundieran en un productivo silencio.
Son, dicen, 47 años. Hay quienes consideran se nace en el papel, cuando surgen los proyectos. Otros al instalarse las primeras piedras. Algunos más se inclinan por las fechas oficiales en las cuales se instalan autoridades. Sea la que sea que se festejara ayer, existieron más motivos para reflexionar que para festejar y, en el panorama actual, no es para menos. De ahí deban surgir voces, letras, con las cuales se impida una rapiña mayor a la ya registrada. Se detengan acciones en las cuales seguirá alterándose flora y fauna natural. Sean impedidas las decisiones en las cuales se rematan las tierras, se entregan patrimonios de los cuales los ciudadanos carecen, incluso, del total conocimiento de ubicaciones y superficies.
Si a estas alturas se permanece inmóvil, observando solamente los negocios del alcalde en turno, de Remberto Estrada, ubicados inclusive en las instalaciones de Tránsito en donde venden lentes y clausura fiscalización las oficinas en donde, de acuerdo a los reglamentos, debe realizarse el examen correspondiente, ya podemos imaginar el futuro cercano. Si a estas alturas estamos dispuestos a darle mordidas al de tránsito ante la amenaza de ser sancionados dizque por exceso de velocidad; si damos por buenas las finanzas estatales que dejan sin medicamentos a los hospitales, sin agua a las escuelas, sin apoyos a los campesinos, sin recursos a las universidades públicas, seguirán las dantescas imágenes apareciendo en las primeras planas, iniciando los informativos de radio y televisión ante la multiplicación de una pobreza convertida en delincuencia.
Así que, el futuro está en nuestras manos y voces.
DE LOS PASILLOS
Directa y a la cabeza se lanzó la expresión: “nunca más una escuela de aprendices, eso es importante, si se llega al gobierno es para poder hacer funcional el gobierno y no para llegar a aprender”. Manlio Fabio Beltrones supo le vendría el saco a Luis Videgaray quien, al tener en sus manos el rumbo de las extradiciones, al haber entregado a El Chapo, al considerar es el único con conexión directa con el mandamás estadounidense, sigue en un lugar de privilegio para alcanzar la candidatura presidencial… Toda una cátedra de conocimiento político dio el sonorense durante el foro Gobierno de Coalición organizado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en él no dudó en hablar de como conseguir la legitimidad en el gobierno: ejerciéndolo; igual mencionó la necesidad de hacer cambios en el gabinete y dejar atrás las cuotas, inclusive las de los cuates; sobre la segunda vuelta, simplemente la descalificó porque es el mismo problema con distinta ruta… Al ex de muchas funciones tanto de gobierno como de partido, no parece debe dársele por muerto en ningún momento…
El primer debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, entre los siete candidatos por la gubernatura, fue dominado por la corrupción en torno a los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, quienes han gobernador desde 2007 y según cinco de los aspirantes: Guillermo Anaya del PAN y otros tres partidos; Armando Guadiana de Morena; José Ángel Pérez Hernández del PT; y los independientes Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero, permitieron la entrada del crimen organizado a la entidad; desviaron 500 millones de pesos a empresas fantasma; desfalcaron el sistema de pensiones de los maestros y quebraron el servicio médico. Sólo Miguel Ángel Riquelme del PRI, y Mary Thelma Guajardo del PRD, no profundizaron en los malos manejos y manipulaciones de los Moreira.
Precisamente, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, urgió a los gobiernos de los estados a poner el sistema penitenciario en el centro de sus agendas y atenderlo como se merece y requiere. “No podemos esperar a tener fugas, riñas, motines, desbordamientos delincuenciales en los penales para atender este tema que es central”, indicó durante la Regional Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 2017… Desde esa conferencia se impulsa una reforma legislativa para que los delitos cometidos con arma de fuego, así como la portación de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, ameriten prisión preventiva oficiosa, anunció el comisionado Sales Heredia ante jefes de policía de todo el país… Si nos atenemos a la forma de expresión de Paquita la del Barrio , el “me estás oyendo inútil” está directamente aplicado al inútil Poder Judicial –primero al de Quintana Roo- a sus representantes y aplicado de la mejor manera a la figura de Fidel Villanueva Rivero.
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