Javier Peñalosa Castro
A unas cuantas semanas de los comicios en los que se elegirán gobernadores en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, es evidente el desplome en la credibilidad del INE, una de las instituciones que llegó a tener mayor credibilidad entre la ciudadanía debido a que, si bien siempre debió lidiar con las cuotas partidistas, éstas eran menos evidentes, y al menos se dejaba espacio para una cuota de ciudadanos más o menos independientes, respetables y respetados por su trayectoria académica, periodística o civil.
Tras la salida de José Woldenberg, que se encargó de edificar esta institución, lograr el equilibrio hacia el interior de la institución ha sido cada vez más complicado, tanto por la creciente injerencia de los partidos como por el gigantismo que provocó la asunción de las funciones que implica la organización de comicios locales que, por lógica, debería corresponder a autoridades electorales de las entidades federativas y aun de los municipios, y no concentrarse, como se hizo, en un enorme y paquidérmico organismo de cuya solidez, aparentemente, sólo queda el reconocimiento generalizado a la credencial para votar con fotografía, que es el único documento de identificación oficial de aceptación universal en el País. Si uno no carga con su IFE, es hombre (o mujer) al agua, por más que se identifique con licencia de manejo, pasaporte o cédula profesional.
Más allá de eso, el INE es conocido por el reparto de subsidios (o prerrogativas, que es el eufemismo en boga) a los partidos políticos, y por la aplicación esporádica y nada ejemplar de multas a quienes violentan la legislación electoral, y que a menudo terminan condonándose o eliminándose sin mayor problema.
Frescos están aún en la memoria los casos de los monederos de Soriana y las tarjetas de debido de Monex que se repartieron a diestra y siniestra en 2012, que la institución ofreció investigar y que finalmente terminaron en nada.
Aunque en las tres entidades que elegirán gobernador se anticipan reclamaciones y controversias, el caso más complejo es, aun antes de que los ciudadanos acudan a las urnas, el del Estado de México, donde los candidatos de los tres partidos más fuertes (PRI, Morena y PAN) se acusan mutuamente de estar incurriendo en irregularidades.
En contra del PRI se ha señalado el reparto indiscriminado de bienes y canonjías por parte del propio partido o a través de miembros de los gobiernos Federal y del Estado de México. De hecho, cualquiera que haya estado pendiente de los medios de comunicación se habrá dado cuenta de la presencia permanente de los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Sedatu, Sedesol y hasta de Hacienda para hacer promesas, entregar apoyos y otorgar dádivas que fueron desde las despensas hasta televisores de pantalla plana, so pretexto de la digitalización de la TV en nuestro país. Por su parte, miembros de la familia de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, han sido implicados en supuestas actividades fraudulentas, en tanto que no se deja de hablar de los cientos de millones de pesos otorgados por el Gobierno Federal a su asociación civil Podemos, por cuyo manejo discrecional ha recibido diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
A su vez, priistas y panistas se han cansado de lanzar acusaciones contra la candidata de Morena, Delfina Gómez, a quien se ha sancionado por hacerse acompañar por Andrés Manuel López Obrador.
Todos estos señalamientos no son más que una muestra de lo que se avecina. Habrá de multiplicarse el reparto de dádivas por parte del candidato del PRI y quienes lo apoyan desde el Gobierno Federal. Habrá que esperar qu recrudecimiento de la Guerra Sucia en contra de Delfina, tal como debe establecerlo el manual de campaña de los candidatos del PAN y Josefina Vázquez Mota seguirá capoteando las acusaciones de fraude y otros señalamientos y Morena hará lo que esté en sus manos para defenderse y para responder a sus rivales.
Situaciones complejas habrán de vivirse también en Coahuila, donde el exgobernador Humberto Moreira busca el cobijo del fuero a como dé lugar, y Nayarit, cuyo fiscal estatal fue aprehendido por narcotráfico. Es de preverse que el INE tendrá que intervenir, en mayor o menor medida en los tres procesos, y que su actuación, lejos de restituirle parte del prestigio perdido, habrá de minar aún más la credibilidad en el árbitro electoral.
Meses después de que se desahoguen los recursos de inconformidad que seguramente dejarán como secuela las próximas elecciones, el INE tendrá que replantearse muchos aspectos esenciales de su actuación e instrumentar cambios radicales en la manera de hacer las cosas y de que su intervención en este tipo de procesos deje de ser una etapa más dentro de un proceso democrático. Sólo así podrá recuperar paulatinamente el prestigio perdido. De lo contrario, el esfuerzo de sus fundadores habrá sido echado por la borda y el saldo (en cuanto a credibilidad y avance democrático) será catastrófico.
