Ramsés Ancira
La connivencia entre un sector del PRI y el crimen organizado no es un asunto de apreciación, es un hecho demostrado en el asesinato de Miroslava Brecht en Chihuahua y en el incendio y la colocación de amenazas en Acolman, previo a un mitin de Andrés Manuel López Obrador; pero también en el asesinato de microbuseros en Ecatepec por no pagar cuotas.
En París, el asesinato de un policía se convirtió en un asunto de interés mundial y de condena al terrorismo. En México, el asesinato de un trabajador del volante si bien alcanza la primera plana de los tabloides sensacionalistas no hace que muevan un dedo ni el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila, pese a los antecedentes en su biografía que lo ligan al autotransporte de pasajeros, ni el presidente Peña Nieto, a pesar de que tiene en Ecatepec, en particular y en el Estado de México en general, uno de sus mejores mercados electorales.
En el Estado de México el derecho al trabajo independiente y a la libre empresa, que se conmemora este 1 de mayo, está sujeto a las cuotas de protección que cobra el crimen organizado, pero el Estado ni siquiera ha convocado a una reunión extraordinaria del gabinete de seguridad para intentar al menos resolverlo.
Incluso el muy denostado Felipe Calderón logró en Ciudad Juárez, apoyado por el Ejército Mexicano y su gabinete de seguridad, una drástica reducción del crimen organizado, que Peña Nieto no consiguió, ni en Teloloapan, donde Los Tequileros han rebasado el poder de la propia zona militar, ni en Ciudad Netzahualcóyotl donde está estadísticamente demostrado, el cobro del derecho de piso se institucionalizó apenas el PRI ganó las elecciones, y se abatió cuando el PRD logró recuperar el poder en el Municipio.
El crimen organizado existe en todo el mundo. Recientemente una película de Bulgaria, La Lección nos mostraba como la mafia obligaba a prostituirse a una mujer si no le pagaba el dinero que les pidió prestado para pagar una hipoteca bancaria. Pero en el Estado de México es mucho peor, todos los días vemos asesinatos sangrientos y nos conformamos con pensar que se trata de ajustes de cuentas entre criminales; sin embargo ahora el asesinato de un hombre al volante de su microbús, por el único crimen de no compartir el fruto de su trabajo con la mafia que el Estado es incapaz de combatir, debería obligar a frenar esa inercia delictiva.
Carlos Marx dice que la acumulación original del capital es producto de la violencia que se ejerció contra los hombres al despojarlos de sus medios de producción, originalmente la tierra, pero en este caso aplica muy bien a los trabajadores del volante.
Ese capital económico sirve para comprar capital político, que luego servirá para comprar regidurías, presidencias municipales y tal vez gubernaturas y hasta la presidencia de las repúblicas, además de jueces en el poder judicial, que en el caso de México es el más antidemocrático de los poderes, pues no es mediante exámenes de oposición, sino con recomendaciones como muchos llegan a sus puestos.
Dice el nada recomendable Donald Trump, algo en lo que sin embargo tiene razón, en México hay muchos “bad hombres”, pero no solo son los que están en el crimen organizado, sino en puestos públicos donde su ineficiencia permite el genocidio social. Si nos ponemos a hacer cuentas no sería difícil encontrarnos con que en el Estado de México y Guerrero hay más ejecuciones sumadas que las que se auto adjudica el Estado Islámico en Siria e Iraq.
Por eso, aún más importante que defender el Tratado de Libre Comercio, que al final solo beneficia a un grupo de empresarios exportadores, el presidente Enrique Peña Nieto debería preocuparse por dar prioridad al combate al crimen organizado que pone en riesgo la vida y patrimonio de 120 millones de mexicanos.
Y podría empezar en Ecatepec. Acabar con los asesinos de personas que acumulan capital con el crimen de trabajadores, para luego comprar el poder político y hacer el círculo vicioso de partidos-crimen organizado-partidos-crimen organizado.
Y luego podría seguir en Acapulco y después en todo Guerrero. Enrique Peña Nieto aún tiene un poco de tiempo de pasar a la historia no cómo el último presidente emanado del PRI, sino como el que logró la reforma estructural que rompió la superestructura que comparten los “bad” hombres en la política y el crimen organizado.
Miserables maestrías
En “La Tremenda Corte” un programa clásico de la radio cubana que luego tuvo una versión en video en Televisión Independiente de México, aprendimos que cuando el señor juez daba su veredicto en un simpático verso, tomaba en cuenta los argumentos en pro y en contra del acusado, que en algunas ocasiones resultaba incluso exonerado ante la maledicencia de Rudecindo y Nananina.
Pero ese principio jurídico de escuchar premisas a favor y en contra para sacar una conclusión es lo de menos en los juicios en México, donde las sentencias generalmente solo certifican lo que desde el principio estaba errado, como es el caso de la condena a los supuestos multihomicidas de Narvarte, sin que se haya probado su ejecución del crimen.
Cuando en un caso que me compete supe del grado de maestría del Juez Primero Penal para Delitos no Graves, Joel Blanno Castro, creí que la justicia había llegado.
Pero resultó que con todas las evidencias y declaraciones en el sentido de que una acusadora había montado el delito de fraude procesal para realizar un despojo, un año de proceso terminó en una sentencia en que fueron desestimadas todas las pruebas y se sentenció en base a un prejuicio jurídicamente infundado, a una prueba falsa y desestimada incluso por perito de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Blanno Castro estudió en la Universidad del Valle de México, es lógico que quiera recuperar el costo de las colegiaturas manteniéndose al menos en su puesto, pero ¿por qué el poder judicial ya no se nutre primordialmente con abogados formados con los valores de las universidades públicas? La compra de las instituciones, de la que no está exento el Poder Judicial, el más antidemocrático de los poderes en México, puede ser una respuesta.
