Ramsés Ancira
“En caso de duda debe absolverse. No podrá condenarse a un acusado, sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa”. Artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales
Entre 100 y 250 mil pesos estimo en la Ciudad de México, el costo de imputar el delito a una persona con el objetivo de despojarlo de algún bien. Lo primero es conseguir algún ministerio público que fortalezca una investigación a modo, este quizá le dé un porcentaje al juez y, luego, hay “policías de investigación” que han sobrevivido varias administraciones en la Procuraduría, desde que eran policías judiciales, su tarifa es de unos 20 mil pesos por aprehensión.
Tengo la hipótesis, que no sería difícil de probar, aunque este no es el espacio ni el momento para ello, que cada vez más jóvenes que estudian derecho en universidades privadas, lo hacen con la intención de convertirse en jueces. Esto les garantiza excelentes salarios de por vida, que los harán recuperar con creces la inversión.
Una de las mejores investigaciones documentales sobre la corrupción judicial en México, Presunto Culpable fue apoyada por instituciones educativas privadas, pero no debe dejarse de lado el hecho de que Rafael Heredia Rubio, el abogado que logró la liberación del joven José Antonio Zúñiga, falso inculpado de un crimen que no cometió, es orgullosamente un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El escándalo fue tal que, según consta en Wikipedia: El 2 de marzo de 2011, dos semanas después del estreno de la película, la juez decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ordenó la suspensión provisional de su exhibición, distribución y promoción.
Muy pocas cosas cambiaron a raíz de este caso. En el Reclusorio Oriente, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera, las condiciones de hacinamiento, sobre precios en productos básicos como el agua potable, pago por el derecho de recibir el “rancho” de las 7 de la noche, o en caso contrario recibir un golpe con la mejilla inflada, para que no quede cicatriz reportable a derechos humanos, siguieron siendo una rutina diaria.
De esto he tratado en el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes Carlos Montemayor de literatura testimonial. Pero ahora, como reportero al descubierto, quisiera contribuir a combatir la corrupción del poder judicial.
Multas por 12 mil pesos que se pueden cubrir con 5 mil pesos de fianza, resultan baratas para salir de un problema que se creó acaso con un pago de 100 mil por parte de la acusadora, 100 mil que ella habría recuperado fácilmente, a cambio de quitarme cámaras de video con ese valor que empleaba en mi trabajo.
Pero resulta que aun con la desaparición del contrato de los archivos oficiales; de que la acusadora no cuestionó ese contrato cuando perdió en el juzgado 84 de lo civil; que reconoció de hecho dicho contrato al expedir recibos de renta durante dos años; que un perito de la Procuraduría aseguró que no se me podía atribuir la sobreimposición de esa firma; y que por el contrario otro perito encontró que la falsificación correspondía a los rasgos de la firma de la acusadora y no del acusado, un juez dio sentencia de culpabilidad, la más leve, pero aun acusatoria.
Y si esto le sucede a una persona que tiene acceso a los medios, a la denuncia pública y publicada ¿Cuántas sentencias se producirán sin apego a derecho que pasan desapercibidas? ¿Cuánto dinero está produciendo la acelerada tendencia a la privatización de la justicia y del poder judicial?
Por ahora el caso está a revisión en el Tribunal Superior de Justicia, y las pruebas de que se trató de una sentencia violatoria del derecho son tantas que es de esperar que los magistrados la revoquen. Pero si no es así habrá que acudir al amparo o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de que estas cosas no ocurran más, de que el dinero no tuerza la ley y si es posible se cree jurisprudencia, pues todavía hay miles de casos que no están sujetos a los esperanzadores procesos de juicios orales; y aún está en proceso la sustitución de firmas electrónicas en contratos de arrendamiento
Y mientras un negocio así prospera, el del falso fraude procesal en beneficio de los latifundistas urbanos, en la autopista de México a Puebla, una familia es asaltada después de pagar la cuota de la caseta, la madre es violada, su hijo de dos años es asesinado a quemarropa, y la hermana, menor de edad, también es ultrajada ante la impotencia del padre herido.
No puede ser sólo el valor de la camioneta la causa de tanta saña y crueldad, aun cuando los criminales hayan estado drogados. Se trata de una advertencia en un país que está a punto de un proceso electoral.
De una manera o de otra esta acción en la carretera de Puebla es un montaje, además de un asalto y un asesinato. ¿Qué efecto se quiere lograr?
El que fuera, sino se toman medidas urgentes para evitar la mercantilización del poder judicial esto va a seguir ocurriendo. La acumulación original de la riqueza generalmente es producto de la violencia. El contrato social debe ser garantizado por el poder judicial, pero si este sigue su tendencia privatizadora las oportunidades decrecen.
Hoy nuestro presidente y procurador general, son egresados de la Universidad Panamericana, una institución cuyo objetivo principal es el lucro. Esta no es la filosofía que puede estar detrás del gobierno de una nación, de ninguna nación, pero menos de la mexicana que de ninguna otra.
